La violencia política contra mujeres en Colombia es una realidad. En 2022 se registraron 90 hechos violentos contra lideresas políticas, sociales y comunales, según el MOE, y a pesar de que las mujeres son el 52% de la población total, en el Congreso y el Senado solo hay una representación del 29%.
En Colombia, entre 2017 y 2022, se registró un promedio de 79 hechos violentos contra lideresas políticas por año, de acuerdo con el Observatorio Político Electoral de la Democracia. Estas amenazas, asesinatos, atentados, secuestros, agresiones simbólicas, económicas y sexuales, son violencia contra la mujer en política.
La Violencia Contra Mujeres en Política o VCMP son comportamientos y acciones que impiden el disfrute de los derechos políticos de la mujer como la participación, el derecho a ser elegida, a hacer campaña y la protección de la agenda política en espacios de decisión, de acuerdo con Andrea Ariza, periodista parte de Artemisas, ONG feminista de incidencia política.
Entre los actos de Violencia Política contra mujeres se incluyen las limitaciones al acceso a cargos de representación y decisorios a través de distintas barreras. En Colombia, el 52% de la población son mujeres, pero la representación en el Congreso es del 29%, en el que hay 86 mujeres de los 295 congresistas. Este porcentaje se repite en el Senado, en el que hay 32 mujeres versus 76 hombres. Estas cifras representan un avance en la inclusión de mujeres en la política respecto a las últimas elecciones (la representación fue del 19%), pero aún falta mucho, si se tiene en cuenta que el país ocupa el puesto 122 de 193 países en el ranking “Mujeres en el Parlamento” con un porcentaje del 20%.
Esta violencia, de acuerdo con la politóloga y magíster en estudios políticos, Angélica Bernal, se usa como medio para el fin de mantener una estructura de poder dominada principalmente por varones.
Desde el feminismo y las iniciativas legislativas, se reconoce la existencia de estos hechos de violencia que atentan contra los derechos de las mujeres en distintos escenarios, incluyendo el político, en el que, además de hechos violentos que el MOE denuncia que no cesan, se habla de barreras de tipo económico para campañas, como denuncia Catherine Juvinao, representante a la Cámara de Representantes por Bogotá.
Por esto, se adelanta desde 2022 un proyecto de Ley Estatutaria que busca establecer medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política a nivel nacional de la autoría de la senadora María José Pizarro con ponencia en Cámara de las representantes Cathy Juvinao y Delcy Isaza.
El pasado 10 de mayo se aprobó la Comisión Primera el proyecto y se encuentra a un debate de ser ley. De lograrse, se consagraría la categoría de violencia política contra las mujeres, se implementarían mecanismos para recopilar casos y denuncias de esta naturaleza y se comenzarían a formular estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia, promoción de liderazgos políticos de mujeres, el fortalecimiento de los mecanismos de observación y el acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género.
En el contexto colombiano, la violencia política y las agresiones sobre los derechos políticos de las mujeres no son algo nuevo, de acuerdo con investigaciones del Consejo Nacional Electoral y ONU Mujeres.
Todavía quedan esfuerzos y transformaciones importantes para lograr la paridad en la política electoral colombiana. Bernal considera que el cambio debe responder a más que leyes: “las leyes son importantes, (...), pero si no hay un cambio material, un cambio cultural, en las relaciones de poder, básicamente la norma queda en el aire. Para una gran mayoría de mujeres en Colombia, los avances normativos no han implicado ningún tipo de cambio en sus vidas cotidianas” y para lograr combatir con esto: “no podemos luchar contra aún “pedazo” de violencia, nos toca luchar de manera estructural contra toda forma de violencia (…)”, afirma la politóloga.
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