Guillermo, un exobrero de construcción de la tercera edad, se vio obligado a reciclar en el sur de Bogotá tras quedar inhabilitado en su oficio anterior debido a una afección severa en su riñón izquierdo. Su ingreso a la actividad ocurrió durante la pandemia, tras semanas de convalecencia y ante la ausencia de ahorros o pensiones derivadas de una vida en la informalidad.
Actualmente, trabaja con una herida abierta de diálisis, exponiéndose a infecciones por el manejo directo de desechos orgánicos y químicos. Su labor se desarrolla bajo condiciones climáticas cambiantes y riesgos biológicos constantes pues, comenta haber tenido cortes frecuentes en las manos causados por vidrios y latas presentes en las bolsas que manipula sin equipo de protección adecuado.
Esta realidad contrasta con el discurso que rodea a Bogotá, una ciudad donde cada vez se habla más de sostenibilidad, economía circular y futuro. Empero, ese modelo no podría sostenerse sin el trabajo silencioso y precarizado de recicladores como Guillermo. Sin ellos, el reciclaje no existiría, pues según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, más de 74 mil personas se dedican a oficios de reciclaje. Con su trabajo, estas personas ayudan a aprovechar 2,4 millones de toneladas de residuos sólidos cada año.
El impacto del reciclaje no se limita a lo medioambiental, sino que abarca también esferas sociales y económicas significativas. Según la UAESP, son 26.519 personas inscritas en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) en Bogotá más de 25.000 familias dependen de esta profesión para garantizar sus condiciones mínimas de subsistencia, por lo cual cada residuo bien gestionado implica un ingreso fundamental para muchos hogares.
Andrés Felipe Ortiz, coautor del libro "Reciclaje Inclusivo", advierte que aunque el modelo circular promete sostenibilidad mediante la recuperación de materiales, quienes realizan la tarea más pesada: recoger y clasificar lo que otros desechan, reciben la menor parte del pastel económico. Según Ortiz, esta disparidad obedece a lo que denomina "la trampa de la subsistencia": un círculo vicioso donde los bajos ingresos impiden cualquier posibilidad de ahorro, formalización o mejora, perpetuando generaciones enteras en la exclusión social.
En el caso de Guillermo, su logística de recolección está condicionada por su reducida capacidad física. Los martes, jueves y sábados inicia labores desde la noche anterior (7:00 pm a 10:00 pm) para asegurar recoger más material antes de que lleguen otros recicladores. Retoma la jornada a las 03:00 am, una hora antes que otros compañeros en el barrio La Laguna, compensando así su falta de velocidad.
Debido a su debilidad renal, descarta materiales de alto valor como el aluminio, ya que no posee la fuerza física para compactar las latas y optimizar el volumen de carga. Su recolección se limita a plástico PET y papel de archivo.
En términos económicos, la actividad arroja una rentabilidad marginal. Guillermo percibe entre $15.000 y $20.000 pesos por día de recolección, lo que promedia un ingreso mensual de $240.000 pesos. Este monto se complementa únicamente con el bono de auxilio para el adulto mayor que recibe del Estado, mientras que el Sisbén cubre su tratamiento médico especializado.
Aunque su núcleo familiar provee productos de la canasta básica, los ingresos de Guillermo son insuficientes para cubrir una subsistencia autónoma. Su realidad evidencia la vulnerabilidad del adulto mayor en el sistema informal, donde la vejez y la enfermedad no detienen la necesidad de trabajar entre desechos peligrosos por menos de un salario mínimo.
Uno de los puntos más debatidos es el tema de las tarifas y la remuneración por el aprovechamiento de residuos. Normas como el Decreto 596 de 2016 intentaron formalizar a los recicladores como prestadores del servicio público, permitiéndoles recibir un pago dentro de la tarifa de aseo.
Sin embargo, ese pago depende de requisitos técnicos, administrativos y contractuales que no todas las organizaciones pueden cumplir. Además, la regulación tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ha sido cuestionada porque no siempre garantiza ingresos estables ni protege frente a la caída del precio de los materiales reciclables en el mercado.
Según la ARN, el mercado de plástico recuperado anda en una montaña rusa de depreciación en este mes los precios el precio del PET ha registrado una caída significativa: a comienzos de mes se ubicaba entre 2.500 y 3.000 pesos, mientras que hoy oscila entre 1.800 y 1.900.
Aunque son ellos quienes realizan el trabajo más duro, recorrer las calles bajo el sol y la lluvia para recuperar material, las mayores rentas de la cadena se concentran en la industria y la intermediación, el cual suele derivar en un esquema de explotación estructural.
El caso de Guillermo refleja la realidad de miles de recicladores de oficio en Colombia, quienes, según el informe de la OCDE sobre desempeño ambiental (2026), aportan más del 65 % de la recuperación de plástico. Pese a su papel clave en la gestión de residuos, su labor se desarrolla en condiciones de alta precariedad, marcadas por la informalidad, la inestabilidad de los ingresos y el acceso limitado a derechos como la salud y la pensión.
Se trata de un trabajo físicamente exigente, realizado en el espacio público y sin estabilidad contractual, cuyos ingresos dependen directamente de las fluctuaciones del mercado de materiales reciclables.
Para Ortiz, dos factores agravan esta precariedad de forma estructural: la volatilidad de los precios del mercado sujeta a la demanda industrial y a importaciones de materiales vírgenes más baratos y la invisibilización social, pues mientras los ciudadanos no separen sus residuos en casa, los recicladores seguirán perdiendo tiempo, salud e ingresos clasificando entre desechos peligrosos.
Aunque el 82% está afiliado a él régimen subsidiario de salud, solo el 3% cotiza pensión y solo 1% cuenta con ARL, lo que significa que no tienen protección adecuada frente a accidentes o enfermedades derivadas de su actividad.
Además, muchos pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y presentan niveles educativos básicos, lo que limita sus oportunidades de inserción en el empleo formal. Estas condiciones reflejan que, aunque el reciclaje cumple una función ambiental fundamental para la ciudad, quienes lo ejercen continúan enfrentando importantes brechas de protección social y reconocimiento laboral.
En Colombia, la discusión sobre la precarización de los recicladores de oficio se ha centrado en la contradicción entre el reconocimiento legal de su labor y la fragilidad real de sus condiciones de vida. Aunque la Corte Constitucional de Colombia los ha declarado sujetos de especial protección y ha ordenado su inclusión en el sistema formal de aseo, en la práctica muchos continúan trabajando con ingresos inestables, sin garantías laborales plenas y expuestos a riesgos físicos y económicos.
También se ha hablado de cómo la formalización, que en teoría debía dignificar el oficio, a veces genera nuevas exclusiones. Los recicladores que no logran organizarse formalmente o cumplir con exigencias de infraestructura pueden quedar por fuera del sistema, mientras que los grandes operadores privados concentran más recursos y capacidad técnica. Esto crea una tensión constante entre inclusión social y lógica empresarial del servicio público.
Las protestas de febrero de 2026 frente al Ministerio de Vivienda no surgieron de manera aislada, sino como resultado de un malestar acumulado durante años frente a promesas de inclusión que, según los recicladores, no se han traducido en mejoras reales.
Aunque el marco jurídico colombiano los reconoce como actores fundamentales del sistema de aprovechamiento, muchos sienten que las decisiones sobre el nuevo modelo de gestión de residuos se siguen tomando sin su participación efectiva.
Uno de los reclamos centrales de los recicladores fue su inclusión amplia y democrática en la mesa nacional de diálogo sobre la reforma del sistema de aseo, pues advierten que no basta con la representación de unas pocas organizaciones.
El sector es diverso y está conformado por miles de trabajadores independientes y asociaciones pequeñas que también se verían directamente afectadas por los cambios regulatorios. Quedar por fuera de estos espacios, señalan, limita su capacidad de incidir en decisiones que comprometen sus ingresos y su permanencia en la actividad.
La urgencia se agrava con la proliferación de organizaciones de fachada que captan la tarifa de aprovechamiento y generan competencia desleal frente a asociaciones con más de 30 años de trayectoria.
Sin embargo, el punto más sensible fue el de las garantías sobre pagos justos y sostenibles. Aunque existe un componente tarifario que reconoce el aprovechamiento dentro del servicio público de aseo, en la práctica los ingresos continúan siendo inestables. Dependen tanto de la regulación administrativa como de la fluctuación del mercado de materiales reciclables.
Cuando el precio del cartón o el plástico cae, el ingreso diario disminuye drásticamente, sin que exista un mecanismo sólido de compensación. Por eso, durante las protestas insistieron en que el nuevo modelo debía establecer criterios claros, transparentes y estables de remuneración, que no los dejaran expuestos a la volatilidad del mercado ni a vacíos normativos.
Frente a este panorama, Ortiz plantea soluciones estructurales: permitir que los recicladores participen en etapas de mayor valor agregado, como la clasificación fina o el pre-lavado, para que capturen una mayor proporción de las ganancias; invertir en centros de acopio dignos con condiciones sanitarias adecuadas; establecer políticas que garanticen mercados estables y una distribución equitativa de la tarifa de aseo; y fortalecer las organizaciones de recicladores para que accedan a contratos formales y tengan capacidad real de negociación.
El experto concluye que, mientras los recicladores sigan siendo ciudadanos invisibles atrapados en la subsistencia, la economía circular seguirá apoyándose sobre un eslabón débil que compromete todo el sistema y mantiene en la pobreza a miles de familias que sostienen con sus manos el equilibrio de la gestión de residuos en el país.