Jenny Pérez todavía recuerda cuando tenía que levantarse a las tres de la mañana, en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, para bañarse antes de que quitaran el agua el resto del día. Cuando tenía el periodo menstrual, rogaba por encontrar alguna de las toallas higiénicas que, si acaso, le daban en prisión cada tres meses. Muchas veces, simplemente le tocaba esperar a que su mamá le llevara algunas y, así, poder suplir por su cuenta la higiene que por ley las instituciones penitenciarias están obligadas a brindarle. Sin embargo, su caso es solo uno de los miles que se siguen viviendo a diario en las cárceles de Colombia.
A mediados de 2023, el gobierno de Gustavo Petro presentó un plan de intervención inmediata para el sistema carcelario y penitenciario, donde uno de los puntos a tratar era el enfoque de género. En este documento, se habló de asegurar el cumplimiento de la ley 2261 de 2022 sobre higiene menstrual. Aunque en ese momento el Ministerio de Justicia había prometido que en un término de seis meses se superaría la crisis carcelaria, ya han pasado nueve meses y la vulneración de derechos humanos para las mujeres privadas de la libertad sigue siendo una realidad.
Jenny salió de la cárcel en 2017 y desde entonces presta ayuda a la ONG Mujeres Libres Colombia, encargada de visibilizar el trato en prisión a las mujeres en el país. Aunque pasaron siete años desde que está en libertad, su trabajo en campo le permite decir que, a pesar del tiempo y las promesas gubernamentales, nada ha cambiado. Tener el periodo con los insumos mínimos y condiciones higiénicas precarias se convierte en un hábito. “En la cárcel uno se acostumbra a lo que está viviendo, uno normaliza todo”, afirma Jenny. Entre los episodios más indignos: hacer interminables filas, por horas, por un baño que muchas veces no tiene suficiente agua.
En 2019, la Corte Constitucional reconoció que las cárceles no han sido pensadas para mujeres ni de forma estructural, ni reglamentaria. “En tanto, es un sistema orientado principalmente a hombres, las necesidades y demandas propias de los derechos fundamentales de las mujeres pasan desapercibidas en muchas ocasiones”, se lee. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Mujeres privadas de la libertad en las Américas, de 2023, encontró que las dos principales falencias en los centros carcelarios de Latinoamérica son la escasez de profesionales especializados en patologías femeninas y la falta de cuidado de higiene personal.
La ley dice que el único derecho que se le suprime a una mujer en prisión es su libertad. Pero para Jenny, en la práctica, ellas pierden otras garantías básicas que pasan desapercibidas, como el derecho a la salud, el cual incluye el derecho a una menstruación digna. Esto, porque la población carcelaria femenina representa un 6.3% del total de personas privadas de la libertad, mientras los hombres un 93.7%. Según las fuentes consultadas, el hecho de que la mayoría de reclusos sean hombres implica que las prisiones estén diseñadas, precisamente, para ellos. Esto evidencia, en principio, un problema de fondo: la falta de enfoque diferencial de género en las cárceles del país.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a corte de marzo de 2024, la cifra de mujeres en prisión es de 6.494. De ellas, alrededor del 93% están en edad menstruante, es decir, entre los 18 y los 51 años. Este es uno de los factores que hace que las condiciones de vida y las necesidades de una mujer privada de la libertad sean diferentes a las de un hombre. “Las mujeres somos diferentes, nos llega el periodo, nos embarazamos y necesitamos atención ginecológica”, agrega Esmeralda Echeverry, directora del movimiento Cárceles al Desnudo.
Sin agua y sin toallas
Cuando aún estaba privada de la libertad, Jenny salía de su celda gris y pequeña y se dirigía a los baños de su pasillo. Cerca de 200 reclusas compartían los únicos tres baños que había, los cuales podían estar sin agua por las suspensiones en el servicio que a veces duraban todo el día. “¿Cuántas de las mujeres de otras celdas tenían el periodo también? Se volvía tedioso porque esos baños todo el día sin agua, ¿Cómo podían estar?”, se pregunta. Pero Jenny se resignaba, no había otra opción. Al entrar debía cambiarse la toalla higiénica, pero tenía que hacerlo en un baño sin puerta, a la vista de las demás. Hoy en día Jenny recorre los mismos pasillos que hace siete años habitó, pero esta vez su condición es diferente, ahora es libre. En las cárceles, ve cómo hay mujeres que tienen sangrados dos o tres veces al día sin tener suficientes toallas higiénicas. Cuenta también que a las mujeres les toca redactar memoriales y escritos judiciales a las “muchachas”, es decir, las demás internas, para poder cambiar su trabajo por toallas. También ha conocido casos en los que cambian sus elementos personales por toallas que, se supone, deben entregarse por ley.
Ella se refiere a la Ley 2261 de 2022 sancionada por el gobierno Duque en julio de dicho año. En esta se dicta que la distribución gratuita de artículos de higiene y salud menstrual en las cárceles se realizará cada mes. “Toda mujer y persona menstruante privada de la libertad en edad fértil recibirá como mínimo un paquete de toallas higiénicas de 10 unidades o una cantidad equivalente en cualquier otro producto de higiene y salud menstrual”, dice la ley.
Como respuesta a un derecho de petición presentado por la Universidad del Rosario, el INPEC asegura que, desde el 2022, se entrega un paquete de 30 unidades de toallas higiénicas al mes a cada reclusa. Sin embargo, en el mismo documento se contradicen y afirman que las toallas higiénicas se entregan únicamente junto al kit de aseo de cada tres meses: marzo, junio, septiembre y diciembre. Aunque esto afirma la institución, organizaciones como Mujeres Libres Colombia denuncian que, en realidad, solo se les entrega a las reclusas 20 toallas higiénicas cada tres meses junto al kit de aseo general. “Este kit de aseo se debería entregar cada mes. Además, a las mujeres nos llega el periodo, pero no sabemos cómo es cada mujer, pues puede que necesite dos paquetes de toallas o más”, agrega Echeverry
“Actualmente, se vienen adelantando mesas de trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia para regular la ley”, asegura el INPEC al preguntarles por la ley 2261. Sobre la ley 2261 Echeverry afirma “fue una ley para llamar la atención, nada más qué decir”.
Sin citas médicas
Las mujeres a las que no les alcanzan los insumos intercambian su desayuno o cigarrillos por toallas higiénicas. En el peor de los casos, usan trapos o pedazos de colchonetas como tampones y esto tiene consecuencias en su salud. “Hay bastantes mujeres que tienen infecciones y problemas uterinos que no son tratados. En la cárcel, uno de los problemas más grandes es que no hay ginecólogo”, asegura Jenny Pérez, quien busca que las autoridades se apropien de la problemática.
La investigación de Mujeres Libres Colombia establece que, en general, solo hay un día al mes en el que va un especialista en ginecología a examinarlas y, con suerte, logra atender a 30 mujeres, de las cuales, las que están embarazadas, son la prioridad. “Tal vez alcance, o tal vez no”, es la duda que surge entre las reclusas. Y si no da el tiempo para el turno, las internas deben esperar al otro mes, así tengan una infección vaginal, uterina o alguna hemorragia.
"Dependiendo de la patología, si no se atiende a tiempo una infección puede generar una septicemia, infertilidad o dolor pélvico crónico y en el caso de las hemorragias uterinas o vaginales se pueden presentar cuadros de anemia aguda con sus complicaciones”, asegura, sobre el tema en específico, el ginecólogo Cristian Roca. De acuerdo con el último informe de seguimiento a la emergencia carcelaria de 2023, del Gobierno Nacional, solo el 5% de los establecimientos carcelarios para mujeres del país les aseguró a las reclusas el derecho a una cita ginecológica.
"Si nosotros tenemos problemas con las EPS, que podemos pelear e interponer un derecho de petición, imagínate una persona privada de la libertad que muchas veces no tiene los recursos para un abogado o no tiene el conocimiento”, asegura la defensora Estefanía López, abogada de Cárceles al Desnudo. Indicadores del Ministerio de Justicia señalan que solo ocho de cada 100 mujeres que necesitan una cita urgente por ginecología reciben atención oportuna ( en tres días hábiles), en los centros de atención dispuestos en los centros penitenciarios.
