María Paula tenía 21 años cuando un conocido de su familia abusó de ella. Había decidido mantenerse en silencio, incluso al enterarse de su embarazo semanas después, luego de hacerse unos exámenes rutinarios. De todas formas, no pretendía tener el bebé y nadie tenía por qué enterarse de nada.

Una frase cambió sus planes: “Tu embarazo ya está avanzado. Acá no te hacemos eso ya”. Fue lo que le dijo el médico del hospital de su pueblo, cerca de Barranquilla. No tenía forma de ir a otro centro de salud, el tiempo se le agotaba y su denuncia no fue suficiente para justificar el procedimiento, a pesar de que era el único requisito que necesitaba en 2019, momento en el que solo se podía realizar la interrupción de un embarazo bajo las causales de violación, malformación del feto o peligro a la salud de la madre, reconocidas en la sentencia C-355 de 2006.

Al final, su embarazo no continuó porque se practicó un aborto ilegal que duró más de ocho horas por complicaciones y que le dejó una herida en la vejiga con la que aún tiene que lidiar y por la que se ha tenido que operar en dos ocasiones.

Casos como este, el desconocimiento del marco legal, fallas en el servicio y las cifras de persecución por aborto en Colombia, que ascienden a más de 400 casos por año, demostraron que las causales se habían quedado cortas y que era necesario seguir luchando por la libertad reproductiva en el país; la batalla cultural del siglo, asegura Ana Cristina González, médica y líder de Causa Justa, movimiento por la libertad y la autonomía reproductiva. 

En el caso de María Paula, las barreras de acceso la dejaron con una única opción: la interrupción del embarazo de forma clandestina; la causa de muerte de 433 mujeres en Colombia en 2022 y al menos 22.000 mujeres y niñas en el mundo cada año, de acuerdo con Médicos sin Fronteras.

De derechos sexuales y reproductivos se habló por primera vez en 1995, en Beijing, durante la Conferencia de la Mujer, a pesar de que los movimientos feministas estuvieron insistiendo en el tema desde 1974. Internacionalmente, se reconocen como derechos humanos y en Colombia, -por su relación con la salud, la dignidad humana, la igualdad y la ratificación de tratados internacionales, son derechos fundamentales protegidos constitucionalmente y de obligatorio cumplimiento para el Estado, según Laura Pedraza, abogada en La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Dana Barrera, profesional de incidencia política en el Colectivo Justicia Mujer, afirma que la salud sexual y reproductiva se ha relacionado históricamente con la reproducción de la vida, pero no, la sexualidad tiene que ver con el placer, el derecho al goce y la capacidad de decisión. Derechos que María Paula no sabía qué tenía, lo que la obligó a acudir a la ilegalidad. 

En Colombia, la criminalización del aborto era una barrera que dificultaba el goce de los derechos sexuales y reproductivos: una de cada tres mujeres acusada por este delito ha sido víctima de violencia sexual o abuso en el hogar, lo que mostraba que, en el país, existe un vínculo profundo entre violencia y embarazo. Este fue uno de los argumentos que logró la despenalización a inicios de 2022, con la sentencia C-055 donde se permitió la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24 y, de ahí en adelante, bajo las tres causales reconocidas en 2006.

Desde entonces, el 93 % de las mujeres que solicitaron el servicio legalmente, lo obtuvieron sin trabas antes de las 12 semanas de gestación, según González. 

La coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud, Laura Castro afirma que, si bien no se tiene cifras claras de cuántas mujeres han accedido al aborto (debido al subregistro en este y otros derechos sexuales y reproductivos), gracias a la sentencia C-055, las personas gestantes se sienten más seguras al buscar información y acompañamiento, lo que representa un avance en la protección.

La salud sexual y reproductiva no inicia ni acaba con el acceso a la IVE, implica más que esto. 

En el papel, a Colombia le sobran protecciones. Decir qué son y para qué sirven estos derechos no ha sido un problema en el país, pero sigue faltando cómo materializarlos, asegura Pedraza. Para esto, se tenían indicadores y metas en la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, construida por el Ministerio de Salud, que tuvo su primera versión en 2003, seguida por otra que tuvo vigencia entre 2014 y 2021. Desde entonces, Colombia está en mora.

Disfrutar una vida sexual placentera y consensuada, expresar libremente la orientación sexual e identidad de género, prevenir las ITS, tomar decisiones sobre la reproducción y que la maternidad sea llevada dignamente, son derechos que el Estado debe garantizar con o sin una política actualizada, de acuerdo con la abogada, pero de los que no se tiene cifras claras de cumplimiento desde 2021 ante la falta de renovación.

Es curioso, porque la ley no le sirve de mucho a mujeres como María Paula, quienes tienen unos derechos que desconocen porque nunca se les informan correctamente. En su caso, a pesar de haber asistido a un buen colegio, su educación sexual inició y acabó con un vídeo sobre el aborto de hace más de 40 años que, hoy día, las organizaciones feministas tachan de estigmatizante. Sin instrucciones, evitando ser señalada y con el acompañamiento de amigos de su edad, tomó una decisión que hasta el día de hoy le impide vivir normalmente por las secuelas que le dejó un aborto que debió haber sido legal y con apoyo médico capacitado.

Cuesta creer que en un país a la vanguardia en el reconocimiento de derechos de las mujeres, según Causa Justa, haya personas como María Paula, o como Juliana, que se presentó ante Laura; médico en un hospital en la ciudad de Cartagena, rogando por una forma segura de terminar con su gestación. Tenía 24 años, cuatro hijos, un embarazo en camino y desconocimiento total en educación sexual. Su esposo, un hombre de más de 40 años y que no le permitía usar anticonceptivos, no sabía que estaba tratando de acceder a un aborto porque ni siquiera le había contado de su estado. Tres de los cinco embarazos de Juliana habían sido producto de violencia sexual no denunciada.

Esto pasa en Colombia, a pesar de que la educación sexual integral, acceder a métodos anticonceptivos, recibir información y gozar de servicios integrales en salud, hace parte de la protección de la libertad sexual y reproductiva.

Valentina, que vivía en San Pablo Norte, corregimiento de María La Baja, al norte de Bolívar, acababa de cumplir 15 años cuando descubrió que estaba embarazada de su novio de ese entonces. Jamás habían recibido educación sexual y pensaban que el anticonceptivo de emergencia era una forma de cuidado periódica. 

Como ella, otras 5.000 jóvenes entre los 15 y 19 años fueron madres en 2022, situando a Colombia como el segundo país de la OCDE con la tasa de embarazo adolescente más alta. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que, de acuerdo con Profamilia, el 70 % de las mujeres en el mismo rango de edad y el 53 % de hombres adolescentes no utilizan métodos de planificación ni protección.

Valentina no se practicó un aborto porque en el puesto de salud le aseguraron que necesitaba autorización de sus familiares, contrario a lo estipulado en la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud, que regula la atención integral en la IVE.

Barrera, que ha manejado casos de mujeres como María Paula, Juliana, Valentina o Kelly, una venezolana que tuvo que luchar para acceder a un aborto, a pesar de que en el país se permite a las migrantes el acceso a este servicio a través de la red pública, llama a los derechos sexuales y reproductivos “los más humanos de todos los Derechos Humanos”, porque se refieren al cuerpo, la intimidad y la capacidad de decidir.

La falta de una Política de Derechos Sexuales y Reproductivos no libra al Estado de garantizarlos, con o sin actualización, estos siguen siendo fundamentales. Aun así, es necesaria una guía que diga cómo se van a proteger y que facilita cifras que González, Castro y Pedraza afirman que necesitamos: cuántas personas reciben educación sexual integral, cuántas obtienen tratamientos para ETS o ITS, cuántas personas gestantes acceden a la IVE, planificación familiar, etcétera.

Preocupa que en Colombia abunden los derechos en papel, pero escaseen garantías reales y cifras concretas que den a conocer la situación de implementación y protección de la libertad sexual y reproductiva. Pedraza, por su parte, insiste en que si no hay políticas actuales y una concertación estatal que reconozca y ataque las problemáticas sociales, poco avanzaremos en la protección de estos derechos que nos incumben a todos:  “estos (…) no solo involucran a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+, como se piensa, sino que involucra a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y a todas las personas en las diferentes etapas biológicas”, afirma Castro.