Desde el pasado 30 de septiembre cerca de 450 familias indígenas se asentaron en el tradicional Parque Nacional (en el centro de Bogotá. Carpas negras improvisadas, cocinas al aire libre y muy pocos baños es lo que se alcanza a percibir a simple vista cuando se llega al lugar que está acordonado por una cinta amarilla que reza repetitivamente “Peligro, no pase”.

En la zona se encuentran bebés, niños y mujeres en estado de embarazo quienes han sufrido la llegada de la ola invernal a la capital de la República, siendo azotados por granizadas, fuertes vientos, lluvias prolongadas y ese frío que cala por los huesos. Indican que ya 17 menores de edad tuvieron que ser hospitalizados por estar gravemente enfermos, según la Alcaldía de Bogotá.

La gente que pasa continuamente por el lugar no es indiferente a la situación, los miran con lastima y preocupación, otros no ocultan su molestia por su presencia. Sin embargo, en todos sus ojos se ve casi que la misma pregunta “¿por qué están acá y por qué la Alcaldía de Bogotá no ha hecho nada?”

La respuesta a este gran interrogante la tiene Rafael Arbeláez, integrante del pueblo Cubeo y comisionado de jóvenes de Autoridades Indígenas de Bacatá. Para este líder indígena el olvido y el abandono por parte del Distrito los llevó a tomar esta crucial decisión.

“La Alcaldía incumplió los acuerdos a los que habíamos llegado, vulnerando nuestros derechos desde hace mucho tiempo. En Bogotá hay pueblos indígenas que llevan más de 30 años asentados y hemos sido olvidados, y esto se debe a que no tenemos ninguna participación en la Política Pública Indígena”, señala Arbeláez.

¿En qué consistían estos acuerdos que motivaron el asentamiento? Entre los años de 2011 y 2017 la Alcaldía de Bogotá emitió los decretos 543 y 504 para reglamentar la política pública para los pueblos indígenas en la capital colombiana.

En la expedición de estos decretos participaron los cabildos indígenas Muiscas de Suba y Bosa, la Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá, la Organización Nacional Indígena de Colombia, además de otras organizaciones indígenas y líderes de comunidades que por diferentes factores se encuentran en la capital.

En los documentos quedó en claro que se les garantizaría una participación activa, voz y voto, en las decisiones que el Distrito pueda tomar y ser respetados sus derechos. Pero esto, hasta la fecha, no se ha cumplido.

Para encontrar una respuesta definitiva se declararon en minga permanente para llamar la atención de la Alcaldía. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada por parte de las autoridades distritales que –según Arbeláez- no ha escuchado ni sus propuestas ni ha mostrado una voluntad de diálogo.

El incumplimiento de la implementación

Por el incumplimiento de la implementación de la Política Pública Indígena, la comunidad indígena Emberá y demás pueblos asentados en el Parque Nacional se declararon en minga permanente hasta que la Alcaldía entable un diálogo y lleguen acuerdos para mejorar las condiciones de vida y les garanticen su participación en política.

Entre los años 2011 y 2017, a partir los decretos 543 y 504 expedidos en la Alcaldía de Bogotá, se reglamentó la política pública para los pueblos indígenas en la capital de la República.

Rafael Arbeláez, integrante del pueblo Cubeo y comisionado de los jóvenes ante las Autoridades Indígenas de Bacatá –compuesta de 13 pueblos- le explicó a Plaza Capital los hechos que motivaron la manifestación pacífica en el Parque. En su concepto existe un abandono constante y una vulneración a sus derechos políticos.

“En Bogotá hay pueblos indígenas que llevan más de 30 años asentados y hemos sido olvidados, y esto se debe a que no tenemos ninguna participación en la Política Pública Indígena”, explicó.

Para el líder indígena, entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno se han lanzado la bola para evadir la responsabilidad del diálogo. Esta situación quedó demostrada cuando, pese a la grave situación humanitaria, nadie se ha querido sentar a hablar con ellos para buscar una solución.

“La Alcaldía incumplió con la creación de la mesa de diálogo para la solución de la participación nuestra en la política pública indígena en la ciudad de Bogotá, que permitiría el desarrollo de una vida digna de la comunidad asentada en este parque”, detalló Arbeláez.

Esta comunidad indígena no es reconocida por el Gobierno nacional, el Distrito ni por las comunidades indígena validadas por El Ministerio del Interior. “Nosotros nos separamos de las comunidades ya reconocidas, que pertenecen a la mesa Autónoma Indígena Nacional, la cual nos impide la participación a los demás pueblos, por ello, organizamos el proceso organizativo Autoridades Indígenas de Bacatá, que es más amplio”, aseguró el comisionado Indígena.

Esto con el objetivo de que tengan un reconocimiento y puedan tener voz y voto dentro de la política pública indígena a través del reconocimiento político, para así, mejorar las condiciones de vida en el ámbito de la educación, vivienda y salud.  

Pese a las graves condiciones, las fuertes lluvias que los han azotado, la falta de alimentos y productos de higiene, los indígenas que siguen en la manifestación están dispuestos a seguir el tiempo que sea necesario para que les pongan atención “y lleguemos a un acuerdo porque es nuestra lucha”.

La orden de desalojo

Dado que no se llegó a un acuerdo entre el Distrito y la Alcaldía, llegó una orden que autorizó el pasado jueves 21 de octubre el desalojo de la comunidad emberá, lo que aumentó la confrontación entre los indígenas y las autoridades

Esto debido que el día 20 de octubre en medio de los diálogos que se estaban realizando funcionarios delegados por la Alcaldía fueron atacados por la comunidad indígena con armas contundentes al notificarlos que los acuerdos a los que llegarán serían informados a la alcaldesa Claudia López.

Esta reacción violenta, según la comunidad indígena, se dio por las provocaciones de las autoridades, debido que el inspector llego junto a una funcionaria de la alcaldía a desalojarlos con comunicado en la mano, acompañados de la policía.

El gobierno Distrital argumentó que son las condiciones de salubridad que se encuentran los menores de edad en el parque, lo que hace necesario desalojarlos y reubicarlos a un espacio más seguro.    

Para desalojar a los indígenas las autoridades deben reunir unas condiciones mínimas como:

• Hacer el menor uso de la fuerza para desalojarlos.

• El Distrito debe medir las carencias de los indígenas que se encuentran en el parque.

• Las autoridades deben garantizar que a donde vayan a ser ubicados garantice las condiciones de poder dignamente.

Frente a esta decisión de las autoridades locales, Rafael Arbeláez argumentó la razón por la que no aceptaran ser desalojados y reubicados.

“Los motivos por los que no aceptamos trasladarnos al parque la Florida es que ese lugar no es una zona segura para los niños, debido que nos exponemos al hacinamiento y está cerca del río Bogotá, en el parque Nacional los niños están más seguros y corren menos riesgos de enfermarse”, aseguró el líder indígena.