"Como lo anunciamos en su momento, Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', ya se encuentra en Colombia a disposición de las autoridades migratorias y judiciales, y tendrá que responder ante la justicia y las víctimas por sus cuentas pendientes en el país", informó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

Tovar Pupo, antiguo jefe del Bloque Norte de las Auc, fue extraditado el 13 de mayo de 2008, acusado de enviar entre 2002 y 2005 al menos 1.500 kilos de cocaína a Estados Unidos. En ese país pagó 12 de los 16 años de prisión a los que fue sentenciado, pero ahora deberá afrontar 35 órdenes de captura y 40 medidas de aseguramiento que la justicia colombiana tiene pendientes en su contra.

El exjefe paramilitar se desmovilizó y sometió en 2006 a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que buscaba la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Sin embargo, fue expulsado de esta justicia transicional en 2015 por no asistir a las comparecencias de versión libre a las que fue citado para declarar sobre su responsabilidad en los crímenes cometidos por el Bloque Norte de las disueltas Auc y por negarse desde Estados Unidos a reparar a sus víctimas. 

Tovar Pupo fue uno de los 14 exjefes paramilitares que Uribe extraditó en mayo de 2008 en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense, DEA, por haber incumplido los acuerdos pactados en Justicia y Paz, como seguir cometiendo delitos desde las cárceles de Colombia. Tras su expulsión, “Jorge 40” perdió los beneficios de ese organismo, entre ellos la posibilidad de obtener penas máximas de ocho años de cárcel si colaboraba con el esclarecimiento de los delitos cometidos durante el conflicto armado.

En Estados Unidos las autoridades lo acusaron de supervisar el cultivo, producción y tráfico de los kilos de cocaína que enviaban los paramilitares desde el norte de Colombia a territorio norteamericano, señalamientos que él siempre negó.  "Puede que no tuviera en sus manos la cocaína, pero era responsable de lo que ocurría", dijo entonces el fiscal Paul Laymon durante su juicio. 

Deudas con la justicia colombiana

Las acusaciones por narcotráfico son seguramente uno de los delitos menos graves de su prontuario criminal. En Colombia todavía siguen abiertas en su contra 1.486 investigaciones que incluyen al menos 300 masacres sobre las que poco ha contado. 

Una de ellas es la masacre de El Salado. Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, 450 hombres cometieron, presuntamente bajo las órdenes de Tovar Pupo, una de las peores matanzas que el país recuerde. En ella fueron asesinadas al menos 60 personas en El Salado, corregimiento del municipio del Carmen de Bolívar, crimen que además forzó a unos 7.000 habitantes de la región a desplazarse para huir de la barbarie. 

Las víctimas de “Jorge 40”, que consideran que su extradición puso en riesgo la verdad sobre el conflicto armado, esperan que ahora, en manos del sistema penal ordinario de Colombia, el exparamilitar asuma su responsabilidad y responda ante la justicia para poder reconstruir los horribles crímenes que cometió. Tovar Pupo deberá comparecer por delitos como por desaparición forzada, reclutamiento de menores, entrenamiento para actividades sicariales, homicidio en persona protegida, homicidio con fines terroristas, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado,  entre otros.

El silencio de Tovar condenó a sus víctimas a vivir con el peso de la impunidad. De acuerdo con la Fiscalía, el exparamilitar no respondió a ninguno de los casi 2.000 procesos abiertos en la Ley de Justicia y Paz ni los 5.000 crímenes perpetrados por el Bloque Norte mientras él era su comandante. 

La verdad deportada

La extradición de “Jorge 40” ocurrió en momentos en los que en el país se libra un álgido debate en torno a la extradición de otro exjefe paramilitar: Salvatore Mancuso. Mancuso, quien hizo parte de las Auc entre 1995 y 2005, fue extraditado junto a Tovar Pupo a Estados Unidos, país en el que ya pagó una condena también por narcotráfico.

Pese a que en un principio su deportación a Colombia se frenó por las restricciones impuestas en ambos países por la pandemia del coronavirus, la suerte de Mancuso, presuntamente responsable de miles de asesinatos, dio un giro inesperado para las víctimas pues podría ser deportado a Italia, donde también tiene ciudadanía. 

La defensa de Mancuso siempre ha dicho que la vida del exparamilitar correría un alto riesgo si él regresa al país y han asegurado que no tienen garantías con el gobierno colombiano, razón por la que exigieron a Estados Unidos que este sea deportado a Italia, desde donde promete aportar a la verdad, una opción que sus víctimas ven inviable. 

De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado, Movice, de los 75.000 crímenes endilgados a la comandancia de Mancuso, este solo ha sido condenado por unos de 1.500. "Con la deportación de Mancuso se acalla la verdad y se garantiza el silenciamiento de más de 80.000 crímenes. Las víctimas exigimos que regrese a Colombia para cumplir las órdenes de captura que se encuentran en firme en la justicia ordinaria", advirtió el Movice. 

Las víctimas de los paramilitares y la organización internacional Human Rights Watch han señalado al gobierno de Iván Duque de haber hecho "un trabajo llamativamente negligente para extraditar a Mancuso desde EE.UU.". Ante esas críticas, el pasado 25 de agosto, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró que "el cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno nacional en tramitar las solicitudes de extradición se ha evacuado de manera eficiente y oportuna".

Por su parte, en una carta publicada en septiembre Mancuso aseguró que la Ley de Justicia y Paz fue peor que un proceso de la justicia ordinaria porque, a su juicio, iba "en contra de los derechos de las víctimas, puesto que es el mismo Estado colombiano quien las está revictimizando".

Mancuso, quien creó y fue el comandante del Bloque Norte de las Auc hasta su desmovilización, aseguró que está dispuesto a rendir versiones libres ante la Comisión de la Verdad, opción que descalificó el comisionado Ceballos al señalar que él tuvo la posibilidad de contar la verdad durante los 12 años que estuvo preso en Estados Unidos y no lo hizo. 

"Él tuvo la oportunidad de acudir a versiones libres en 263 oportunidades desde cuando fue extraditado a Estados Unidos. Esa verdad que no ha dicho durante ese tiempo, según él mismo, ha debido decirse a todo el país y a las autoridades judiciales, por eso es claro que tuvo la oportunidad para decirlo y si no lo dijo tiene una responsabilidad frente a los jueces de Justicia y Paz", dijo Ceballos. 

Ley del silencio

“Jorge 40”, nacido el 19 se noviembre de 1960 en Valledupar, alcanzó a declarar en Colombia que tuvo soberanía sobre el 70 % de varios departamentos de la Costa Atlántica en los que desplegó una estrategia para la "toma militar, la toma social y la estructuración de unos 'estados de autodefensa' que incluía en primer lugar 'el copamiento militar de las zonas dominadas por la guerrilla'".

Tovar Pupo, quien tuvo control sobre los paramilitares en la región Caribe y en el Norte de Santander, se desmovilizó en marzo de 2006 y empezó a rendir versión libre sobre los delitos que cometió. En las pocas comparecencias que alcanzó a hacer antes de ser extraditado confesó más de 600 crímenes, entre ellos la desaparición forzada de siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.

Según la Ley de Justicia y Paz, las víctimas tienen derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, es decir, conocer los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, así como el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas forzadamente. 

Además tienen derecho a que se promueva la investigación de lo sucedido y a que se informe a sus familiares lo pertinente sobre esas indagaciones. Para esto, los postulados a Justicia y Paz deben entregar una confesión completa y veraz sobre los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado, en la que relacione a todos los autores o partícipes en la ejecución de los crímenes. 

Estos compromisos hasta ahora han sido incumplidos por Tovar Pupo, quien no ha contribuido con la verdad ni a la memoria sobre el conflicto armado, así como no ha declarado sobre su vinculación con políticos de la región Caribe y con miembros del Ejército para cometer ejecuciones extrajudiciales.

Advertencia de la procuraduría

La Procuraduría General pidió el pasado 16 de septiembre al Gobierno nacional medidas que garanticen que Mancuso y Tovar Pupo respondan a las víctimas del paramilitarismo, al tiempo que advirtió que el juzgamiento de los comandantes paramilitares no llega al 10 % de los casos atribuibles.

De acuerdo con el Juzgado Único de Ejecución de Sentencias, a la fecha solo hay 59 fallos ejecutoriados contra exintegrantes de grupos paramilitares y aproximadamente otros 10 se encuentran en apelación, mientras que el juzgamiento de quienes fueron comandantes de esa organización ilegal no llega al 10 % de los casos atribuibles.

En ese sentido, el Ministerio Público aseguró que la comparecencia de Mancuso y “Jorge 40” es necesaria como parte del proceso de reparación del Estado a las víctimas individuales y colectivas del paramilitarismo. En el caso de Tovar Pupo, la Procuraduría detalló que deberá responder ante la justicia ordinaria por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta su renuencia a colaborar en el esclarecimiento de la verdad.

A juicio del órgano de control, el aporte de Mancuso y de alias “Jorge 40” contribuirá a resolver las preguntas que desde hace décadas se formulan las víctimas de esa organización ilegal al margen de la ley. 

Garantías a las víctimas

Según el Centro de Memoria Histórica, el acuerdo que resultó del proceso de desmovilización de los paramilitares, no le dio, en principio, a las víctimas un lugar preponderante en la construcción del sistema de justicia. Ni en Estados Unidos Tovar aportó un gramo de verdad. Como aseguró en 2015 el magistrado Gustavo Roa: “La extradición no libera al desmovilizado de la obligación que adquirió de manera voluntaria con Ley 975 de 2005, ni al incumplimiento de su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, como contraprestación a la asignación de un pena alternativa".

Las víctimas recuerdan que “Jorge 40” se reivindicó como “un prisionero político y como un hombre inocente" cuando fue llevado a juicio. Aunque entonces pidió perdón a sus víctimas, estas todavía no han sido reparadas ni se han esclarecido los hechos cometidos por él y los alzados en armas bajo su mando. 

"Sueño con la oportunidad de poder hablar a mi país sobre toda la verdad que conozco y decir a las personas que les causamos dolor por la guerra: cuánto lo siento y cuánto estoy dispuesto a luchar a su lado para encontrar el perdón y la reconciliación”, dijo Pupo Tovar en una de las audiencias finales de su juicio en Estados Unidos.

En sus alegatos, el exparamilitar aseguró que esperaba contribuir a la justicia “en aras a un futuro mejor en el que las nuevas generaciones nunca tengan que experimentar lo que experimentó nuestra generación". Sin embargo, desde su extradición siempre se ha negado a contribuir con la justicia transicional.

Al perder los beneficios de Justicia y Paz, lo más probable es que “Jorge 40” pase el resto de sus días en una prisión colombiana, aunque hoy lo que más esperan las víctimas es que los crímenes cometidos por él y sus hombres sean esclarecidos.