El pasado 3 de octubre, la localidad de San Victorino enfrentó disturbios producidos por enfrentamientos entre la policía distrital y los vendedores del sector. En un comunicado realizado el día posterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá declaró que la redada policial hacía parte de un operativo que buscaba reorganizar el espacio público y recuperar la movilidad en el sector. Sin embargo, los vendedores de la zona afirman ser víctimas de desalojos injustificados por parte de la entidad.
"El 3 de octubre, llegó la policía para desalojarlos a todos los que trabajamos vendiendo sobre la calle 10, a mí no me permiten trabajar porque no tengo un carnet que me dé permiso para eso, pero siempre que voy a la Alcaldía para solicitarlo, me dicen que no están dando”, declaró Claudia Myriam Palacios, vendedora informal de San Victorino que lleva 50 años trabajando en la zona.
Esta no es la primera vez que San Victorino enfrenta disturbios en el año, pues tan solo en el último mes se produjeron otras tres alteraciones al orden público por el mismo motivo. En todas ellas, el objetivo principal era realizar una reorganización de las calles 11 y 10, en donde trabajan más de la mitad de los vendedores ambulantes.
Claudia explicó que, en 2010, se les había prometido una reubicación en lo que ahora se conocen como los containers, así como en el actual centro comercial VISTO. Sin embargo, tanto ella como otros líderes del sector sostienen que una vez estos espacios fueron construidos, sus locales fueron alquilados a personas que no eran vendedores ambulantes.
Según el Instituto para la Economía Social (IPES), esta medida hace parte de un plan de reubicación de los vendedores informales debido a que, en épocas de temporada, como diciembre, existe un mayor riesgo de que ocurra una apropiación ilegal del espacio en comparación con la situación actual.
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Además, tanto el IPES como la Alcaldía local de Santa Fe se pronunciaron después de los disturbios y aseguraron que sus acciones no eran operativos de confiscación de mercancía, sino de carnetización a vendedores ambulantes. Esto debido a que, de acuerdo con lo estipulado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para vender de manera informal en el sector de San Victorino, es necesario tener un carnet el cual certifique que está permitido el uso del espacio público con fines laborales. Sin este, una persona puede ser desalojada.
“Esta caracterización no es para quitarle el trabajo a nadie, nosotros no estamos sacando a nadie del espacio público, pero sí organizando. Todos no pueden estar en la misma cuadra y por eso estamos haciendo reubicaciones por la calle 11 y por la calle 10”, declaró Andrés Nieto Ramírez, subsecretario de seguridad de Bogotá.
Los espacios que la Alcaldía busca reordenar corresponden a las calles 11, 10 y 9 (líneas en rojo). Las dos primeras son aquellas que presentan un mayor número de puestos de venta ambulante en el sector.
Por su parte, la zona en donde se ubican los containers (espacio de comercio ubicado en entre la calle 10 y 9), y los centros comerciales El Gran San y VISTO, corresponden a las zonas en donde, inicialmente, se planeaba reubicar a los vendedores ambulantes.
La guerra eterna por el espacio público
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, gracias a la dinámica comercial existente en la zona, San Victorino recauda por predial $8.259 millones de pesos anuales, mientras que centros comerciales como Unicentro recaudan un total de $9.563 millones. Una cifra que muestra el impacto comercial que esta zona tiene sobre la economía de la capital.
La disputa por la ocupación del espacio público en el sector de San Victorino está lejos de ser una problemática nueva. De acuerdo con Viviana Vallejo, abogada especialista en derecho urbano de la Universidad EAFIT, en la zona se vienen presentando problemas entre la Alcaldía y los vendedores ambulantes desde la década de los 70.
“Acuerdos como el 1515 de 1986 establecen desde esa época el uso de carnets y documentos que autoricen el ejercicio de vendedores en el sector informal”, comentó Viviana. “A mediados de los 70, la Alcaldía del Distrito llevó a cabo los primeros desalojos con el fin de recuperar la movilidad de San Victorino. Sin embargo, las protestas de los vendedores ambulantes llevaron a que se realizarán múltiples acuerdos entre ambos para reubicarlos. Algo que nunca ha funcionado”.
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“Otro ejemplo de que esta problemática lleva décadas sin resolverse es la masiva desocupación del espacio de San Victorino ocurrida el 4 de julio de 1998. En ese caso, los vendedores fueron expulsados debido a que muchos de los carnets que la Alcaldía les había dado ya no se encontraban vigentes para la fecha. Hasta ahora sigue ocurriendo que se entregan carnets con permisos, pero estos caducan después de un corto periodo de tiempo”, añadió Viviana.
Pese a los múltiples intentos de establecer acuerdos entre la Alcaldía y los vendedores en las últimas cinco décadas; ambas partes afirman que se han incumplido muchos de los dictámenes.
“Llevo 50 de mis 68 años vendiendo arepas en San Victorino. Es verdad que muchos vendedores han hecho un uso excesivo del espacio público, impidiendo la movilidad, pero también nosotros hemos enfrentado muchos paros por parte de la Alcaldía, siempre hay falta de carnets para trabajar y desalojos antes de Navidad”, expresó Claudia Palacios.
Además, añadió que los desalojos siempre ocurren cuando se acerca la temporada alta. “Yo viví tres desalojos fuertes en el 86, el 97 y el 99. Luego en 2022 tuvimos muchos problemas por lo mismo, y en todos esos años siempre empiezan con los desalojos cuando se acerca diciembre, porque de enero a agosto nunca tenemos problemas”.
Tierra de nadie, tierra de todos
La zona ha sido un espacio de reunión para los comerciantes desde hace más de tres siglos. Su ubicación era el punto que reunía a los caminos que conectaban el Río Magdalena, Fontibón y la costa atlántica con Bogotá y, más adelante, con el camino que conducía a Caracas, Venezuela. Así fue como muchas de las rutas de comercio se establecieron en ese sector, dando origen a lo que hoy conocemos como San Victorino.
“La transformación urbanística del lugar empezó con el Plan de Desarrollo que realizó Antanas Mockus durante su primera Alcaldía en 1995. Más adelante, en 1998, Enrique Peñalosa impulsó varios proyectos urbanísticos en la zona con ayuda de la Cámara de Comercio”, explicó Viviana Vallejo. “Con el fin de llevar a cabo esos cambios en el espacio urbano que proponían tales proyectos, muchos vendedores debían ser reubicados”, agregó.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Javeriana en 2019, para lograr una óptima utilización del espacio público en San Victorino, es necesario crear un centro comercial adicional que contemple la reubicación de los vendedores ambulantes ubicados en la calle 10.
Sin embargo, varios de los vendedores de la zona discrepan con que esta sea una solución efectiva:
“A nosotros nos han intentado reubicar muchísimas veces, siempre con la promesa de que nos darán un espacio exclusivo para nosotros. Pero nada de eso ha resultado efectivo”, comentó Edgar Sanabria, líder comerciante de San Victorino quien ha trabajado en la zona desde hace 20 años.
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“Nos pueden decir mañana que nos van a reubicar, pero cualquier persona que conozca qué es realmente San Victorino, sabría que eso es una pérdida de tiempo y no arregla nada”, añadió Edgar Sanabria, “esta es una zona que siempre ha reunido a comerciantes que llegan para poder trabajar y mantenerse a falta de empleo o con ánimos de sacar su negocio adelante. A nosotros nos pueden sacar, pero entonces llegarán otros que ocupen nuestro puesto y el problema volverá a repetirse”.
Por su parte, la Alcaldía afirma que en los espacios de los containers sí fueron reubicados varios vendedores de la zona que habían sido previamente carnetizados por el Distrito para poder hacer uso del espacio público. De acuerdo con la entidad, debido a que se contaba con espacio reducido, fue imposible reubicar a todos los vendedores.
Viviana Vallejo sostiene que, en este caso, el Distrito debe considerar con antelación el número de vendedores ambulantes ubicados tanto en la calle 10 como en la calle 9.
“Es fundamental que no se fijen solamente en reubicar a aquellos que ya están carnetizados, porque, realmente, muy pocos lo están”, señaló.
