En medio de la difícil tarea que supone esclarecer lo ocurrido durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia, la Comisión de la Verdad se ha encontrado con varios obstáculos: por un lado, el rechazo de una parte de la clase política y por otro, las dificultades propias de una tarea tan titánica como hallar verdad en medio de cifras tan apabullantes como 250 mil muertos, 7 millones de desplazados y 90 mil desaparecidos. Sin embargo, esto no ha impedido que la Comisión de la Verdad haya avanzado en su tarea de esclarecer lo ocurrido en uno de los conflictos más largos del hemisferio occidental. Precisamente, con este objetivo, desde el pasado 24 de octubre, la Comisión junto con la Jurisdicción Especial para la Paz ha escuchado 16 testimonios de algunas de las miles de víctimas de uno de los capítulos más oscuros del conflicto reciente: el exterminio de la Unión Patriótica, ocurrido entre los años ochenta y noventa.
Las primeras declaraciones han venido de afuera. Este ataque al partido, surgido tras las negociaciones de mediados de los 80 entre el gobierno y las FARC, llevó a muchos de sus militantes a exiliarse, entre ellos, a la que fuera su presidenta y quien es hoy congresista, Aída Avella. Hasta el momento se han recogido los testimonios de sobrevivientes exiliados en Portugal, España, Suiza, Bélgica, Grecia, Suecia y Noruega y quienes exigen hoy el reconocimiento de su dignidad, garantizando sus derechos a la verdad, la justicia y la no repetición. Todo esto en estos momentos en los que Colombia pasa por una ola de violencia que recuerda el baño de sangre, ‘el baile rojo’ vivido por la UP. Se trata del asesinato de más de 777 líderes sociales, desde el 2016, año en el que el No venció en el plebiscito por la paz.
No obstante, esta es apenas una de las tantas misiones que tiene la Comisión. Esta entidad, creada luego de que se firmara el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC por medio del acto legislativo 01 de 2017, pretende recopilar 12 mil testimonios tanto en Colombia como en el extranjero. A su vez, la Comisión quiere realizar siete encuentros para reconocer la dignidad de las víctimas, en las distintas regiones de la geografía nacional y que, además, se reconozcan responsabilidades por parte de todos los actores armados que tuvieron que ver en esta guerra civil. Más allá, lo que se busca es generar un diálogo que saque de la polarización a la sociedad colombiana y nos permita llegar a consensos políticos, por lo menos, en cuatro sectores estratégicos: educación, justicia, fuerza pública y reforma rural.
La voz de los indígenas
Pero para esto es necesario, también, escuchar a todas las voces. En ese sentido se pronunció Milena Mazabel, integrante de la Comisión, durante una conferencia a la que Plaza Capital pudo asistir. Para Mazabel, es importante reconocer la desigualdad y exclusión que han sufrido los pueblos étnicos en el entorno de guerra que ha tenido el país. Una problemática que ha llevado al desplazamiento forzado de más de 220 mil indígenas. Lo que ha causado, por un lado, la pérdida de 20 lenguas; y por otro, el desarraigo de las tradiciones de una cultura ancestral.
A partir del esclarecimiento de los hechos -dice Mazabel-, los pueblos étnicos en Colombia quedarán vinculados en el relato nacional. Se indagará acerca de la perspectiva que tienen de lo ocurrido a partir de espacios que les permitan a los comisionados escuchar las versiones y los impactos que han tenido, por ejemplo, el asesinato de más de 3 mil indígenas. También se pretende que la sociedad reconozca a esta población como una de las más afectadas por el conflicto y no solo como un actor de reparto más, y que esto a su vez genere espacios de convivencia en los que se contribuya a la transformación positiva de las condiciones de discriminación sufridas por estos pueblos.
Por último, y más importante, el anhelo que no solo tiene la comisión sino también estas comunidades indígenas es conseguir la “armonización”, es decir, la tranquilidad y el respeto en los distintos escenarios en los que conviven.
