Las denuncias del partido FARC, las alertas de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y las advertencias de organizaciones defensoras de derechos humanos no han sido suficientes para que esa lista de crímenes deje de engrosarse. Ese espiral de violencia hizo que el pasado 25 de noviembre altos funcionarios del Gobierno nacional rindieran cuentas en una audiencia pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las medidas cautelares de protección que el alto tribunal les ordenó tomar en junio pasado. 

En una diligencia que se extendió durante ocho horas, la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera; el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila; el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo; y la viceministra de Defensa, Diana Abaunza, pasaron al tablero para explicar los avances de sus corporaciones para prevenir los asesinatos de los firmantes del Acuerdo de Paz. 

Para la jurisdicción, los asesinatos de quienes se acogieron al proceso de desarme son una grave violación a sus derechos fundamentales, así como marcan un retroceso en la implementación de los compromisos pactados. “Si se mantiene la tendencia, en diciembre de 2024 habrán asesinados 1.600 excombatientes de las Farc", advirtió potentemente el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Giovanni Álvarez. Según la UIA, aunque una de las tres hipótesis sobre los ataques hacia los firmantes del acuerdo está relacionada con el narcotráfico, esa teoría no termina de explicar a raíz del problema ni logra desentrañar los motivos detrás de los crímenes pues en el 63 % de los territorios cocaleros no se han registrado asesinatos contra los exguerrilleros. 

“Es indudable que en algunos eventos así ha sido, pero el narcotráfico no puede ser un patrón para explicar la ocurrencia de los hechos victimizantes”, aseguró Álvarez al aclarar que incluso, en algunos municipios considerados como enclaves de narcotráfico no hay ni una sola muerte de estos. 

La radiografía elaborada por la JEP sugiere que las víctimas de estos crímenes tienen en común la condición de ser hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad y que tendieron a ocupar posición de baja jerarquía durante su permanencia en el extinto grupo armado. Es decir que la mayoría de los excombatientes que han sido asesinados no fueron altos mandos de la guerrilla y seguían con su proceso de reincorporación civil.  

Muere un ex combatiente cada 5 días

“Uno de los patrones indica que hay un desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo", explicó Álvarez. Advirtió además que si continúa la tendencia de asesinados eso “sería un mensaje grave para la comunidad nacional e internacional y por supuesto una situación de extrema gravedad para el desarrollo del proceso de paz”. 

Sobre el homicidio de los excombatientes, la UIA presentó recientemente el informe “Silenciando la Verdad: un diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a excombatientes de las FARC-EP en Colombia”, que recoge los riesgos a los que se enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz principalmente en zonas rurales del país. “Está muriendo un excombatiente de las FARC cada cinco días, lo cual es una cifra por supuesto alarmante. Asimismo, según datos de la Agencia para la Reincorporación y normalización los excombatientes de las FARC-EP residen en 565 municipios. De esos han ocurrido asesinatos en 98, lo que significa que en el 17% de los casos se han registrado víctimas mortales”, señaló Álvarez.

Además del narcotráfico, otra explicación presentada en el informe son las rencillas personales, una hipótesis calificada por la UIA como “la más débil”, que “no tiene realmente ningún fundamento ya que de 249 homicidios cinco tienen como causa detonadora una riña callejera, pelea o trifulca, es decir solo el 2% de este tipo de hechos victimizantes obedece a razones de esta naturaleza, lo cual nos permite concluir que prácticamente son hechos aislados”. 

“Todo esto nos permitió acuñar un concepto de patrón de violencia como el conjunto de hechos victimizantes que tienen una aparición frecuente en una o varias zonas geográficas, y que reúnen elementos de semejanza en el modus operandi y el perfil de las personas o los grupos poblacionales afectados”, explicó Álvarez. 

Detrás de los asesinatos, hay una estrategia clara, según la JEP

De acuerdo con la JEP, detrás de los asesinatos hay una estrategia clara para atacar los liderazgos de aquellos que una vez desarmados le apostaron a proyectos productivos en el marco de la legalidad, una situación que se agrava por las disputas territoriales que libran las disidencias de las FARC, principales responsables de los crímenes contra los firmantes del proceso. 

“Hemos querido titular el informe Silenciando la Verdad, porque cada vez que muere un excombatiente de la Farc o una persona que participó del conflicto se silencia la verdad para uno o varios grupos de víctimas, cada vez que desaparece un excombatiente víctimas terminan afectadas porque se dificulta entonces la construcción de la verdad”, señaló Álvarez. 

El diagnóstico de la JEP, en palabras del magistrado Alejandro Ramelli es que “estamos ante un enorme desafío como nación. Está en juego la implementación del Acuerdo de Paz. Pero no sólo este, sino futuros acuerdos. Es una gran apuesta como país, pero para que funcione debe garantizarse la vida e integridad de quienes participaron en el mismo”. Agregó además que es “altamente preocupante la situación que estamos enfrentando, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido realizado. Habrá que seguir trabajando y continuando con este diálogo entre la JEP y la institucionalidad colombiana”.