Basta solo con revisar los informes especiales de la ONU, incluso de organizaciones nacionales, para darse cuenta que, tal vez, esos años oscuros, de los cuales creímos desligarnos, siguen latentes. Años 80 o 90 donde el temor de las personas se respiraba en una sociedad silenciada, reprimida por guerras entre grupos armados, y de estos contra el Estado. Bien dice la actual magistrada para la JEP, Julieta Lemaitre, “[…]eran años difíciles para ser joven. La infancia feliz de unos años setenta prósperos y en relativa paz se estrelló contra una violencia que tocaba a todos directamente”. Conflictos bélicos donde la sangre que corría por las regiones del país, hacia el rojo de nuestra bandera mucho más escarlata.

Parece que, analógicamente, la horrible noche de la que habla nuestro himno nacional, no ha cesado. En lo que va corrido del año 2019, 230 personas han sido asesinadas en 57 masacres, según Indepaz. Los departamentos del país más azotados por la violencia, son el Departamento de Antioquia con 13 masacres, Cauca con 8, y Nariño también con 8. Como respuesta a los hechos, el Comisionado para la Paz Miguel Ceballos se dirige a la opinión pública para decir que lo sucedido en agosto, con los jóvenes asesinados, no se puede calificar como masacres, toda vez que se tratan de casos aislados. A lo que agregó, que es posible que también hayan sido peleas entre grupos de micro-tráfico.  

Como es costumbre en el país del olvido, ese día no pasó nada, muchos se indignaron, otros lo apoyaron, y a la gran mayoría le dio igual “porque a mí no me tocó”. Todo cambió la mañana del miércoles 9 de septiembre cuando Colombia amaneció con una de esas tantas noticias a las que peligrosamente nos hemos acostumbrado: “En la madrugada del miércoles un abogado muere en requerimiento policial”. Fueron decenas de titulares los que inundaron las redes sociales y la prensa, hecho que catapultó el estallido social en muchas ciudades del país, pero especialmente en Bogotá, lugar que se convirtió en lo que veíamos solamente en zonas rurales. Un campo de batalla, la línea roja del conflicto.

Entonces nace Bogotá en llamas

La indignación, el odio, la expresión máxima de desesperación se plasmó en una jornada que dejó saldos de muertos lamentables, buses incendiados y estaciones de policía en ruinas. La capital se vio sumergida en fuego como hace rato no se veía. Algunos lo llamarían el “bogotasito” no por burla, sino por la magnitud de lo sucedido. Javier Ordoñez quien era estudiante de derecho de la Universidad la Gran Colombia en Bogotá, fue otro de los “iconos” que volcó a esta ciudad a las calles, lo habíamos vivido el año pasado con Dilan Cruz el estudiante que durante las protestas de lo que se denominó el 21N, fue impactado por un proyectil disparado por la policía antidisturbios (ESMAD) causándole la muerte.

La noche de horror se vivió el 10 de septiembre de 2020, cuando ante una nueva jornada de manifestaciones, por la muerte de Ordoñez, la policía respondió con “plomo”. Esta noche me recordó mucho a la del 25 de noviembre de 2019 donde el miedo estaba apoderado de la gente. Esta vez, el miedo era tangible. Hombres de la policía usando armas de fuego para tratar de calmar una turba enfurecida, dejó como resultado, al menos 12 muertos, sí, 23 personas muertas con más de 300 heridas.

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Ahora sí, sabemos qué se siente. Cómo se siente el dolor, qué se siente tener miedo, a qué huele la zozobra. Esto que los bogotanos vivimos tanto el 21N como el 9 y 10 de septiembre de 2020, es el escenario que, sin exagerar, cientos de personas y campesinos viven a diario en los lugares donde la presencia Estatal es inexistente, en lugares donde el grito de dolor no encuentra el eco que conduce al gobierno y al resto de la sociedad. Ahora sí, y aunque muchos lo nieguen, sabemos que no somos el país más feliz del mundo, que tenemos problemas, y que necesitamos ayuda. Sabemos que la violencia nunca ha sido la respuesta.

Como si se tratase de un monólogo, ante esta situación el excomandante de la policía, el General Hoover Penilla en un pronunciamiento oficial, ante lo sucedido y ante las consignas de “quién dio la orden”, aseguro que “por Dios los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos del servicio, nosotros analizamos las circunstancia y de acuerdo a ello actuamos y respondemos individualmente”, pronunciamiento que para muchos causa indignación, y esto me lleva a la pregunta: ¿Estamos entonces ante una institución con licencia?

Pasividad de los grandes medios de comunicación colombianos

Sumado a esto, la pasividad de los grandes medios de comunicación se evidenció de manera cínica. Cuando no se hacían los de la vista gorda, muchos usaban eufemismos para restar importancia a lo sucedido. Si bien, en Colombia hemos tenido la tendencia de disfrazar las cosas, esta vez sí que no les dio vergüenza, cada vez es más de frente. Esto me recuerda a la columna de Daniel Samper Pizano, “masacremos el eufemismo”, donde dice que a raíz de lo sucedido con las masacres en el país “el sábado 22 nació una criatura llamada Homicidio Colectivo, el eufemismo destinado a sustituir la horrible palabra masacre”.

A pesar de que el 16 de septiembre, el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo reconoció que lo sucedido con el estudiante de derecho Javier Ordoñez, había sido un asesinato por parte de la policía, los medios todavía no se atrevían a llamarlo así. Por el contrario, seguían obstinados en catalogarlo como una muerte, como si fuese algo natural.

De otro lado, vale la pena hacer evidente mi solidaridad con los policías heridos, durante estas manifestaciones, y sus familias. Sé que no es una profesión fácil, entiendo que las oportunidades brindadas por la institución no son las mejores, que los abusos por parte de superiores son constantes, que el salario no es el mejor para el riesgo de su profesión y, que las extenuantes horas de trabajo y el poco descanso genera estrés. Y cómo no, si solo en Bogotá hay un déficit de casi 8 mil policías. Según cifras de la misma institución, en la capital, hay disponibles 196 policías por cada cien mil habitantes. Sin duda, es una tarea enorme, pero estas malas condiciones no se tienen que ver reflejadas en el trato a la ciudadanía.

Al igual que los policías, las personas asesinadas protestando son o tienen: hijos, padres, alguien que los espera en casa. Sin embargo, es algo que el gobierno no le quiere reconocer a estas víctimas civiles. Así como se lo reconoció a los policías cuando en la noche de ayer visito los CAI en Bogotá, debería hacerlo con la familia de Javier Ordoñez, y con la de las otras víctimas mortales que dejaron las protestas la semana pasa. Insisto, no se puede hacer el de la vista gorda.

Para aquellas personas quienes dicen que lo sucedido se dio por cuenta de unas “manzanas podridas”, término de moda recientemente, que así como hay policías buenos, existen los malos, pregunto: ¿Qué significa una afirmación de este calibre? No estamos en un videojuego de roles, no tiene por qué existir policías buenos y malos. El deber ser de las cosas es que exista una institución que respete y proteja la vida de sus ciudadanos. Según la actual legislación nacional, la policía antidisturbios es quien debería, en principio, intervenir y disuadir las protestas, no una dependencia que usa armas de fuego. ¿Cómo se pondera el uso de armas letales como pistolas, con piedras y palos que usan los manifestantes? Con esto no quiero restarle importancia, pues los civiles tienen armas contundentes, pero ni siquiera hay una igualdad de fuerzas.

¿Cómo hacer para que un gobierno sordo escuche, si no es haciendo bulla?

No es posible que llamen delincuentes a aquellos se movilizan, a los que hace uso de un derecho constitucional. No es posible que generen estigmatización y discriminación. Así como tampoco es posible que el odio, la violencia y la destrucción sea el camino. - ¿Cómo hacer para que un gobierno sordo escuche, si no es haciendo bulla? – En más de 50 crudos años hemos comprobado que el derramamiento de sangre no es el camino más óptimo y eficaz para hacerse sentir, para luchar por nuestros ideales, o dígame ¿de qué han servido los más de 400 mil muertos que como país hemos puesto?

En el país ya no basta con protegerse y temer a la delincuencia común, sino que ahora también a la policía. Porque, a aquellos que defienden que hay buenos y malos, ¿cómo identificar cuál es cuál? ¿Cuál el que protege, cuál el que golpea y abusa de su poder? Para quienes su argumento en la justificación del abuso policial es que “la policía los molesta porque protestan y porque el aspecto físico es el de un sospechoso”, qué pensarían si les digo que esto no es del todo cierto. Que hoy me enteré de que, a un profesor, alguien que socialmente se considera letrado, adaptado, o civilizado, fue amenazado por policías mientras iba a la tienda a comprar su desayuno.

¡Qué me dirían si les cito las palabras de esta persona asustada e impotente, quien en medio de su clase entre lágrimas dice “apuntándome con una pistola me dijeron: si llega a correr lo estallamos”! ¿Qué me dirían si les contara cuando este letrado dice que Colombia, el tricolor, no está nada lejos de parecerse a lo que fueron las grandes dictaduras latinoamericanas como las de Chile o Argentina? ¿Qué me dirían? ¿Él también es desadaptado, andrajoso y tiene un aspecto físico que se asemeja con un sospechoso? ¿Por qué tanto odio y estigmatización? ¿No se dan cuenta a lo que eso nos ha llevado?

El único cambio que se ve es la acción, la acción a la que se refiere Hannah Arendt. A partir de esta que se haga política. No me refiero a que la acción sea más violencia, sino a despertar y ver qué es algo que nos compete a todos y empezar contribuir a un cambio. No me resta más que citar las palabras del docente, que por obvias razones no menciono, 'cuídense, cuídense mucho, porque los que tienen carnet de profesor o estudiante, son mucho más vulnerables'.