La prostitución como uno de los trabajos más antiguos del mundo, en Colombia parece ser un asunto sin diagnóstico. Pues, a pesar de ser una labor recurrente a diario por cientos de mujeres de toda clase y edad, la ley no se pronuncia ante la situación. Bajo el marco legal de la nación, esta actividad no posee un carácter ilegal. Sin embargo, tampoco tiene ningún tipo de norma que la cobije. Desde esa perspectiva, estas mujeres acceden de forma voluntaria a fin de obtener un sustento económico.

La valoración de esta labor se ha desestimado al punto de quedar en el olvido de la nación. Desde 1963 en Colombia no se realiza un censo que dé muestra de la población del país que practica la prostitución. Lo más cercano a una cifra contundente, es la proporcionada por la Policía Nacional en 2014, donde se estipula que alrededor de 25.000 mujeres se desempeñan en el mercado sexual. Martha Ramírez, una de ellas, trabaja en el norte de Bogotá. En una jornada de 11 horas (de 6 p.m. a 3 a.m.) ofrece sus servicios por sumas deplorables.

A sus 42 años de edad, 16 son los dedicados a la venta de su cuerpo. Martha Ramírez es uno de los casos que podría titularse como “particulares”, pues ella accedió a la prostitución por gusto a la labor sexual y no por la falta de oportunidades laborales o por necesidad económica. Desde este aspecto, las motivaciones que justifican la práctica de la labor “inmoral” se amplían, ya que se destituye la visión patriarcal que se le imprime, pues no solo responde a causales como la trata de blancas sino por el gusto y la libre elección.

Pero esta libre decisión debería tener una garantía legal que le reconociera a la labor las prestaciones de contrato a las que accede cualquier ciudadano que facilita un servicio en la sociedad. EPS, cesantías y seguro social deberían ser parte de la remuneración de mujeres y hombres que se dedican a la prostitución, porque al igual que un administrador, una secretaria o cualquier otra profesión o trabajo debe poseer unas concepciones mínimas que faciliten la subsistencia de la persona.

A su vez, el debate legal no puede ser proyectado desde un carácter moral, ya que dentro de esta nación se decreta como uno de los derechos principales la libertad de expresión. Lo que debe tener en consideración son las condiciones precarias a las que se ajusta la prostitución como trabajo informal. Por años se han expuesto argumentos de toda índole que sustentan la actividad como algo positivo o negativo. Posturas como el consumismo, la explotación humana y la clasificación de personas como mercancías adquieren fuerza en diversos planos que involucran el ejercicio de la prostitución bajo la ejecución forzada de la actividad sexual en los individuos.

El verdadero delito que encara la prostitución al interior de la sociedad es el desarrollo de la actividad en menores de edad y a través de procesos de comercialización humana (proxenetismo). Por tanto, el punto de enfoque al que debe acogerse el gobierno para tratar este fenómeno, que por años se ha tomado las calles de pueblos y ciudades en la nación, es la instauración de una verdadera política pública que legisle la actividad y la inserte en el marco legal.  Así pues, programas como “Por una vida digna” que fue implementado en Medellín, uno de los principales centros de prostitución del país, durante 2014 no tuvo frutos debido a la orientación, puesto que la intervención consistió en una serie de charlas en los colegios y universidades que buscaban erradicar la venta sexual. No obstante, esta proyección excluye en materia a los actuales implicados, ya que no se les provee una ayuda ni un reconocimiento.

La mayoría de los programas que se establecen con el objetivo de tratar este fenómeno son de tipo asistencialista, es decir, atender desde Bienestar Social a las mujeres pobres que se dedican a la labor. Pero ¿qué pasa con las que quieren desempeñar la prostitución?, básicamente nada, el único reconocimiento que obtienen es el comentario denigrante que desacredita una labor que en algunos casos es de libre decisión y de preferencia como el caso de Martha y de quizás muchas más.

Múltiples estudios han mostrado que las principales causas de la prostitución son la desintegración familiar, la carencia de recursos económicos, el bajo nivel educativo, entre otras. En si han sido muchos los teóricos y religiosos que han ahondado en el tema, pero muy pocos han reconocido la necesidad de promover un nuevo enfoque de intervención. Es claro que el rechazo social es el gran debate que se posa de boca en boca, pero es de allí de donde surge un reto para el gobierno: entrar a legislar una labor que ha tenido diversos matices morales y sociales a fin de proteger a un sector vulnerable que poco se reconoce en las leyes.

Hay que empezar a reorientar la política, que si bien, ya reconoce esta actividad como una problemática social, también debe entrar en el análisis de las condiciones marginales que sustenta los ingresos de las prostitutas a fin de reconocer este trabajo con un carácter formal, lo cual daría espacio para mitigar uno   de los factores que más degrada a esta labor.