Fidelia tenía 24 años cuando llegó a la capital del país desde Corozal, Sucre. Acostumbrada a su “ambiente pueblerino”, su familia y al calor de su hogar, vino a Bogotá a buscar oportunidades de ingresos económicos.  

Pasó por muchos trabajos, desde limpieza en casas de familia, mesera y asistente de contaduría hasta que empezó el trabajo sexual. Lleva 34 años ejerciendo esta labor y casi 10 defendiendo, a través de su colectivo Asmubuli,  los derechos como la salud, la pensión, las garantías laborales y la educación para las trabajadoras sexuales del país.  

En el último año se ha creado un debate público sobre las condiciones de vida de las mujeres que realizan actividades sexualmente pagadas, haciendo un llamado a leyes de regulación que garanticen sus derechos fundamentales. Sin embargo, poco se habla del derecho a la educación superior y técnica para esta población en ciudades como Bogotá. 

Más del 70% de las mujeres no han podido acceder a educación superior y técnica en la capital. El distrito, en su política pública para las trabajadoras sexuales 2020-2029 reconoce la necesidad de realizar actividades que vinculen a las mujeres al sistema educativo y a la formación superior. 

“Estas razones, asociadas todas a la imposibilidad que han tenido quienes realizan actividades sexuales pagadas de garantizar su vinculación al sistema educativo, señalan la importancia de focalizar las ayudas para la formación formal, especialmente de las personas más jóvenes”, afirma la política pública. 

Aunque han pasado cuatro años desde que se inauguró la política durante el gobierno de la exalcaldesa Claudia López, organizaciones y sindicatos afirman que esta no se ha cumplido a cabalidad. Incluyendo el punto del acceso a la educación. 

Frente a la poca efectividad de la política, una vocera de Calle 7, organización que trabaja por los derechos de las trabajadoras sexuales, asegura que “es una política bastante mediocre, que ha legalizado lo que ya había en el distrito. No ha existido la oportunidad real de tener carreras técnicas o tecnológicas para las trabajadoras sexuales. Lo que hicieron fue vincular a un par de trabajadoras sexuales para callarles un poco la boca al resto”.  

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El panorama de la educación entre las trabajadoras sexuales 

Para el 2023 la alcaldía de Bogotá censó a más de 4.000 trabajadores sexuales en el norte, centro y occidente de la ciudad. De estos, casi el 89 % son mujeres y 7 de cada 10 no tienen estudios superiores, ya sea técnicos, tecnológicos o universitarios.  

La Secretaría de la Mujer afirma en su encuesta de caracterización a trabajadoras sexuales que el porcentaje más alto de grado de estudio entre esta población es la educación media. 4 de cada 10 mujeres completaron la educación básica primaria y solo 1 de cada 4 la básica secundaria.

Aunque más del 80 % de las mujeres trabajadoras sexuales expresaron su deseo de acceder a algún tipo de educación formal, afirman que no han podido hacerlo. Según la encuesta, las principales razones por las que las trabajadoras sexuales no pudieron acceder a una educación superior estuvieron relacionas con temas económicos.  

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Fidelia venía de un pueblo donde, según el DANE, más del 54% de la población está en nivel de pobreza actualmente. “Yo no accedí a la educación superior, tal vez, por la misma situación económica de mi pueblo. Hubiese deseado estudiar trabajo social, pero bueno, hice primero la práctica”, dice ella entre risas.  

Fidelia afirma que, aunque tuvo varias oportunidades de empleo como auxiliar de contaduría, gracias a un amigo de su padre que le consiguió el puesto en el año 1989, no continuó ese trabajo porque no tenía la preparación adecuada para ejercerlo.  

Aunque ella quería estudiar, cuando inició el trabajo sexual esa meta se difuminó en el camino. “Hubiese querido estudiar, pero después te va absorbiendo la ganancia”, asegura.  

Pero ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales a la hora de acceder a la educación? 

Para Melissa Toro, fundadora de Putamente Poderosas, organización que trabaja por los derechos de las trabajadoras sexuales en Colombia, uno de los problemas principales a los que se enfrentan estas mujeres en cuanto a los procesos educativos es que son procesos de poco aliento y con pocas opciones. “No se piensan procesos y programas de educación superior. Son opciones técnicas y con poca oferta en instituciones porque son cursos de corto plazo. Siempre son para aquellas que quieren ser estilistas, nada más”, asegura Toro.  

Fidelia cuenta que otro reto al que se enfrentan las trabajadoras sexuales al entrar en algún proceso educativo es la discriminación. “Tenemos compañeras que llevan 40 o 50 años ejerciendo, nosotras les enseñamos a leer y escribir, pero ya mayores tienen miedo de ir a estudiar por la misma discriminación y el estigma. Hasta para sacar una cuenta de banco hay estigmatización. Si vas y dices que tus ingresos vienen del trabajo sexual no te la dan”, asegura.  

Esta estigmatización no solo se ve hacia las trabajadoras sexuales sino también hacia sus hijos. “En muchos colegios, si saben que sus madres ejercen el trabajo sexual toca hacer cartas para que los vinculen. Muchos niños dejan de ir por el bullying que reciben. Les dicen cosas como ´tu mamá es una puta´, entre otras”, cuenta Fidelia. 

Por último, los expertos consultados afirman que el mayor reto es que los procesos de educación no son integrales. “Hay muchas mujeres que quieren estudiar, pero lo ven lejano porque tienen que preocuparse por conseguir lo del día, el mínimo vital para estar tranquilas y subsistir”, afirma Toro.  

El factor de las necesidades económicas de las trabajadoras sexuales es fundamental a la hora de plantear proyectos educativos para esta población, ya que muchas son madres cabeza de hogar o mantienen a sus familias. “Es crucial que exista un equilibrio entre las necesidades económicas y la educación para no perjudicar la satisfacción de las necesidades particulares de este colectivo durante el tiempo que dure su educación”, asegura la abogada experta en derechos humanos Natalia Rojas de la Universidad del Rosario. 

La importancia del acceso a la educación para las trabajadoras sexuales 

Para la abogada Rojas debe tenerse en cuenta que la educación hace parte de lo que se llama creación del proyecto de vida. “La fundamentalidad de este derecho radica en su estrecha relación con la dignidad humana, en su relación con la autonomía individual, por cuanto ante su realización va inmerso el cumplimiento de un proyecto de vida”, asegura Rojas.  

Además, se debe entender que, para el Estado colombiano, la educación superior se considera un derecho fundamental. “Tratándose de educación superior, se convierte en una obligación progresiva que debe ser garantizado y promovido por el Estado, la sociedad y la familia, sin que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento que impida su ejercicio”, afirma la sentencia T-068/12. 

La importancia de la educación no solo se contempla desde el ámbito legal como un derecho, sino también desde el ámbito terapéutico. “Desde la parte terapéutica la educación es clave, porque la educación siempre será un factor protector en una persona. El hecho de tener estudio y tener conocimiento en distintas áreas es como si tuvieras herramientas con las cuales defenderte”, afirma María Camila Rojas, trabajadora social.  

“A nosotras nos gustaría acceder a la educación porque más allá de ejercer el trabajo sexual si te vas educando, te vas formando y vas buscando esas finanzas personales que te pueden llevar a rendir más el presupuesto teniendo otra alternativa de entrada económica”, asegura Fidelia.  

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¿Qué está haciendo el distrito al respecto?  

Desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá y a partir de la política pública mencionada, se creó una estrategia llamada Casa de Todas, un espacio donde brindan a cualquier mujer que realice un trabajo sexualmente pagado atención psicológica, jurídica y en trabajo social.  

Casa de Todas afirma en su página web que los servicios de trabajo social incluyen “la formación para el trabajo, capacidades y realidades en diferentes contextos de estas mujeres” y, aseguran que, “brindan procesos de asesoría individual para el ejercicio pleno de derechos como vivienda, salud y educación”.  

Según el presupuesto general del 2024, esta entidad tiene establecido, para el ítem llamado “desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá”, más de mil quinientos millones de pesos en el área de educación.  

Pese a esto, en sus bases de datos no se encuentran explícitos los programas, oportunidades o talleres que brinden a esta población. De hecho, en la página de la alcaldía de Bogotá, al buscar por capacitación para trabajadoras sexuales, el último proyecto se registró en 2013, pero al abrirlo el archivo arroja error.  

La experta Melissa Toro afirma que la política pública para trabajadoras sexuales ha materializado logros en barrios como Santafé en Bogotá. Pero asegura que, "esto es gracias al seguimiento de las organizaciones. Si uno no está ahí encima, peleando y exigiendo pues no pasa nada. Muchas cosas parecían muy espectaculares, pero se fueron quedando en el papel.” 

En medio del debate sobre la política en cuestión, Fidelia expresa su perspectiva con firmeza. Para ella, la falta de movimiento en esa política no es casualidad: “no se ha movido porque nosotras no lo hemos permitido, porque no es construida desde las voces de quienes ejercemos el trabajo sexual”.   

Aunque de manera legal la política no compromete al distrito a brindar estas ayudas educativas de forma inmediata, si debe reconocer las necesidades de esta población y considerar programas educativos estructurados que incluyan becas, subsidios o apoyo financiero.  

“En tanto que exista inversión en la educación de grupos vulnerables se alimenta la diversidad e igualdad construyendo sociedades más justas e igualitarias. Por ello, es necesario que el distrito realice todas las medidas posibles para garantizar que un real y efectivo acceso a la educación, sin importar su ocupación o situación tomando en cuenta las necesidades particulares de las personas”, asegura Rojas.  

Plaza Capital intentó comunicarse vía WhatsApp y correo electrónico con la secretaría de integración social. Ellos nos remitieron con una delegada de la secretaría de la mujer quien, a su vez, nos pidió que nos comunicáramos con un delegado de Casa de todas que terminó remitiéndonos a un correo institucional casi una semana después de la comunicación. Este correo se envió el 12 de abril del 2024 y no se ha recibido respuesta alguna.  

“Al Estado no le conviene que las trabajadoras sexuales se capaciten y se formen para que sigan peleando por sus derechos, por eso hay tantas barreras para que podamos acceder a la educación”, concluye Fidelia. 

El 22 de marzo se envió a través del portal de preguntas y peticiones de la alcaldía, un derecho de petición a la secretaría de la mujer donde se le preguntaba por los planes, estrategias y proyectos educativos para las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la única respuesta fue un aviso del traslado del derecho de petición a la dirección de inclusión e integración de poblaciones de Secretaría de Educación del Distrito.   

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