Colombia lidera, junto a Países Bajos, una discusión internacional centrada en una propuesta que busca que los países dejen la explotación de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón en un contexto en el que estos recursos son la base del sistema energético global. El "Tratado de no proliferación de combustibles fósiles" se plantea como una iniciativa que busca cambios, no solo en la economía mundial, sino en las dinámicas que han sostenido el desarrollo energético hasta ahora.
Las conversaciones sobre la medida se desarrollan en medio de una tensión entre la urgencia de reducir emisiones y la dependencia económica global de los combustibles fósiles. En este panorama, el límite de 1,5°C actúa como el umbral de seguridad científica para contener desastres climáticos irreversibles. Al estar el presupuesto de carbono casi agotado por la infraestructura fósil que ya opera hoy, el tratado surge como la vía necesaria para frenar una expansión que la física del planeta ya no puede soportar.
Según datos del Panel intergubernamental de cambio climático (IPCC) las emisiones proyectadas de la industria son aproximadamente equivalentes al presupuesto total de carbono disponible para no superar los 2°C de temperatura global desde la era preindustrial.
Lea también: Economía del reciclaje
El “punto ciego” del Acuerdo de París: atacar la oferta
El tratado de no proliferación de combustibles fósiles parte de la premisa de que el Acuerdo de París tiene un vacío porque se enfoca en la demanda, que corresponde a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero ignora la oferta, es decir, la extracción de combustibles fósiles. Alex Rafalowicz, director global de la iniciativa, explica que la medida busca llenar esta brecha inspirándose en el acuerdo nuclear de 1968 que plantea en tres pilares: no proliferación, el cierre ordenado de infraestructura existente y transición energética justa.
El punto ciego del Acuerdo de París no es únicamente conceptual, sino operativo. Al centrarse en la reducción de emisiones sin establecer límites directos a la extracción, se mantiene una brecha entre los compromisos climáticos y los planes energéticos reales.
Datos del "Informe sobre la brecha de producción muestran que los gobiernos proyectan producir en 2030 un 120 % más de combustibles fósiles de lo compatible con el límite de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. En la práctica, esto permite que continúe la aprobación de nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón mientras se mantienen metas de reducción de emisiones, generando un espacio gris en la gobernanza. Según Rafalowicz y Harjeet Singh, experto en política climática, la nueva propuesta buscaría abordar esta deficiencia directamente al intervenir la producción en su origen.
La realidad y los retos económicos de la transición
La implementación del tratado enfrenta restricciones técnicas, pero también riesgos económicos de gran escala asociados a la transformación del sistema energético global. Desde el sector eléctrico, Celsia, empresa energética que abastece energéticamente a más de 1,3 millones de personas en el Valle del Cauca y Tolima, advierte que el sistema colombiano aún depende de fuentes como el gas y el carbón para garantizar estabilidad, especialmente frente a la variabilidad climática y la intermitencia de las energías renovables. Esta dependencia limita la velocidad a la que puede darse una sustitución completa de la matriz energética.
A nivel estructural, Óscar Lamosa, geólogo experto en el sector de los hidrocarburos, señala que la transición no implica únicamente cambiar fuentes de energía, sino transformar cadenas productivas completas. La infraestructura necesaria para energías limpias, como cables, turbinas o redes, depende hoy de procesos industriales que aún utilizan combustibles fósiles, desde la extracción de minerales hasta su procesamiento.
Para cumplir con el límite de 1,5°C , una parte significativa de las reservas de petróleo, gas y carbón no podría explotarse, lo que implicaría que la infraestructura existente, como refinerías o centrales térmicas, pierdan valor antes de completar su vida útil. Invertir en nuevos proyectos bajo estas condiciones incrementa el riesgo de pérdidas a gran escala y presiona las finanzas públicas y privadas.
Al mismo tiempo, la transición exige una reasignación masiva de capital. Alcanzar escenarios de cero emisiones implica redirigir inversiones desde la extracción de combustibles fósiles hacia redes eléctricas, almacenamiento energético y eficiencia. Como advierte Llamosa, este cambio no es solo energético, sino industrial, lo que implica pasar de economías basadas en la extracción a modelos centrados en transformación, manufactura y diversificación.
Para los países productores, este proceso plantea una vulnerabilidad fiscal directa. La reducción progresiva de la actividad fósil impacta los ingresos que actualmente financian el gasto público, lo que introduce tensiones en la estabilidad económica y social. En este contexto, la transición no depende únicamente de decisiones ambientales, sino de la capacidad de reorganizar las bases económicas del Estado.
En el ámbito laboral, los datos muestran una dinámica mixta. Las energías renovables generan más empleo por unidad de inversión que la industria fósil.Sin embargo, estos trabajos no necesariamente se ubican en los mismos territorios ni requieren las mismas habilidades. Esto introduce fricciones que hacen necesario implementar mecanismos de transición para evitar el deterioro económico de regiones dependientes de la extracción.
La transformación del sistema energético también pone en riesgo el comportamiento del mercado. La anticipación de una reducción futura en la demanda de combustibles fósiles podría incentivar un aumento en la producción a corto plazo, afectando precios e inversiones y generando inestabilidad adicional en el proceso de transición.
Le podría gustar: Gurrumay, el arbusto endémico de Nemocón en vía de extinción
Una apuesta por la transición energética justa
La transición energética justa en los territorios no es un proceso uniforme, sino una reconfiguración compleja que involucra dimensiones culturales, económicas, sociales y ambientales para garantizar que los costos y beneficios del cambio se distribuyan de manera equitativa.
Según la lideresa indígena Juliana Kiyazinga, este tipo de transición no se limita a sustituir fuentes de energía, sino que implica una transformación cultural que cuestione los patrones de consumo y la relación con los recursos. Desde esta perspectiva, se propone que la energía deje de ser un negocio externo y se convierta en un bien común gestionado a través de comunidades energéticas desde las cuales los territorios produzcan, consuman y compartan su propia energía.
Datos de la Agencia Internacional de Energía revelan que una parte significativa de la expansión del acceso eléctrico hacia 2030 se dará a través de sistemas descentralizados, como miniredes y soluciones solares autónomas, principalmente en zonas rurales.
En ese panorama, la científica Paola Arias explica que existe la posibilidad de que se reproduzcan las lógicas del extractivismo fósil a través de la explotación de minerales críticos como el litio. Además, advierte que, en regiones como el llamado “triángulo del litio”, que corresponde al límite entre Argentina, Bolivia y Chile, la expansión minera está generando presiones sobre ecosistemas frágiles y comunidades indígenas para abastecer la demanda global de tecnologías limpias.
Juliana Kiyazinga describe la actividad extractivista como un “monstruo silencioso” que impacta las formas de vida locales, desplaza comunidades, afecta saberes ancestrales y agrava problemáticas sociales, como la violencia de género, en zonas de influencia de proyectos extractivos.
Según Harjeet Singh, una transición energética justa requiere mecanismos como la cancelación de deuda y la creación de fondos internacionales que permitan financiar el cambio estructural, reconociendo las responsabilidades históricas de las economías desarrolladas.
Las advertencias de la ciencia climática
Los informes del IPCC indican que la infraestructura fósil existente, y la que ya está en desarrollo, contiene suficiente carbono como para llevar el calentamiento global cerca de los 2°C, incluso sin expandir la frontera extractiva. En términos prácticos, esto significa que cada nuevo proyecto aprobado no solo suma emisiones futuras, sino que consolida un sistema que reduce el margen de maniobra de las próximas décadas.
Arias advierte que esta dinámica tiene consecuencias directas en la intensificación de fenómenos extremos. Sequías más prolongadas, lluvias más intensas y la pérdida acelerada de glaciares no aparecen como riesgos futuros, sino como efectos en curso que se agravan con cada decisión de expansión energética. “No se está comprendiendo que además de cambiar la oferta tenemos que cambiar la demanda, el cambio climático es un problema causado por una estructura que ha permitido consumos inequitativos y brechas de inequidad”.
En ese contexto, la Agencia Internacional de Energía coincide en que alcanzar la neutralidad en carbono implica no desarrollar nuevos campos de petróleo, gas o carbón, dado que la infraestructura actual ya supera los límites compatibles con 1,5°C.
A esto se suma un factor de corto plazo que condiciona el ritmo del calentamiento: el metano. Reducir las emisiones de este gas es clave para desacelerar el aumento de la temperatura en las próximas décadas, pero su vínculo directo con la producción de combustibles fósiles hace que su control dependa, en gran medida, de limitar la extracción.
La ciencia también introduce una advertencia sobre el rumbo de la transición energética. El aumento proyectado en la demanda de minerales críticos, necesarios para tecnologías limpias, plantea un nuevo frente de presión sobre ecosistemas y territorios. Para Arias, esto evidencia que el desafío no se limita a cambiar de fuente energética, sino a cuestionar un modelo que mantiene patrones de consumo y extracción sin considerar los límites ambientales.
La política colombiana frente a este tratado
Alex Rafolowicz, sostiene que la salida de la extracción de combustibles fósiles es una realidad que ocurrirá en las próximas décadas. Para el próximo gobierno, independientemente de la ideología política, el tratado interactuará como un marco de apoyo internacional que permitirá tomar decisiones sensatas para planificar esta transición sin quedar aislados económicamente.
Sin embargo, un tema crítico para el próximo mandatario serán los stranded assets, que son infraestructuras petroleras que podrían perder su valor antes de ser rentables asfixiando las economías de países con poca diversificación como Colombia. Especialistas advierten que seguir invirtiendo en nuevos contratos de hidrocarburos puede ser una apuesta riesgosa a largo plazo para la situación económica del país, ya que aumenta la posibilidad de los siguientes gobiernos de heredar grandes deudas.
Rafalowicz señala que el actual sistema internacional obliga a los países como Colombia a expandir la frontera extractiva para pagar la deuda externa. El tratado busca cerrar una brecha en la gobernanza internacional para que estos países puedan optar por una salida de los fósiles sin que esto signifique un colapso macroeconómico.
Le puede interesar: La Amazonía podría convertirse en una sabana por rápido avance de deforestación
