En la portería de un colegio una mujer espera a que salga un hijo que no es el suyo. En la mañana lo había recogido para dejarlo exactamente donde está ubicada ahora, para que iniciará su jornada escolar. Recoger, dejar y devolver a la casa al hijo de su empleador es el trabajo que Gleidys Perez desempeña esporádicamente cuando se lo solicitan. Es una labor acordada a voz y que, aún así existan regulaciones que lo amparan, es en su mayoría un trabajo informal.

Según datos del 2024 de la organización humanitaria Cooperativa para la Asistencia y el Socorro (CARE), hay aproximadamente 750.000 personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 93 % son mujeres. De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), se considera un trabajador del hogar a aquel que presta servicios para el cuidado de otras personas y que realiza tareas de aseo, limpieza y/o preparación de alimentos en los hogares de sus empleadores. Asimismo, ONU mujeres reconoce que ésta es una ocupación poco dignificada y precarizada. 

Desde el 2012, año en que Colombia se acogió al Convenio internacional 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley 1595 entró en vigor. Allí, se consignaron los estándares del trabajo decente para el empleo doméstico. Este convenio fue el punto de partida para empezar una normativa de regulación: afiliación de los empleados a cajas de compensación (Decreto 721 de 2013), cotización a la seguridad social (Decreto 2616 de 2013) o el reconocimiento a la prima (Ley 1788 de 2016).

A pesar de que actualmente el Estado constata que una trabajadora doméstica debería ganar $1.423.500 (salario mínimo sin prestaciones), el estudio de CARE afirma que el 61 % de las empleadas del hogar en Colombia gana menos que esto. Esta es apenas una de las aristas de las dificultades que enfrenta esta población. Testimonios como los de Gleidys Perez ponen en discusión cómo en Colombia, aunque en teoría la Constitución acoge a las trabajadoras del hogar, la realidad es que la gran mayoría sigue sin tener garantías laborales y los retos de aplicación de estas normativas todavía son grandes.

“No hay un reconocimiento de que esto sea un trabajo”, así lo afirma Ana Salamanca, presidenta del Sindicato Trabajadoras del Hogar e Independientes (Sintrahin), de forma concisa. Para ella el problema radica en que las empleadas siguen siendo percibidas como “la señora que ayuda en la casa”.

Un acuerdo a voces

Ya van 13 años desde que Gleidys Perez empezó a trabajar en las labores domésticas como una forma de complementar los ingresos del hogar. Durante este tiempo, nunca ha acordado por escrito las condiciones de los servicios que presta. Según el Código Sustantivo del Trabajo (CST), Artículos 37 y 38, el contrato realizado entre empleador y trabajadora puede ser verbal o escrito, siendo esta última forma la recomendada por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, la entidad reconoce que esto no es el común denominador. De hecho, el 80% de las trabajadoras del hogar en Latinoamérica ejercen de esta manera, según cifras de la OEA (Organización de Estados Americanos). 

Gráfica 1. Índice de trabajadoras domésticas en latam en la informalidad. Elaboración propia.

Para Paola Zuluaga, abogada especializada en derecho laboral de la Universidad del Rosario, una de las mayores problemáticas consiste en las diversas formas de contratación. “Muchos las contratan por prestación de servicios y esa no es la figura adecuada”, afirma la experta y añade que la existencia de una relación subordinada y el establecimiento de un salario, son condiciones válidas y suficientes para que sea un contrato realmente constituido. 

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Más allá de un papeleo: el beneficio de la seguridad social 

María Luna, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander (Asotrabajadoras), recuerda la movilización de 1985, en la que cerca de 1000 mujeres trabajadoras domésticas se reunieron en la Plaza de Bolívar. Utilizaron arengas, pancartas, medios de comunicación para exigirle al gobierno seguridad social. Así, lograron que se promulgara la ley 11 de 1988 que les dio por primera vez acceso a este derecho. 

Sin la seguridad social, también estipulada en el Artículo 132 del CST, la integridad de la persona trabajadora se ve afectada y en caso de un accidente laboral el empleador quedará envuelto en un embrollo judicial. Sin embargo, según la OEA, en Latinoamérica apenas el 26,6% de las trabajadoras domésticas están cubiertas por la seguridad social contributiva.

Gráfica 2. Índice de trabajadoras domésticas en latam con seguridad social. Elaboración propia.

Habían pasado seis meses y la pareja de esposos todavía recordaba con arrepentimiento cómo la mujer que había trabajado para ellos, durante el último año, había fallecido por la explosión de una olla bajo los techos de su casa ubicada en el Parkway, Barrio de la Soledad. “Quisiéramos retroceder el tiempo y hacer las cosas de otra manera”, le comentó la pareja a la presidenta de Sintrahin.

A la puerta de uno de los sindicatos a los que Salamanca perteneció antes de ser presidenta de Sintrahin, llegó el caso de esta pareja que figuraban como empleadores. De los más de 25 años que lleva perteneciendo al gremio de las empleadas domésticas, este es el recuerdo que Salamanca tiene más presente al pensar en los riesgos a los que sus compañeras se enfrentan por no estar afiliadas a este sistema.

La pareja acudió a la asociación en busca asesoría jurídica, ya que no solo había un remordimiento moral, sino que a raíz de lo sucedido los hijos de su empleada los demandaron comprometiendo así su casa. Venderla era la única manera de pagar la indemnización que la ley les exigía. Al reconstruir la historia Salamanca comenta de forma sincera que no es justo para ninguna de las dos partes. Que la empleada esté vinculada a la seguridad social les permite acceder al sistema de salud en caso de accidentes, y ayuda al empleador a blindarse de posibles contingencias que interponga la contraparte.

Zuluaga aclara que actualmente existe una planilla que permite hacer la cotización según el número de días que trabaja al mes para el pago de la seguridad social. A pesar de esto, resalta la gran dificultad que se presenta en la informalidad pues muchas empleadas prefieren guardar estos ingresos para otros fines en vez de dirigirlos a la cotización. Por esta razón afirma que es más beneficioso un régimen contributivo en el que sea el empleador quién afilie a la trabajadora.

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Límites difusos, ocho horas que se convierten en diez

Mientras que a nivel nacional se expidió la ley 2101 del 2021 que estipula: “reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores”, poniéndose la meta de llegar a las 42 horas para 2026, las empleadas domésticas enfrentan ocho o más horas de laburo diario.

Gráfica 3. Reducción de jornada laboral anual. Elaboración propia

Para Gleidys Perez mientras que en unos casos trabaja ocho horas, en otros se toma diez, dependiendo “de lo duro de la casa”. Cada hogar pide algo distinto, cada día las tareas pueden tardar más, menos o incrementarse. A menudo los horarios empiezan en la mañana, implican preparar el almuerzo, lavar, trapear y sacar a la mascota. El reloj marca las cinco de la tarde y puede que el día de trabajo no haya culminado porque, como explica Salamanca, “existe la noción de que las labores no terminan hasta que las labores de la casa del empleador estén hechas”.

Lo anterior se agrava cuando las mujeres trabajan como internas, pues el inicio y final de la jornada se vuelven difusas o, en palabras de la abogada “es difícil contabilizar realmente cuántas horas se trabaja”. Tal es el caso de una de las mujeres asociadas a Sintrahin, quien vivía en casa de sus empleadores y había definido que su horario iba desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. Sin embargo, llegaban las ocho de la noche y ella seguía trabajando, pues tenía que cuidar a la niña hasta que sus jefes llegaran.

A esto se le suma que muchas de las mujeres trabajadoras del hogar son mamás de niños pequeños y viven al otro extremo de las casas de sus empleadores. Para cumplir con su horario, deben jugar con los tiempos del día esperando que alcancen a hacer todo. Entre tanto, tienen que pagarle a otra persona para que cuide de sus hijos mientras ellas vuelven, lo que en la mayoría de los casos ponen de sus propios salarios. “Son trabajos de supervivencia”, afirma Salamanca, quien también recalca en que estos aspectos deberían estar contemplados en los salarios, por eso mismo un día laboral, de acuerdo con el Estado, tiene un valor de $90.000 pesos e incluye los subsidios de transporte, las cesantías y el aporte a pensión. La realidad es que muchos empleadores les pagan $70.000 pesos o incluso menos.

Avanzar hacia un reconocimiento real 

Las tres expertas sitúan al desconocimiento como uno de los factores claves para que se dé o no el cumplimiento de sus derechos y deberes alrededor del contrato. Aquí juegan un papel fundamental organizaciones como Sintarahin y Asotrabajadoras, que comenzaron a legalizarse desde que Colombia se acogió al Convenio de la OIT, y que permiten educar a ambas partes. En palabras de Ana Salamanca, “dejarles mejores herramientas a las que vienen atrás”.

Muchas veces “las trabajadoras del hogar no tienen estudio, ni computadora, ni tiempo para capacitarse a sí mismas respecto a sus derechos laborales”, explica la sindicalista. Además, Luna explica que “hace falta cultura” para que los empleadores reconozcan este trabajo y los beneficios de establecer un contrato escrito. Como Zuluaga reitera, “si no hay conocimiento de los deberes y derechos, y no se presentan las reclamaciones respectivas, el ciclo continúa repitiendo las mismas vulneraciones”.

Las expertas piensan que el problema está en la aplicación y cumplimiento de las leyes. Para garantizarlas, las organizaciones esperan que el gobierno reconozca las labores domésticas como un trabajo, más allá de la Constitución; el fin de la informalidad por medio de contratos y el acceso a una formación jurídica para las mujeres. Sus peticiones se resumen en que haya una presencia estatal, pues en palabras de Salamanca “el estado nos tiene muy abandonadas”. 

Todas coinciden en que hace falta un control por parte del Ministerio del Trabajo en el que se revisen las condiciones laborales. “Ahora estamos en el segundo debate de un proyecto de ley  para que la inspección se haga en la puerta de la casa. Para que se le pregunte al empleador cuáles son las condiciones y se evalúen riesgos”, afirma Luna. Zuluaga recuerda ver a los inspectores entrar y salir de las casas haciendo esta labor, pero eso fue hace varios años atrás. Para ella “el Ministerio del Trabajo se ha vuelto más un órgano receptor de documentos”. También indica que la caracterización y censo de esta población es esencial, que a la vez le permita ver al estado cuáles son las necesidades insatisfechas.

Mientras tanto el trabajo del hogar seguirá existiendo, incluso si es de puertas para adentro. Sobre él, silenciosamente, se mueve la sociedad y se benefician aquellos hogares de los servicios prestados por las empleadas, en su gran mayoría mujeres. Bajo la informalidad, regulaciones empapeladas y reclamos que todavía no han sido evocados, el trabajo del hogar lleva más de 13 años desde su reconocimiento pedaleando hacía tener los mismos derechos laborales que los de cualquier otra profesión y oficio. Pues como dice Salamanca, “no es la empleada que viene y me colabora. Que viene y me ayuda. Es que hace una labor. Es que hace un trabajo”.

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