"Pueden tomar medidas legales, claro. Si llegara a ocurrir, probablemente estas personas terminarían interponiendo demandas para que les compensen la desvalorización y esto nos va a costar a todos. ¿Es realmente necesario o solo el capricho de un gobernante?",  explicó el magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

El problema radica en que se compra una casa en un lugar exclusivo y, de repente, cambia porque se introducen, en estas zonas exclusivas, personas que no pagaron el metro cuadrado y que la sociedad, en general, considera que no pertenecen allí. "Esto conlleva un riesgo de desvalorizaciones y, de entrada, se genera un conflicto", afirma Santaella.

"Los ciudadanos de estrato 6 pueden tomar medidas legales. Si bien la administración tiene facultades amplias y cierto margen de libertad, no puede actuar de manera desproporcionada, irracional o arbitraria", argumenta. Santaella, además, expone su argumento con este caso: ¿Es razonable que la administración de vivienda prefiera dar 300 soluciones de vivienda, en vez de 3.000, sólo por el lugar donde se construyen? Es discutible, y aún más teniendo en cuenta que la administración tiene recursos escasos y demandas sociales enormes.

Lo que busca la administración de Petro es darle fin a la segmentación social,  pero el costo económico y social es alto. Esta es una decisión que se ha tomado sin tener en cuenta a la comunidad. "Si llegara a ocurrir, probablemente estas personas terminarían interponiendo demandas para que les compensen la desvalorización y esto nos va a costar a todos. ¿Es realmente necesario o es solo el capricho de un gobernante?" concluye el abogado.