Conozca el informe de memoria histórica sobre el bloque paramilitar Calima

Domingo, 02 Septiembre 2018 20:59

Un recuento del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que busca establecer la verdad sobre esta estructura que delinquió en el suroccidentre del país entre 1999 y 2004.

Archivo Plaza Capital||| Archivo Plaza Capital||| |||
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El pasado 27 de julio, en Popayán, capital del departamento del Cauca, se presentó un informe dedicado al estudio de las acciones realizadas por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En él se encuentran los relatos de exparamilitares desmovilizados, víctimas afrodescendientes, indígenas, campesinos y demás civiles, quienes protagonizaron la violencia que tuvo lugar en parte de Antioquia, Valle y Cauca.

El evento inició con un documental realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Después tuvo lugar una charla entre Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Dirección de los Acuerdos de la Verdad (DAV), entidad encargada de recibir, clasificar, sistematizar, analizar y preservar los testimonios de aproximadamente 15 mil desmovilizados de las AUC que firmaron los acuerdos de la Verdad con el Gobierno nacional; Luisa Hernández, relatora principal del informe; Felipe Vernaza Pinzón, defensor del pueblo de la regional Cauca, y el académico Guido Barona Becerra, historiador y docente de la Universidad del Cauca. Además, estuvieron presentes los líderes sociales Lisinia Collazos, representante indígena del resguardo Kitek Kiwe, y Miguel Fernández, representante campesino y parte de la Mesa de Garantías del Cauca.

Sobre los antecedentes

Después de la firma de los Acuerdos de la Verdad, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), creada por la Ley 1424 de 2010, empezó a redactar diferentes informes sobre el origen de los bloques paramilitares en el país. La idea era crear un procedimiento no judicial para la búsqueda de aportes a la verdad. El primer informe se publicó en noviembre del 2017, el cual retrató las acciones del Bloque Tolima de las AUC, entre los años 1998 y 2005.

Según Álvaro Villarraga, director del DAV, se tomaron en cuenta “las voces victimarias, la toma de 'Contribuciones Voluntarias' de las víctimas (un mecanismo por el cual se recolecta información de los sobrevivientes), y otras voces, tales como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron las situaciones y los hechos tratados”. Además, dijo que el proceso cualitativo de recolección de la información fue complejo, en el sentido en quea veces se debía negociar con los grupos criminales para que no asesinaran a los líderes sociales con quienes trabajábamos para reconstruir el informe”, afirmó Villarriaga, quien no dio más detalles sobre cómo se dieron esas "negociaciones".

Algunos datos recalcados

Luisa Hernández, relatora principal del informe, afirmó que un 49,5% del contenido se edificó a partir de las voces de los desmovilizados y, el porcentaje restante, a partir de fuentes primarias del sistema de Contribuciones Voluntarias. “Un aproximado del 48% de los paramilitares eran militantes por temas económicos, un 24% por motivos del conflicto, un 14% por vinculación forzada y un 3% por engaños”, aseguró. Hernández y su equipo también concluyeron que un 66% de la milicia no necesitó entrenamiento militar, “debido a que algunos ya habían trabajado en la fuerza pública como soldados o prestantes del servicio militar".

Según la exposición de la funcionaria, el Bloque Calima estuvo conformado y planeado desde 1998 por la llamada Casa Castaño, por narcotraficantes, empresarios y por miembros de la fuerza pública. La colaboración de este último actor se basó en apoyo logístico, información, complicidad, permisividad en el territorio, operaciones militares conjuntas y liberación de la justicia de diferentes jefes paramilitares, según reza el informe. Se concluyó además, que el Bloque Calima no tenía un proyecto político, sino mercenario. El fin de estos grupos era dificultar las finanzas y misiones de la guerrilla, y la apropiación de recursos a favor de otros grupos. Lo anterior, a partir del control territorial que lograban ejercer tras la violación sistemática de los Derechos Humanos de la población civil.

Se registraron entonces 119 masacres desde 1999 hasta el 2004. Entre ellas, las de El Naya, Alaska y Barragán. Algunas de ellas eran estratégicas, con el fin de desviar la atención sobre otros accionares, como la masacre de El Firme. La estrategia “eran ideas aportadas desde la fuerza pública” afirmó Hernández. La masacre se entiende como el asesinato de tres personas o más en estado de indefensión, en el mismo tiempo y circunstancias. Muchas veces, estos crímenes traían consigo desplazamientos y desapariciones forzados, violencia sexual y apropiación indebida de bienes.

En consecuencia, algunas de las formas de resistencia de la población han sido el desplazamiento, la lucha frontal y la ocultación de sus bienes, tales como alimentos y herramientas.

La violencia hoy

Por su parte, Felipe Vernaza Pinzón, defensor del pueblo de la regional del Cauca, afirmó que “es importante conocer la verdad, no olvidarla y recordarla siempre, sobre todo al saber que entre los años 2000 y 2003 fueron desplazadas, por lo menos, 56 mil personas y, por lo menos, otras mil asesinadas”.

Por otro lado, Vernaza dijo que están mejorando el Sistema de Alertas Tempranas. “Vengo a marcar este dato: desde el 1 de enero del 2016 hasta el 26 de julio del 2018, han asesinado a 330 líderes sociales. Una cifra alarmante, en lo cual se debe seguir trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior”, recalcó. De la anterior cifra, según el defensor, se entiende que 83 han sido asesinados en el departamento del Cauca, que cuenta con aproximadamente un millón y medio de habitantes. Por otro lado, en Antioquia han sido asesinados 48 líderes, pero su población es de aproximadamente 8 millones de personas. El balance es sumamente desfavorable en el departamento del Cauca, por lo cual, Vernaza sentenció: “Tenemos un compromiso con los colombianos, seguiremos trabajando, todo mientras se recalque y valore la verdad”.

Sobre la banalización del mal

El factor académico también estuvo presente. Guido Barona, docente, historiador y filósofo, dijo que “Colombia ha sufrido un ejercicio sistemático de prácticas de violencia y que por ello es necesario valorar y entender la verdad”. En este sentido, es relevante el informe sobre el Bloque Calima, debido a que “el texto no contiene la voz del antropólogo o historiador, sino el de las mismas víctimas y victimarios, las cuales guían a entender la verdad”. El académico espera que el informe publicado por el CNMH sea leído conjuntamente y no solo de manera individual, pues “de esta forma se permite también la colectivización de la memoria”.

Barona también afirmó que no solo hace falta valorar y leer la verdad al conocerla grupalmente, sino también alejar la banalización del mal en los medios de comunicación. “No es bueno que el informe de un acto violento lo dé una súper modelo en 30 segundos y que, después, se sigan llevando a la pantalla shows sobre el narcotráfico y la guerra. Estamos desprestigiando la memoria, a las víctimas. Dejemos de banalizar y trivializar el mal”, aseveró.

Finalizó su discurso apuntando que “se debe seguir luchado por la paz, y para ello, hay que restaurar los niveles de solidaridad en la sociedad. No puede ser que a nadie le importe que una mujer sea violada por todo un frente paramilitar, o que a otra le corten las manos solo por el hecho de no poderle quitar las esposas”, concluyó.

La memoria y la resistencia 

Al finalizar, se oyeron las voces de Lisinia Collazos y de Miguel Fernández, representantes indígena y campesino respectivamente. La mujer afirmó que, por su parte, seguirán resistiendo mientras recuperan la memoria y la dignidad de su pueblo, de sus tierras y de sus compañeros muertos por la violencia (Vea aquí el especial periodístico “La vida después de El Naya”, de Rutas del Conflicto). Fernández agradeció la publicación del texto diciendo que es valiosa “la recuperación de la memoria histórica”.

Finalmente, el funcionario del CNMH Jonathan Stucky confirmó que el tercer informe de las AUC saldrá en septiembre y tratará sobre los grupos armados en el Meta y Vichada. Se espera, además, que para diciembre se publique la cuarta entrega sobre las milicias de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, una historia que tiene que ver con la génesis del paramilitarismo en Colombia.

Si desea conseguir los textos, podrá hacerlo en PDF en la página web del CNMH. Si lo prefiere en físico, habrá que requerirlo en el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la página web.