El 22 de abril del 2010 la población de Caño Veinte y Guadualito, veredas del municipio de Vistahermosa, Meta, estaba a la expectativa. Las organizaciones del Gobierno Colombia Responde y Consolidación Territorial iban a llevar mercados y abonos para realizar proyectos agrícolas en el territorio. Era algo novedoso en la comunidad. El punto de encuentro era en Caño Blanco, en donde se debían recoger los insumos y en donde, sin saberlo había minas antipersonales plantadas. A las diez de la mañana un menor de edad activó una mina y quince minutos más tarde, el Ejército llegó. Uno de los perros antiexplosivos activó la segunda. De las dos explosiones 79 personas fueron afectadas, entre ellas, 12 niños y ocho mayores de edad.
Luz Dary Pineda fue una de las personas afectadas por el atentado. Tuvo secuelas internas debido a las esquirlas de la explosión. La atendieron en el Hospital Departamental de Villavicencio en donde, además, fue apoyada médicamente por la ONU. Desde el 2011, Luz Dary se capacitó con la ayuda de la ONU para ser voluntaria en la educación del riesgo de minas y artefactos explosivos. El hecho sucedido en Vistahermosa es uno de los accidentes que ocurrieron en este municipio y que lo han dejado como el más afectado del país, por tener en total 368 víctimas a agosto del 2019.
Colombia es el país con más altos índices de víctimas minas antipersonal y artefactos sin explotar en América Latina. Y en relación al resto del mundo, es el segundo después de Afganistán. Según la organización Descontamina Colombia, más de la mitad de las víctimas han sido personal de la fuerza pública y aproximadamente 4530 han sido civiles, este número corresponde al 39% del total de los afectados. Según el último reporte del 31 de julio del 2019 se han presentado 11.769 víctimas. A agosto del 2019, en el año han sido víctimas 72 personas y, en comparación con otros años, han sido menos afectados. Las zonas más golpeadas históricamente han sido los departamentos de Antioquia y Meta. El primero con 2561 casos y el segundo, con 1138.
Específicamente, en el departamento del Meta, 420 casos han sido víctimas civiles y 718 víctimas pertenecientes a la fuerza pública. 1089 han sido hombres, siendo más del 90%, y un total de 49 víctimas mujeres. De estos 1138 casos 198 han finalizado en muerte. 86 menores de edad han resultado afectados en caminatas a sus colegios y en juegos en zonas de identificación de explosivos.
Así va el desminado, la educación y la asistencia humanitaria en Vistahermosa
Según el Artículo 6 del Decreto 3750 de 2011, y el Artículo 4 del Decreto 007 de 2014 el Gobierno ha asignado las tareas para el desminado humanitario en el país. Lo anterior, se ha adoptado mediante el Acto Administrativo del 02 de marzo de 2016 por la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal.
En el Meta, en Vistahermosa, el desminado ha estado encabezado por patrullas militares que han abarcado cerca del 65% del territorio de este municipio en el cual, hasta la fecha, hay seis zonas de “sospecha por campo minado” y cuatro zonas de disidencias de las Farc en los sectores de La Macarena, el sector del Triunfo y en el sector de EL Dorado.
Además, se ha acordado que para el municipio de Vistahermosa, cinco operadores trabajen para el desminado, la educación y la asistencia humanitaria. Estos son la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario (BRDEH), The Halo Trust, Ayuda Popular Noruega (ANP), Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) y Handicap Humanity & Inclusion (http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/PublishingImages/Mpio_Vistahermosa_Met_total.jpg). Luz Dary Pineda trabaja con las dos últimas organizaciones. Después de capacitarse en educación y riesgo de minas con la ONU en el 2011, se ha dedicado a ser tutora y promotora psicosocial para ayudar a víctimas y discapacitados.
La Campaña Colombiana Contra Minas nació en 1999 como una iniciativa ciudadana, y desde ese año hace parte de una red global de organizaciones que intenta erradicar las minas antipersonales. Dos de los objetivos específicos que se buscan son, primero, el apoyo a los sobrevivientes, sus familias y las de aquellas víctimas mortales; buscando la superación del estatus de víctima y la recuperación del ejercicio pleno de sus derechos. Segundo, la limpieza de zonas contaminadas por armas y explosivos de guerra, en especial las de minas antipersonal, utilizando para ello los procedimientos y estándares del desminado humanitario. En el desarrollo de estas dos y otras acciones, hasta el 2015 se han invertido, según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, DACAIMA, cerca de 327,97 millones de dólares donados inicialmente por la Unión Europea y Estados Unidos.
Una de las razones por la cual es importante el desminado, es que estas operaciones ayudan a realizar procesos de no repetición y, además a la recuperación plena de los suelos donde se retribuye la tierra de manera segura. Se estima que el 45% de la tierra que ha sido desminada es productiva, lo cual contribuye al retorno de las comunidades. Como lo anunció Álvaro Jiménez Millán, director de la CCCM, “el desminado busca ser una herramienta de desarrollo e inclusión de las zonas más marginadas de nuestro país”.
También está la Ayuda Popular Noruega (APN), que es una entidad internacional que cuenta con expertos y experiencia en operaciones de desminado. Hasta finales de septiembre de 2017, la APN acreditó 130 des-minadores, 8 caninos detectores de minas y 4 máquinas barreminas ARMTRAC 20T. Así, la APN y CCCM han liderado las campañas de desminado y de enseñanza sobre temas relacionados. Además, entidades como Handicap International y la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario han hecho parte de este proceso.
Las medidas no son suficientes
Las entidades designadas por el Estado para la asistencia a las víctimas no son suficientes. Luz Dary Pineda afirma que de los 79 afectados en el atentado del 22 de abril del 2010, 25 fueron asistidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Tiempo después otros 29 recibieron ayuda y aún faltan 25 que no son amparados ni por el Gobierno, ni por los operadores contratados para la asistencia humanitaria. “No entiendo por qué nos echaron en sacos diferentes si todos fuimos víctimas del mismo suceso”, afirmó Luz Dary Pineda.
Según la ley 1448 de 2011, se consideran víctimas a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. En cuanto a víctimas por artefactos antipersonales, Descontamina Colombia se refiere a ellos como “toda aquella persona que haya sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, como consecuencia de la acción de una mina antipersona o munición sin explotar”. Por lo anterior, las personas de Caño Veinte y Guadualito no entienden por qué el Gobierno no los ha apoyado todos.
Aunque organizaciones como la CCCM y Handicap Humanity & Inclusion apoyan a las víctimas, esta no es suficiente más allá de la cobertura a estas. Sobre el tema, Luz Dary Pineda afirmó que “como representante de la CCCM ante la mesa municipal y como promotora psicosocial en Handicap, sé que aún falta más sustento por parte del Gobierno. En Vistahermosa el sistema de salud aún es insuficiente y con demoras en atención. Por otro lado, aunque una víctima ya sea asistida, sus recursos económicos no le dan para el transporte a sus citas con el ortopedista o tratamiento que esté llevando en el centro médico”.
Así, no solo hace falta el apoyo médico, sino una ayuda integral que esté asociada a la asistencia social, médica, psicológica, y económico-productiva. Otro de los afectados que pasa por la misma situación es Jhon Fredy Cárdenas, ex miembro de la fuerza pública, quien es oriundo de Santo Domingo, Meta, fue desplazado de su tierra a los 16 años de edad por la violencia. A los 18 prestó servicio militar y ante la falta de empleo, decidió convertirse en soldado profesional en el 2001. El 3 de octubre del 2006, cubriendo una brigada militar en la vereda de Santo Domingo, en el municipio de Santa Rosa, Bolívar, activó una mina antipersonal. En la intervención quirúrgica se le amputó la pierna derecha y la izquierda quedó con movilidad restringida. Fue intervenido en la clínica metropolitana de Bucaramanga y su proceso lo ha seguido en el Hospital Militar de Bogotá.
El año en que más artefactos explosivos se detonaron fue en el 2006, precisamente en el que Jhon Fredy fue afectado, además de otras 1228 víctimas. Aunque recibe un sueldo, algo mayor al salario mínimo (SMLV), dice que no le alcanza para vivir, sobre todo por los transportes de sus controles médicos en Bogotá.
“Aunque la fuerza pública me ayude con un salario, a uno no le alcanza, a uno de víctima no le dan trabajo en ningún lado. Siempre es un gasto caro ir hasta Bogotá, pedir los materiales para las prótesis, volver después de dos semanas para recibirlos y así cada vez que tenga control médico. Además, no me alcanza para andar en taxi y estar en ese Transmilenio es un martirio”.
Sin embargo, aún hay víctimas que no son apoyadas por ninguna institución pública. Villingotn Barón Sánchez es un campesino que, trabajando en los cultivos de Mecetas, Meta, fue afectado por una mina antipersonal. Desde el 2008, año en que sucedió el incidente, quedó ciego y además perdió tres dedos. Acudió a la Defensoría del Pueblo en donde esperó un proceso de 18 meses sin respuesta. Redactó un derecho de petición, luego una tutela y finalmente, una demanda que le fue atendida después de cinco años. Así, en agosto del 2013 recibió una única indemnización. “Como quedé registrado por “lesiones personales” y no como “víctima” es que ninguna organización del Estado me quiere ayudar. Tampoco esas que se ven por acá, como la de Handicap”, afirma Villington Barón.
Así, se observa que, aunque haya cobertura por parte del Estado para el desminado, la educación y la asistencia, se debe mejorar la calidad de la ayuda a quienes ya fueron afectados por las minas antipersonales. Aunque algunos tengan sustento del Gobierno, falta mejorar la calidad del Sistema de Salud en las regiones para que no se desplacen hasta Bogotá. Además, se debe mejorar la educación y la creación y mejora de proyectos económico-productivos, sean agrarios o no, en donde se incluya a la víctima discapacitada por las minas antipersonales.
