El esquema de recolección de residuos en Bogotá, bajo las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), recibió una prórroga oficial tras ocho años de vigencia, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán el 6 de febrero a través de su cuenta de X. Los contratos con los operadores actuales se extendieron por 22 meses adicionales, lo que mantiene la prestación del servicio bajo el modelo actual hasta noviembre de 2027. Cabe resaltar que, pese a la prórroga, el actual sistema de aseo enfrenta duras críticas por su ineficacia histórica. Esta decisión, según la administración distrital, busca dar estabilidad al sistema mientras se ajusta a los requerimientos de la Corte Constitucional y la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) sobre la protección de la población recicladora.
Buenas noticias para Bogotá: hoy firmamos las prórrogas de los contratos con los cinco operadores de aseo. No solo le vamos a dar continuidad al manejo de las basuras por los próximos dos años sino que esto también implica mejoras en el modelo de recolección: llegarán más… pic.twitter.com/7bV5QC7mF0
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 6, 2026
Sin embargo, este esquema ha generado alertas en la Contraloría de Bogotá. El ente de control advierte que un modelo sin zonas exclusivas podría dejar desatendidas a las áreas periféricas y de difícil acceso, donde la rentabilidad para los operadores privados es menor y la logística es más compleja.
Esta incertidumbre sobre el futuro del servicio motivó cambios en el gabinete distrital, incluyendo la salida de Consuelo Ordóñez y el nombramiento de una nueva jefatura en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). La entidad ahora se enfocará en gestionar este periodo de transición que, tras finalizar en 2027, daría paso a un modelo de libre competencia.
Mientras tanto, durante estos 22 meses de prórroga, el Distrito les exigirá a los operadores incorporar vehículos compactadores para mitigar los retrasos actuales en las rutas y optimizar el servicio de aseo. Esta medida se complementará con una atención prioritaria a los puntos críticos, aumentando la capacidad de respuesta en zonas de acumulación de residuos especiales, los cuales registraron un incremento del 73 % durante el 2025.
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Además, el plan fortalecerá el control de la infraestructura a través de un seguimiento al faltante de 2.000 contenedores reportado por la Contraloría, asegurando la integridad del mobiliario urbano. La iniciativa también prioriza la inclusión de los recicladores para garantizar que el modelo "Basura Cero" se cumpla al permitir que esta población tenga un acceso a los materiales aprovechables.
Por medio de la estrategia "Bogotá Limpia" para 2026 se potenciarán las rutas selectivas y se fortalecerán los Ecopuntos, logrando así armonizar la operación local con los lineamientos de la política nacional de "Basura Cero".
Vigilancia y riesgos fiscales de la prórroga
La Contraloría Distrital ha intensificado su supervisión sobre la infraestructura física y fiscal para evitar que la extensión contractual afecte las finanzas de la ciudad. En términos técnicos, una auditoría reciente reveló un faltante de cerca de 2.000 contenedores operativos. Ante esto, el ente de control enfatizó en la necesidad de verificar la existencia y estado de estos activos antes de 2027, asegurando que no permitirán que el Distrito reciba equipos deteriorados o inexistentes. Durante esta prórroga, el Distrito debe mitigar riesgos financieros para proteger la economía de los usuarios. La gestión se enfocará en mitigar el impacto tarifario, evitando cambios inesperados en las facturas derivados del nuevo marco regulatorio. En esta misma línea de transparencia financiera, se supervisará la doble remuneración de activos para asegurar que no se realicen pagos duplicados por la misma infraestructura.
Como parte de la estrategia, se establecerá un proceso claro de reversión de bienes, garantizando seguridad jurídica sobre los equipos y la maquinaria que deberán pasar a manos del Distrito una vez finalicen los contratos actuales.
El origen del actual problema de las basuras
La inestabilidad en el sistema de aseo de la capital no es un fenómeno reciente, sino una crisis estructural que se remonta a la década de los 80 con el declive de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS). Para 1993, la ineficiencia de este modelo estatal era tal que la Procuraduría sugirió a los bogotanos no pagar el servicio ante la falta de recolección, lo que llevó al alcalde Jaime Castro a liquidar la entidad y abrir paso a la privatización mediante el Acuerdo 41 de 1993.
Este cambio dio origen a las primeras concesiones privadas y a la creación de la actual UAESP bajo el marco de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, esta transición sembró las semillas de las tensiones actuales: por un lado, una dependencia de operadores privados que ha derivado en emergencias como la de 2012, cuando se intentó fallidamente volver a un esquema público, y, por otro, una batalla jurídica histórica de la población recicladora, cuyos derechos de acceso a los residuos fueron omitidos en el diseño original del modelo de los años 90.
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La pregunta que surge es: ¿Por qué prorrogar un sistema que no satisface a la ciudadanía? La respuesta radica en la falta de alternativas viables a corto plazo. Tras el rechazo de la CRA al nuevo modelo propuesto por la administración —el cual fue calificado como insuficiente para garantizar la competencia y la inclusión de recicladores—, la ciudad quedó al borde de una emergencia sanitaria.
La calificación del modelo como insuficiente proviene de un consenso técnico y político encabezado por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), la cual rechazó la propuesta del Distrito por no garantizar la libre competencia ni beneficios tarifarios claros. A esta postura se sumaron las alertas de los principales voceros del Concejo de Bogotá, quienes desde diversas orillas políticas denunciaron las fallas del esquema: por un lado, Daniel Briceño y Juan Daniel Oviedo señalaron la falta de rigor técnico y el aumento de puntos críticos; mientras que, desde la oposición, Heidy Sánchez y José Cuesta advirtieron que el plan vulneraba los derechos de la población recicladora protegidos por la Corte Constitucional. Ante este panorama de desaprobación y el riesgo inminente de una emergencia sanitaria tras el vencimiento de los contratos el 12 de febrero de 2026, la administración de Carlos Fernando Galán se vio obligada a prorrogar a los operadores actuales como un mecanismo de "último recurso" para evitar el colapso del servicio.
Finalmente, ante el riesgo de un cese total en la recolección, el Distrito optó por extender los contratos vigentes como una medida de "último recurso" para evitar el colapso operativo.
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