Camila Botero, mujer privada de la libertad hace dos años y medio en la cárcel el Buen Pastor en Bogotá, señala que su experiencia carcelaria ha sido ‘horrible’. Camila, quien hace parte del Movimiento Nacional Carcelario, se ha encontrado con que las citas médicas que programa se demoran más de un mes y en ocasiones no ha encontrado acetaminofén en la farmacia de la cárcel ni analgésicos para aliviar dolores menstruales. A esto se le suma la falta de personal médico para atender solicitudes en el área de salud mental y condiciones alimenticias precarias. “Todo lo que puede estar mal en una cárcel, aquí lo está y con tendencia a empeorar”, afirma.

“En celdas para dos personas duermen tres, cuatro, cinco, hasta seis personas, en otros patios son celdas para tres personas y duermen hasta ocho. Entonces eso genera contagiarse las enfermedades, pero en especial genera un gran problema en la salud mental porque el hacinamiento te indica que debes vivir 24/7 con seis personas más. En un espacio de dos por dos y eso genera muchas dificultades en la convivencia por más que tú tengas paciencia, que sepas resolver conflictos, que puedas hacerlo bien (…) Es muy difícil y más en las condiciones en las que vivimos en las cárceles con el estado de cosas institucionales”, asegura Botero.

Sin embargo, la experiencia de Camila no es la única en uno de estos centros penitenciarios. De acuerdo con la Comisión de Seguimiento de la sentencia T-388 de 2013(OCSS), existen fallas en la atención de salud mental, agendamientos de citas y un deterioro en la salud de la población intramural en Bogotá. En la capital, la cifra de hacinamiento a la fecha es de 25.7 %, según estadísticas del INPEC, con una sobrepoblación de 2.672 personas. Las cárceles que presentan mayores índices de sobreocupación son la cárcel el Buen Pastor con 40 % y la cárcel La Modelo con un 37 % para el 25 de octubre, fecha en la que se consultó.

Además, la delegación para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo advierte problemas en la infraestructura, entrega de medicamentos, control de patologías y mantenimiento de los equipos médicos y odontológicos.

El informe publicado por La Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 en diciembre del año 2023, en el cual participaron entidades como el centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad: Dejusticia y el grupo de política criminal de la Universidad del Externado, señala preocupación ante los hallazgos pues se presentaron casos de “desigualdad en la atención en salud y deficiencias en la prestación de algunos servicios”.

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 Específicamente, la OCSS denuncia que al tener hacinamiento en los establecimientos pueden aumentar las probabilidades de propagación de enfermedades infecciosas como VIH, la tuberculosis y la hepatitis C. Las cuales se desarrollan a causa de espacios insalubres. 

De igual manera, el espacio reducido tendría consecuencias negativas en la salud física y mental debido a higiene y alimentación precarias, infraestructura inadecuada, estrés e incremento de la violencia dentro de las cárceles.

Salud mental en el hacinamiento

Camila Botero señala que la atención en salud mental es casi nula e incluso, haciendo uso del sistema de salud contributivo, se rindió de sacar citas porque algunas veces no la podían llevar a estas a causa de falta de personal, falta de gasolina u olvido por parte de funcionarios del INPEC.

 “Es como si no existieran las enfermedades mentales y como si no fuera muy posible que cuando uno está en prisión sufra de depresión o de ansiedad”, aclara.

Guillermo Mendoza, médico psiquiatra y director del centro Salud mental y Emocional, asegura que los espacios reducidos se caracterizan por generar situaciones de estrés y de ansiedad. Él añade que en una convivencia diaria, incluso con personas cercanas, existe la posibilidad de problemas de convivencia por causa de los mismos trastornos de ansiedad y depresión que buscan manifestarse en forma de agresividad o de reacciones hostiles.

“En las cárceles ese hacinamiento también genera esa misma sensación de ansiedad, esa sensación de pérdida de la intimidad, perdida del espacio personal y vemos que en muchas ocasiones también hay espacios que no son privados. En una sola celda puede haber cuatro o cinco personas donde la persona no tiene unos tiempos personales o íntimos que todo ser humano necesita”, explica Mendoza.

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Según la Defensoría del Pueblo, la salud es regular/buena en los ERON dado el poco personal médico que, para 21.0000 personas, es insuficiente. Las visitas de la Defensoría del pueblo demuestran que a varias personas “no se les garantiza la continuidad de los tratamientos de acuerdo a las patologías presentadas; no se garantiza la entrega de los medicamentos; no se logra adelantar las remisiones médicas de las citas programadas; la infraestructura de las áreas de sanidad es obsoleta, los equipos médicos y odontológicos carecen de mantenimiento preventivo y/o correctivo”, afirma Hugo Carvajal profesional especializado para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) respondió, en un derecho de petición para efectos de este reportaje, que cuenta con un personal de 1.319 personas a nivel nacional para la atención en salud de las personas privadas de la libertad. Entre los puestos se incluyen a auxiliares y profesionales.  

Por un lado, este personal es complementado con el servicio de prestadoras de servicios médicos: operadores en salud. Estos operadores son contratados en una invitación pública que realiza la fiduciaria encargada que también maneja el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

El servicio de los operadores según la página de la Fiduprevisora S.A, la empresa encargada este año, es el de apoyar a los servicios de salud, puntualmente en temas de baja y mediana complejidad tanto intramural como extramural, incluyendo a los menores de tres años que se encuentran dentro de los ERON.

Por otro lado, a la pregunta de si se están llevando a cabo citas de psicología y psiquiatría a los carcelarios el INPEC señaló que el encargado de estos procedimientos es la IPS Goleman, operador en salud.

“A la fecha la IPS Goleman contratada por la FIDUPREVISORA S.A, realiza atenciones en salud mental por los servicios de psiquiatría y psicología al interior de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC.”, asegura. Sin embargo, no dio detalles acerca del personal médico que opera dentro de las cárceles o del número de visitas que ha realizado la operadora.

El INPEC también asegura que el mantenimiento de los equipos recae dentro de las responsabilidades de los operadores en salud.

“El operador revisará el estado actual de inventario de equipos existente por región/ ERON de tal forma que le permita planificar los soportes y servicios requeridos de los equipos biomédicos y muebles hospitalarios en las áreas de sanidad y aislamiento existente en cada ERON; así como identificar los faltantes tanto en equipos biomédicos y muebles hospitalarios que garanticen la prestación de los servicios de salud de baja y mediana complejidad, incluyendo las especialidades”

Esto posiblemente es problemático, ya que como se mencionó anteriormente estos son tan solo un complemento de lo que le compete al INPEC, pero pareciera que los operadores pasan a tomar un rol más significativo dentro de la estructura de salud de los centros penitenciarios.

La falta de personal también limita la atención en salud mental, pues la asignación de una cita para esta especialidad se puede demorar entre uno y seis meses: “Conozco casos aquí en que una persona pide para psicología y, en primer lugar, no hay suficiente personal entonces hay un psicólogo para una cárcel de 1800 personas y a veces despiden al psicológico”, indica Botero.

Al informe de la Comisión de Seguimiento se le añade el reporte de la Contraloría, publicado en mayo de este año, el cual señala que la cárcel La Picota no tiene evidencia de las teleconsultas para atención de salud mental hacia los pacientes. Además, no cuenta con espacios indicados para hacer uso de estos servicios, pues los estarían realizando en el patio de la cárcel.

Sobre esta situación, Mendoza indica que, al no encontrar soluciones a la ansiedad, depresión u otros estados mentales, las personas privadas de libertad podrían optar por consumir sustancias psicoactivas como medio de escape. También, estos mismos estados podrían un deterioro en su salud física a causa de enfermedades cardiovasculares, infecciosas, entre otras.

Las condiciones de alimentación de la cárcel La Picota han llamado la atención dado que no son óptimas. Esta situación pone “en riesgo, a su vez, la salud de esta población al incrementar el riesgo de ocurrencia de un brote de enfermedad trasmitida por alimentos - ETA.”, asegura el informe de la Contraloría.

El diario El Espectador informó en un artículo el 31 de mayo que la cárcel el Buen Pastor realizó una huelga de hambre el 29 de mayo a causa de los reclamos de varias mujeres al recibir alimentos en descomposición. La unión de las mujeres llevó a que se formarán mesas de diálogo entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia.

Frente a la situación de la alimentación carcelaria, María Mora Bautista, abogada del Grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, señala que, aunque el INPEC tiene la obligación de proporcionarle alimentación a las personas privadas de la libertad, muchas veces los estándares de calidad de los alimentos son incumplidos de diferentes maneras en cada una de las cárceles. Por ejemplo, en la cárcel La Picota sirven el desayuno a las 12 de la tarde, mientras que en el Buen pastor se ha presentando casos de alimentos podridos o de menús repetidos.

“En muchas ocasiones la comida ha venido en mal estado, en estado de descomposición, se han intoxicado personas o salen con enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación. También lo que sucede es que cuando llega buena, llega muy poquita, en especial la proteína.”, comenta Botero

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¿Cómo las bajas condiciones de salud afectan la resocialización?

En temas de resocialización, Botero añade que el Estado está fallando en atender condiciones indispensables, como lo es la salud, para que las personas privadas de la libertad vuelvan a la reinserción en la sociedad con una visión positiva.

Según los Lineamientos de resocialización con enfoque en justicia restaurativa, publicados por el Ministerio de Justicia en 2020,  el hacinamiento impediría la cobertura de los programas dirigidos por las entidades encargadas y el cumplimiento de derechos, por lo que es necesario resolver esto en primer lugar para poder tener ‘procesos de resocialización exitosos’.

Al respecto, Mendoza agrega que la capacidad de las personas de cambiar la perspectiva de sus actos, y reemplazar su forma de actuar, es imposible de adquirir sin un espacio íntimo de reflexión y si la persona se encuentra a la defensiva a causa de problemas de convivencia.

Para Bautista, la situación abre una serie de preocupaciones frente a las deficiencias dentro del sistema penitenciario y frente al cumplimiento de las garantías del derecho a la salud. Según la abogada, el hacinamiento no se puede usar como excusa para no mantener las obligaciones de derechos humanos mínimos que le competen al estado.

“El hacinamiento sí impide de alguna forma que los derechos se garanticen de manera adecuada. Sin embargo, la misma Corte Constitucional lo ha mencionado y es que esta no es la única razón, que tampoco podemos seguir esforzándonos en la existencia de hacinamiento para mantener a la población privada la libertad en unas condiciones que no garantizan su mínimo.”, concluye Mora.