La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) divulgó a finales de agosto una base de datos creada por el Gobierno en la que se categoriza a influenciadores en redes sociales para medir la opinión que estos tienen sobre el Gobierno. Según la FLIP, desde agosto de 2018, cuando Duque tomó posesión como presidente, su administración ha invertido más de 20.000 millones de pesos en contratos de publicidad oficial. El estudio, publicado en la plataforma "Pauta Visible", evidencia que con esos recursos el jefe de Estado ha intentado mejorar su imagen en redes sociales, mitigar el impacto de las manifestaciones sociales de 2019 y multiplicar su presencia en medios de comunicación sobre la pandemia del coronavirus.

"De la estrategia en redes hay varias cosas que llaman la atención, pero sobre todo lo de contrarrestar lo que ellos consideran noticias desfavorables y la creación de una base de datos de influenciadores", detalló la FLIP. Esa estrategia fue impulsada con tres contratos suscritos por la Presidencia  entre julio de 2019 y marzo de 2020 por más de 460.000 dólares con dos firmas consultoras en Estados Unidos y el Reino Unido.

La FLIP tuvo acceso a un documento en el que el Gobierno describe las actividades en redes sociales de 468 personas, principalmente periodistas y políticos, a los que categoriza entre "negativo", "positivo" o "neutro". El contrato, firmado para "adquirir, depurar, verificar y actualizar listas de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios", desató una lluvia de críticas contra Duque. Los interrogantes hacia el Gobierno fueron incesantes. 

Revista Semana reveló en mayo pasado que el Ejército Nacional perfiló y espió entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales e internacionales, políticos y sindicalistas. Ese escándalo, el enésimo en el que se ha visto involucrada la fuerza pública durante el Gobierno Duque, suscitó el rechazo de los “perfilados”, gremios de periodistas, instituciones civiles y organizaciones internacionales de derechos humanos, así como la apertura de varias investigaciones judiciales y la desvinculación de uniformados del Ejército.

La sombra de ese episodio reapareció cuando la FLIP reveló la lista de influenciadores con la que la Presidencia esperaba “aumentar el porcentaje de personas positivas y en especial cambiar la perspectiva de aquellos que influyen desde sus redes sociales negativamente ya que son estos los que hacen que la mala imagen del Gobierno sea cada día más alta". Aunque el consejero presidencial para las Comunicaciones, Hassan Nassar, explicó a medios que el listado no hacía parte de una estrategia de perfilamiento sino de un monitoreo a las conversaciones que tenían estas personas en plataformas digitales, para algunos sectores esa justificación no fue suficiente.

El subdirector de la FLIP y coordinador de la investigación, Jonathan Bock,  dijo que el presidente se extralimitó “en el uso de los recursos de publicidad oficial” y que “Presidencia están obsesionados con las redes sociales y se ordenó categorizar a centenares de influenciadores para saber qué estaban diciendo y quiénes eran". Para los críticos de esta estrategia, el presidente gobierna de espalda a los ciudadanos y le cuesta entender la realidad del país mientras el desempleo se dispara, la violencia se recrudece y el conflicto sigue cobrándose la vida de decenas de civiles.

Aumento de las masacres en Colombia

El presidente Duque también vive una de sus horas más bajas a raíz de las críticas por el aumento de las matanzas en el país. Según el Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del 2020 en Colombia han sido perpetradas 55 masacres que han dejado al menos 218 personas muertas. El primer mandatario ha sido cuestionado por responsabilizar principalmente al narcotráfico como el combustible detrás de las masacres cuando en las zonas más afectadas la presencia del Estado sigue siendo un reclamo de las comunidades.

El país vive días de zozobra por la indefensión en la que se encuentra la población civil y las violaciones de derechos humanos que ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo en al menos 47 alertas tempranas emitidas desde enero. Una de las primeras reacciones de Duque fue referirse a las matanzas como “homicidios colectivos” y no como masacres, lo que también provocó el rechazo de las víctimas que aseguraron que el jefe de Estado, a quien pidieron no burlarse de su dolor, estaba minimizando la violencia.

De acuerdo con algunos analistas, al presidente Duque le ha costado entender la reconfiguración de los grupos armados y su relación con las economías ilegales desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, lo que se traduce en la imposibilidad de su gobierno para plantear estrategias efectivas para hacer frente a los grupos armados que se imponen en el país. 

Control social lejos del Estado

La imagen de Duque también flaquea ante algunas organizaciones internacionales. A mediados de julio la organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó que numerosos grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra la población civil para imponer sus propias medidas en contra de la propagación del Covid-19. HRW explicó que desde la llegada del nuevo coronavirus al país, en marzo pasado, las bandas criminales han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas de contingencia, y que con el fin de hacer cumplir sus reglas, han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas.

“Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, dijo entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Según las investigaciones de la organización, los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Por lo menos en cinco de estos las organizaciones criminales utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de dichas normas.

“Las medidas que imponen los grupos armados suelen ser más severas que las establecidas por el gobierno, según indicaron a Human Rights Watch trabajadores humanitarios y líderes comunitarios”, detalló la información. La organización cuestionó que el Estado no pudiera garantizar seguridad en zonas donde los grupos armados impusieron “brutales castigos”, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplían sus reglas, medidas que menoscabaron todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza.

“Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno colombiano tiene la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad física, adoptando medidas de prevención adecuadas frente a amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados, incluyendo grupos de crimen organizado y otros grupos armados”, advirtió HRW.

Brutalidad policial

La imagen de Duque se ha venido al precipicio también por el caso de brutalidad policial en la madrugada del miércoles pasado contra Javier Ordóñez, un hombre de 46 años al que dos agentes le descargaron prolongadamente una pistola táser cuando ya se encontraba reducido en el suelo de una calle en Bogotá. Ordóñez, víctima de un exceso de fuerza durante su arresto, falleció horas después en una clínica de la capital a la que sus amigos lo llevaron luego de permanecer en un CAI retenido por los uniformados. Su muerte desató violentas jornadas de manifestaciones que dejaron al menos 14 muertos víctimas de disparos con armas de fuego en Bogotá y en Soacha, ataques cuyos principales sospechosos son agentes de la Policía.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acusa a la Policía de utilizar "armas letales de manera indiscriminada contra ciudadanos inermes y jóvenes", por lo que insiste en que es necesaria una reforma estructural de la institución. La propuesta de un cambio total en la Policía enfrentó nuevamente a López con el presidente Iván Duque, con quien se ha desautorizado mutuamente sobre las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país. 

La mandataria local se reunió el viernes pasado con el jefe de Estado y el procurador general Fernando Carrillo para estudiar la supuesta responsabilidad de los uniformados en las jornadas violentas que hicieron que la capital ardiera. En ese encuentro López entregó “pruebas donde se muestra a policías uniformados que tratan de ocultar su uniforme disparando contra la sociedad civil, era una hora y media de vídeos, 119 denuncias de ciudadanos que manifiestan ser víctimas de agresión policial o de disparos".

Sin embargo, la alcaldesa afirmó que Duque descartó “de plano” su propuesta de transformar la centenaria institución. Pese a ello, la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que no era cierto que el Gobierno se opusiera a una reforma de la Policía e incluso aseguró que desde su cartera y el Ministerio de Defensa trabajan desde noviembre de 2019 para hacerlo.

La silla vacía

La caída libre de la imagen del presidente se agravó el domingo durante una ceremonia de reconciliación organizada por la Alcaldía de Bogotá en la Plaza de Bolívar para pedir perdón a los familiares de las personas que murieron en las manifestaciones. A ese acto no asistió Duque aunque había sido invitado. Su silla, marcada con su nombre permaneció vacía durante la ceremonia a la que asistieron en representación del Gobierno la alta consejera para los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

La silla vacía del presidente, cuya inasistencia él había justificado con antelación, exacerbó la polarización del país y dividió a quienes acusaron a López de utilizar el sufrimiento de las víctimas como rédito político y los que cuestionaron a Duque por haber dejado plantadas a las víctimas. “Oportunismo y show no son sinónimos de reconciliación y perdón. El ministro de Defensa y el Director General de la Policía, pidieron públicamente perdón por los actos brutales de policías. Acto serio y sentido por parte del Gobierno Nacional y Policía Nacional. Seamos serios”, defendió a Duque la ministra Alicia Arango.

Los recientes hechos de violencia en la capital, que el Gobierno atribuye al Eln y disidencias de las Farc, puso nuevamente al país bajo los reflectores de instancias internacionales que monitorearán las denuncias por violaciones de derechos humanos. “En relación con las recientes protestas en Bogotá y Soacha donde el uso excesivo de la fuerza puede haber causado la muerte hasta de 13 personas, dejado más de 300 heridos -incluidos 77 con heridas de bala-, mi oficina está verificando los casos y ha ofrecido asistencia técnica con un enfoque de derechos humanos y democracia”, dijo desde Suiza el lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La oficina de Bachelet, que ha documentado 47 asesinatos de líderes sociales durante el 2020, también advirtió que pese a que el proceso de paz con las Farc abrió un nuevo camino para los colombianos, este debe ser implementado integralmente para prevenir más violencia y abusos de los derechos humanos. La percepción desfavorable que tiene más de la mitad del país sobre el Gobierno nacional es reflejo de la incapacidad de un Estado que después de más de medio siglo de conflicto armado no encuentra el camino para impulsar el desarrollo de las regiones más convulsas, garantizar justicia ni reconciliar a sus ciudadanos.