El abogado Fidel Ochoa, habitante de Sibaté (Cundinamarca), quien representa los intereses de los campesinos afectados por la actividad minera que se realiza en la zona aseguró que "jamás hubo una socialización del proyecto, simplemente entró y empezó a causar estragos ambientales”. El jurista considera que la explotación minera ha impactado de manera negativa a la población civil y el medio ambiente. 

Por esta razón decidió adelantar las acciones legales para cerrar definitivamente la mina para ponerle punto final a los daños que está causando. El efecto de la actividad minera ha generado una contaminación en los recursos ambientales, en áreas de páramo y subpáramo de la región del Sumapaz, que según el Ministerio de Ambiente son zonas prohibidas para la extracción minera.

Según el abogado, "en el momento cursa un proceso penal en contra de la multinacional por contaminación ambiental y daño de los recursos por explotación minera”. Así, el uso del suelo ha cambiado de manera significativa. “La entrada de la empresa supone manejo drástico y violento en la vocación del suelo, ya que la economía tradicional del municipio es la agricultura y la ganadería”, lo que genera nuevas relaciones con el suelo.

Esto ha generado que la seguridad alimentaria se vea afectada de manera gradual en la región puesto que se presenta una modalidad laboral ya que es la minería lo que genera mayores dividendos. La exploración y explotación minera ha registrado un aumento considerable en los últimos años. 

Ochoa considera que algunos pobladores se han beneficiado de la explotación minera debido a que han tenido una participación en el transporte del material, recibiendo entre 9 y 12 millones de pesos. El problema es que son pocos, iniciando una división profunda entre quienes defienden la actividad minera y los que protegen el medio ambiente, lo que ha iniciado el resquebrajamiento social de la comunidad campesina.

Las protestas

En el 2015, en la vereda El Peñón, en el municipio de Sibaté se presentaron varias marchas en contra de la empresa minera Comind S.A. debido a pérdidas de las cosechas de fresas, y también por la falta de agua para el consumo, por lo que los campesinos señalaron a la actividad minera como la causante de esta escasez. Jaime González, habitante de la zona urbana, opina que "el problema se ve lejano desde el casco urbano, debido que no afecta de manera directa a los que habitan la urbe”. Pese a ello, el conflicto ha sido de interés de los pobladores.

La participación ciudadana se ha incrementado debido a las manifestaciones que realizaron, situación que ha movilizado a defensores del medio ambiente a exigir respuestas sobre los problemas medioambientales que hay actualmente en la zona. En su momento, de manera indirecta, afectó el comercio y la movilidad, también hubo una fuerte represión policial por medio del grupo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), generando choques violentos entre los campesinos y la fuerza pública.

Adriana Ramírez, funcionaria del Ministerio de Ambiente afirmó que la ley determinó que dicha cartera es la encargada de "delimitar las zonas que son compatibles con la minería en lo que se conoce como La Sabana de Bogotá” Esta zoma está delimitada por la cuenca alta y media del Río Bogotá como lo determina un informe del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el año 2016 a través de la resolución 2001 se estableció cuales eran las zonas compatibles con la minería en La Sabana de Bogotá, prohibiendo la minería en zonas de páramo y subpáramo. En Colombia para llevar a cabo cualquier actividad minera, la autoridad competente debe otorgar el título minero y la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional (CAR) en el caso de Sibaté, quien le otorga la licencia ambiental. El Ministerio de Ambiente solo interviene para otorgar permisos en la etapa de exploración. La regulación de la actividad minera corresponde a las Corporaciones en pequeña escala y a gran escala corresponde al Autoriad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) 

Según Ramírez, "la minería en zonas de subpáramo y páramo están prohibidas", por lo que la minera Comind S.A. debería cerrar de manera inmediata, debido que en la zona que realiza la explotación minera pertenece a la región del Sumapaz, acciones que la entidad competente no ha realizado pese a la normativa existente, en este caso la CAR. En la resolución 2001 se determinó que en zonas de páramo estaba prohibida la minería que corresponde al área de la reserva forestal productora y reproductora de La Sabana de Bogotá.

El reclamo 

Los campesinos de Sibaté han dado su lucha a partir del colectivo ambiental Defensores del Territorio Ambiental creada en el año 2015 a raíz de la protesta que los campesinos realizaron por los problemas de escasez de agua en Sibaté. Dicho grupo que está en contra de la actividad minera en el municipio, en este caso contra la extracción de arena sílice, actividad que requiere grandes cantidades de agua además de la contaminación que genera, vertiendo los desechos en la quebrada el tractor.

La fuente hídrica abastece a los habitantes de la vereda el Peñon, además de alimentar los municipios de Fusagasugá, Silvania y Granada en Cundinamarca. Los problemas de salud originados por la actividad minera en la zona son enfermedades respiratorias como la silicosis, siendo esta una enfermedad cancerígena producida por el polvo que se genera a través de la extracción de arena sílice.

Adriana Segura explicó que “En lo que va del año nos dimos cuenta la gran afectación que estamos sufriendo por la contaminación de la reserva hídrica que hay en el municipio de Sibaté, reduciéndose la cantidad de agua para el consumo humano, además que nuestras fincas se ven afectadas. En el proceso extraen la arena y realizan el lavado en unas piscinas donde guardan el agua para realizar dicho proceso, para transportar el material a las empresas que realizan vidrio”.

La medida tomada por la CAR Adriana Segura afirmó que “esta entidad estatal ha sido muy permisiva frente a las irregularidades por la minera”. Después de las protestas que se realizaron en el 2015, la CAR realizó estudios para verificar que todo estuviera bajo los parámetros que estos exigen, a lo que concluyeron que todo estaba dentro de la legalidad. Pero dichas afirmaciones fueron contrarrestadas por el grupo Defensores del Territorio Ambiental, que tuvieron acceso al expediente ambiental. En ese documento encontraron que el plan de manejo ambiental no estaba cumpliendo con los requisitos exigidos, debido a estas irregularidades, por lo que la CAR estimó un tiempo determinado para realizar un nuevo plan de manejo ambiental.

Frente a las medidas que debería tomar la CAR, Segura opina que “debería haber una medida sancionatoria y un cierre preventivo hasta no tener plan de manejo ambiental corregido”. Buscan una reconstrucción morfológica del daño que han hecho del medio ambiente, además de imponerles una multa por las actividades realizadas por la empresa Comind S.A. por daños ambientales que no han reparado.

La afectación de cultivos de fresa que hay en la zona, siendo este un sector netamente agropecuario, requiere abundante agua para la producción de los cultivos. El problema radica que en el lugar con el que se abastecen está siendo contaminado. Dichos desechos están siendo absorbidos por las frutas de la zona, que son transportados al municipio de Sibaté y la ciudad de Bogotá, a la central Abastos, para el consumo humano.

Según Patricia Sandoval, “se hicieron pruebas por parte de la CAR, en la que se encontraron fenoles y coliformes, siendo estas partículas de heces humanas, gracias a que dichos desechos son arrojados a la quebrada”.

¿Solución a la vista?

A lo señalamientos, el director de la regional CAR Soacha, Gonzalo Rodríguez se pronunció “Los recursos naturales son propiedad del Estado, en este caso la parte minera corresponde a la agencia nacional minera que da un permiso, que se llama título minero” Frente a la responsabilidad de la CAR de la situación medioambiental que hay en el municipio de Sibaté, Rodríguez afirmó que “esta se encarga de revisar el plan de manejo ambiental de la empresa Comind S.A. para determinar si otorga la licencia ambiental para que esta empresa ejerza actividades mineras en la zona asignada por la Nación”.

La licencia que adquirió hace 12 años está acorde a las normas que aplica el Ministerio de Ambiente. La CAR, según Rodríguez “es una autoridad que les corresponde ejercer control y vigilancia sobre el territorio que estén bajo su jurisdicción”.

También explicó que la actividad minera en la vereda El Peñon es legal, ya que la concesión corresponde a una multinacional italiana que tienen unas pregorrativas frente al Estado colombiano debido a que están encaminados en el proyecto de la locomotora minera auspiciada por el Gobierno Nacional.

El impacto de los proyectos mineros en las regiones de Colombia no es alentador, debido a que la promesa de progreso a las regiones afectadas por la minería no se ve a primera vista, pese a estas complicaciones es el sector que más genera dinero a la Nación.

Aun así, las condiciones de vida terminan degradándose en los municipios que se permite la actividad minera. La generación de empleo por parte de la minería, pese a ser un sector que más le aporta al Producto Interno Bruto de la Nación, es la que menos aporta al empleo de los colombianos en comparación a otros sectores productivos de la economía nacional, la que provoca el mayor impacto ambiental en las zonas que es permitida.