En la mañana del 26 de septiembre de 2024 un atentado sicarial terminó con la vida del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Valentín Eduardo Payares Pertuz en el suroccidente de Barranquilla cuando regresaba a su hogar tras terminar un turno nocturno en la Penitenciaría El Bosque. Según una de las tres hipótesis del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), esta tragedia podría haberse tratado de un acto vengativo por parte de presos de esa penitenciaría por una incautación de 30 celulares de contrabando días antes.

José Richard Hernández, otro dragoneante del INPEC, fue asesinado el 5 de agosto en Montería también mientras regresaba a su residencia. Según información de Caracol Radio, tan solo unos días antes, Hernández había denunciado a un compañero en la cárcel de Las Mercedes de Montería por permitirles contrabandear celulares a los reclusos. Por ese motivo, acababa de ser transferido al Establecimiento Penitenciario del municipio cercano de Caucasia, pero aún no contaba con un esquema de seguridad.

Según la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) de Colombia, en el transcurso del gobierno Petro se han presentado 38 asesinatos contra agentes del INPEC. Ser un guardia penitenciario normalmente trae riesgos por los encarcelados con los que se convive en el espacio de trabajo, pero en el caso colombiano muchas veces acaba siendo una condena a muerte. Entre las condiciones de trabajo deficientes, las amenazas de presos y criminales libres y la corrupción interna de la institución, los funcionarios del INPEC están viviendo una situación insoportable.

“¿Qué es un guardián? No es nada”: la violencia contra los guardias penitenciarios en Colombia

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema carcelario colombiano es la corrupción: el contrabando es un suceso habitual en la mayoría de los centros penitenciarios del país. Dentro de los patios operan sistemas de control establecidos por los mismos presos, no la ley del Estado, y muchas cárceles son en la práctica el centro de mando de peligrosas bandas criminales, como lo es la Cárcel de Tuluá para la banda ‘La Inmaculada de Tuluá’.

Son los guardias penitenciarios del INPEC quienes están, en rigor, encargados de prevenir y combatir esos hechos de corrupción dentro de la cárcel, pero en la práctica para muchos se hace imposible ejercer esa función de control por factores como la escasez de armas de dotación y elementos de protección, falta de personal, imposibilidad logística de detener el contrabando, corrupción dentro de la misma institución, y lo más grave: los riesgos contra su propia vida.

“Es algo que tratamos de controlar al máximo, pero también si lo controlas mucho, te matan al otro día; si no te prestas para lo que haya que hacer también te matan al otro día”, dice Christian López, vicepresidente de la UTP, sobre el contrabando en las cárceles. López agrega que en ocasiones el contrabando ni siquiera requiere de la colaboración activa por soborno o intimidación de los guardias, sino que simplemente es indetectable, como es el caso de los estupefacientes que muchas veces son ingresados dentro del cuerpo de quienes visitan a los presos.

Las visitas también son parte de lo que pone en peligro la vida de los guardias penitenciarios, pues son usadas como forma de comunicación en las bandas criminales para que sus dirigentes puedan dar órdenes a miembros libres estando ellos tras las rejas. Tal ha sido el caso de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’ (el líder de la Inmaculada de Tuluá), quien ha estado más de 18 años no-consecutivos en la cárcel, pero eso no le ha impedido mantener el mando de su organización criminal. El ex-sicario ha admitido públicamente en varias ocasiones ordenar asesinatos estando preso. En una entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo emitida en la mañana del 23 de mayo de 2024 por W Radio confesó haber ordenado la muerte del alcalde de Tuluá.

López afirma que, contrario a lo que se puede llegar a pensar, “Pipe Tuluá” no vive como rey en la cárcel, sino que está en una celda, solo, con “el mínimo vital, sin celular siquiera”, y que es solo mediante las visitas que imparte ese tipo de órdenes, de las cuales también han sido víctimas algunos funcionarios del INPEC a lo largo de los años. “¿Cómo logramos decirles: ‘no hables, no nos mandes matar’? No es posible”, añade.

Además de los presos en sí mismos y los vínculos que tienen con los criminales activos fuera de la cárcel, los guardias penitenciarios que deseen cumplir cabalmente con sus obligaciones de control también deben enfrentarse a la corrupción interna de la institución en la que trabajan y su institución hermana, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Esta corrupción, aparte de permitir la operación de bandas criminales desde la cárcel y la entrada de objetos de contrabando, no les garantiza a los privados de la libertad las mínimas condiciones de vida como alimentos sanos, colchones y celdas dignas y elementos básicos de aseo por los robos del dinero con el que la USPEC contrata esos productos y servicios. Tan solo este año, según denuncias de la ONG ‘Cárceles al Desnudo’, hay hasta 300.000 millones de pesos en contratos de alimentación presuntamente involucrados en actos de corrupción. Según López, es ahí que comienza la corrupción del sistema; es en la carencia de estos productos y servicios básicos donde nace la corrupción entre guardias y privados de la libertad en las cárceles. Por ejemplo, los reclusos con mayor capacidad económica no se conforman con la calidad tan precaria de los alimentos que reciben y buscan maneras de pagar por alternativas decentes, según lo cuenta López.

En la solución ilegal de esas necesidades surge el contrabando y este muchas veces acaba monopolizado en las manos de ciertos presos o bandas que logran ejercen total control económico y social de los patios en los que habitan. Así se crean condiciones desiguales entre los presos y fuerzan a los menos favorecidos a depender de pagar arriendos y servicios encarecidos para sobrevivir. A estas figuras de mando les llaman los ‘plumas’.

Omar Alejandro Bravo, psicólogo argentino con más de diez años de experiencia trabajando con reclusos en Brasil, Argentina, y Colombia, cuenta que en su experiencia laboral ha visto que los “plumas” a veces terminan imponiendo reglas más violentas que las del propio INPEC, por ejemplo, con sistemas de impuestos muy caros. “Los presos mismos lo dicen: la cárcel es muy cara, muchas veces más que vivir afuera”.

En mayo de 2024 Plaza Capital publicó un reportaje sobre las condiciones de vida de los presos en la cárcel ‘La Modelo’, para el cual un guardia penitenciario contó de manera anónima para su protección que más del 90% de los funcionarios del INPEC, en todos los niveles de mando, están involucrados en los pagos ilegales que se hacen en las cárceles por beneficios en los alimentos y otros servicios. Sobre esta situación, López comenta lo siguiente: “Yo no sé si [los agentes corruptos] sean el 90% o el 1%, pero con tal que haya tan solo una porción pequeña, ya se pudre el sistema. Así yo haga mi trabajo perfecto y no deje pasar nada, si el compañero del turno que sigue sí, entonces la corrupción seguirá”.

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Ante un sistema contaminado por el crimen en tantos niveles, no es viable que los guardias penitenciarios rasos pretendan enfrentarse solos a la corrupción en las cárceles, pues no marcarían una diferencia significante y arriesgarían sus propias vidas en el intento. López resume ese fenómeno de la siguiente manera: “¿Qué es un guardián? No es nada; un ser humano como cualquiera, un joven que entró a la carrera penitenciaria con escasos 18 a 25 años de edad, y se enfrenta a un sistema que está permeado de crimen, en el que un criminal levanta el teléfono o atiende una visita y ordena el asesinato de un compañero, que no vale nada. Y así funciona esto”.

¿Qué es un guardián? No es nada; un ser humano como cualquiera, un joven que entró a la carrera penitenciara con escasos 18 a 25 años de edad, y se enfrenta a un sistema que está permeado de crimen, en el que un criminal levanta el teléfono o atiende una visita y ordena el asesinato de un compañero, que no vale nada. Y así funciona esto.

“No podemos dejar de trabajar de todas formas”: las precarias condiciones de trabajo en el INPEC

El problema de la seguridad no es el único que enfrentan los agentes del INPEC actualmente. El otro aspecto que impacta negativamente su vida día a día es el de las condiciones laborales precarias, ya que aún después de algunas mejoras por la gestión del actual gobierno, siguen teniendo horarios de trabajo muy largos, una situación pensional compleja, y una seria sobrecarga laboral por falta de personal en la institución.

El régimen pensional del INPEC está, para los funcionarios más antiguos, regulado por la Ley 32 de 1986, la cual establece que los miembros del cuerpo de vigilancia penitenciario se pueden pensionar tras prestar 20 años de servicio, como es el caso de las fuerzas militares. Sin embargo, con el Acto Legislativo 01 de 2005, esta norma cambió, pasando a los trabajadores penitenciarios a un régimen de alto riesgo en el que se atrasó la pensión hasta que los agentes cumplan los 55 años de edad. Esa segunda norma aplica para todos los funcionarios que hayan entrado a trabajar a partir del año 2003. Quienes hayan entrado al INPEC antes de ese año trabajan bajo el régimen pensional anterior.

Según López, el problema del régimen pensional que aplica desde 2005 es que no considera la particular situación laboral de un guardia penitenciario, ya que el estrés físico que requiere ese trabajo no puede ser asumido por personas que se acercan a los 60 años de edad. El INPEC no permite la entrada de funcionarios nuevos mayores de 25 años, de manera que con el régimen antiguo los guardias se podían estar pensionando entre los 38 y 45 años de edad.

Retornar a un régimen más consciente de las dificultades que trae la edad al trabajo ha sido una de las mayores luchas de la UTP en los últimos años. Últimamente han alcanzado avances en esta materia, pues lograron que el 29 de octubre se presentara en la Comisión VII del Senado el proyecto de ley 296 de 2024, el cual busca universalizar dentro de la institución el régimen pensional de la Ley 32 de 1986.

Entretanto, el sindicato sigue luchando por una reducción de la jornada laboral. Antes de la llegada del gobierno Petro, López afirma que los turnos que se manejaban en el INPEC eran de 24 horas de trabajo seguidas de otras 24 horas de descanso. De esa manera, un guardia penitenciario trabajaba entre 107 a 108 horas a la semana; “muchas veces haciendo solo el trabajo que según el protocolo debían estar haciendo cinco agentes”, añade López. El apoyo que han recibido de este gobierno es que se cambió el sistema a turnos de 12 horas de trabajo y las mismas 24 de descanso; un cambio significativo, pero que sigue excediendo el tiempo que indica la norma laboral.

Según el estudio de cargas laborales en el que se basa el INPEC para el desarrollo de su protocolo, la institución debería contar actualmente con 28.000 funcionarios para cubrir la vigilancia adecuada para los más de 180.000 reclusos que hay en el país, pero la realidad es muy distinta. La entidad cuenta actualmente con solo 12.000 funcionarios, es decir que hay un déficit de personal de 16.000 empleados, falta más del 50% del personal que deberían tener. Es por esto que con frecuencia un agente hace el trabajo de cinco, o que por momentos queda un solo guardia a cargo de patios de hasta 500 reclusos, según cuenta López.

El Dr. Bravo afirma que muchos guardias penitenciarios tienen carpetas médicas por estrés en el espacio de trabajo, pues con jornadas tan largas expuestos a altos riesgos y la falta de personal, la salud mental de los agentes se ve seriamente afectada. También se ven afectados en su salud física por su convivencia permanente con los presos.

Las personas privadas de la libertad en Colombia sufren hace años una seria crisis de salubridad causada en gran parte por el hacinamiento de las cárceles. La falta de higiene que pueden tener, la alimentación insuficiente, y la ventilación inadecuada de los espacios que habitan son todos fenómenos que fomentan la aparición y permanencia de enfermedades entre los privados de la libertad a tasas mayores de las que experimenta la población civil afuera.

Investigaciones de organismos internacionales defensores de derechos humanos, como la Cruz Roja, y de la Procuraduría General de la Nación han concluido que en las cárceles colombianas se presentan brotes de enfermedades como paludismo, alergias en la piel, enfermedades respiratorias, e incluso sarampión y varicela.

Convivir permanentemente en el espacio laboral con personas enfermas, aún si es con cierta distancia, también pone en riesgo a los guardias penitenciarios de contagiarse durante esos brotes de enfermedad, y especialmente cuando se trata de cuadros virales respiratorios, como lo fue el Covid-19. Según datos del INPEC, en los primeros meses de la pandemia durante 2020, la población privada de la libertad fue de las primeras duramente afectadas en el país, llegando hasta los 10.000 presos contagiados para agosto de ese año. Como consecuencia, eso generó para esa misma fecha el contagio de más de 800 guardias, es decir, un poco menos del 10% de todos los trabajadores penitenciarios del país.

López añade que el humo, la contaminación sonora, y los olores fétidos producidos por las malas condiciones de higiene en las cárceles hace daño a la salud de todos los que están adentro por igual, no solo a los reos.

Trabajar en el INPEC, bajo las condiciones actuales, no solo representa explotación laboral, un riesgo para la salud mental y física y exponer la vida misma cuando se enfrenta al crimen organizado, sino también cuando esporádicamente se altera el orden público en la cárcel.  Precisamente por preocupaciones de parte de los presos frente a la atención de su salud ante el Covid-19, el 21 de marzo de 2020 en la cárcel ‘La Modelo’ se presentaron protestas que escalaron y acabaron en un intento de motín, el cual tuvo como trágico resultado la muerte de 24 internos y más de 100 heridos. López cuenta que la falta de elementos de protección hace que este tipo de situaciones sean considerablemente temidas por los agentes de la institución.

La USPEC también es la institución encargada de proveer a los guardias penitenciarios con armas de dotación y otros elementos de seguridad necesarios para su trabajo como chalecos de protección, escudos, equipos antimotines, equipos electrónicos de requisa, detectores de metales, bastones y gases lacrimógenos. Según los reclamos de la UTP, estos no están siendo garantizados en cantidades adecuadas a los agentes del INPEC por serios problemas de ejecución presupuestal en la USPEC. El peligro de esa situación es que puede dejar a ciertas cárceles mal preparadas para enfrentar situaciones de motines u otro tipo de violencia, y por supuesto, los primeros afectados en dicho caso son los guardias mismos. “Si no llega el elemento de protección, no podemos dejar de trabajar de todas formas”, comenta López.

“No le interesa en absoluto al Estado colombiano”: las soluciones ofrecidas no funcionan

Ante todos los problemas que actualmente enfrenta el sistema carcelario de Colombia, las soluciones ofrecidas por las instituciones no han sido muy eficientes según la perspectiva de los sindicalistas de la UTP, empezando porque hay problemas que, con el paso de los años, solo han ido de mal en peor. Tal es el caso de las amenazas que los agentes del INPEC reciben por su trabajo. Según datos entregados a Plaza Capital por el INPEC, en el transcurso de los últimos 14 años sus funcionarios han reportado ante la Policía Judicial 2.178 instancias de amenazas en su contra, evidenciando un incremento gradual año a año que se ha pronunciado considerablemente desde 2022 (ver tabla).

Cantidad de amenazas denunciadas por funcionarios del INPEC ante Policía Judicial entre enero de 2010 y agosto de 2024. Fuente: INPEC.

Pese a la cantidad de amenazas denunciadas por los funcionarios del INPEC, muchas de estas no llegan a abrir procesos penales en la rama judicial, pues la Fiscalía General de la Nación reporta en el mismo periodo de tiempo solo 874 procesos por el delito de amenaza contra funcionarios de la entidad. Además, ni el INPEC ni la Fiscalía tienen datos que permitan identificar cuántas amenazas se han realizado contra familiares de guardias penitenciarios. Sin datos completos que permitan entender la magnitud real del problema, se dificulta que el Estado pueda realizar políticas correctivas adecuadamente.

Las medidas que se toman dentro del INPEC para proteger a denunciantes de amenazas están reglamentadas por el Decreto 1066 de 2015. El protocolo establece que los denunciantes deben ser ingresados al Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y hasta que esa entidad determine si asignarles un esquema de protección o no, se les puede proveer un chaleco de protección balística y el INPEC puede determinar trasladarlos de lugar de trabajo por su seguridad. En esos 14 años, el INPEC ha tenido que realizar 901 traslados por la seguridad de sus funcionarios.

Sin embargo, casos como el del dragoneante Hernández demuestran que no siempre se logra proteger la vida de los denunciantes con la medida del traslado. De hecho, es difícil conocer la efectividad de todas las medidas de protección tomadas por el INPEC y la UNP para las víctimas de amenazas, pues como lo consta la respuesta a un derecho de petición enviado al INPEC por Plaza Capital, la institución no cuenta con la información de cuántos agentes asesinados recibieron amenazas antes del hecho porque “esta variable no ha sido objeto de análisis”.

Según López, pueden ser muchos los casos de amenazados que posteriormente fueron asesinados, ya que la cantidad de amenazas que se reciben en la entidad es bastante amplia. El sindicalista afirma que, para la mayoría de los guardias penitenciarios, las amenazas verbales hacen parte de la realidad habitual de su espacio de trabajo, tanto así que es fácil no creer en su veracidad o severidad, pues la mayoría no son seguidas de un atentado contra el amenazado. Esa circunstancia representa un serio problema para prevenir asesinatos en tanto no es viable otorgar esquemas de protección a todos los amenazados, pero tampoco es aceptable que terminen desprotegidos.

No solo hay discrepancias entre los datos del INPEC y la Fiscalía frente a las amenazas contra los guardias penitenciarios, sino también en la cantidad de ellos que han sido asesinados. Según la Fiscalía, entre enero de 2010 y agosto de 2024, han sido 54 los funcionarios del INPEC que han sido asesinados (ver tabla).

Tabla total de víctimas por el delito de homicidio entre 01/01/2010 al 31/08/2024, caracterizadas como funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, desagregado por año de hechos. Fuente: Fiscalía General de la Nación.

Pero según el INPEC esta cifra es de 85 agentes (ver tabla).

Tabla total de agentes del INPEC víctimas de homicidio entre 01/01/2010 y 31/08/2024, desagregado por año. Fuente: INPEC.

Es bastante notoria y preocupante la diferencia de datos que se manejan en una institución y la otra, considerando que todo caso del que el INPEC tenga registro y la Fiscalía no es en potencia un proceso penal en total impunidad. Todavía más grave sería ese fenómeno si se toma en consideración las cifras que denuncia la UTP, que son de 38 agentes asesinados solo en el recorrido del gobierno de Gustavo Petro, lo cual claramente no está reflejado en ninguna de las cifras institucionales. Según López, esta diferencia evidencia que los homicidios contra sus compañeros quedan frecuentemente en total impunidad en la Fiscalía o que en la institución hay un problema en la categorización de las víctimas. “Allá no resuelven, no hacen”, agrega, recordando otra cifra del sindicato que también parece diferir de los datos institucionales: según la organización de trabajadores, se han asesinado 68 de sus activistas y dirigentes sindicales desde su fundación en 2012.

El vicepresidente López ha vivido personalmente cómo los crímenes cometidos contra los funcionarios del INPEC quedan impunes. En dos oportunidades ha sido víctima de atentados contra su vida, el último en julio de este año. López se encontraba en un lugar de Bogotá que no quiso especificar junto con su hijo, cuando repentinamente se presentó una balacera: “no entendía dentro de la balacera qué era lo que pasaba, y ahí me di cuenta de que había sido un atentado y reaccionaron los escoltas y logramos salir ilesos”. Pasado el momento de peligro, llegó la policía a la escena y López reportó lo ocurrido junto con sus escoltas, pero dice que desde entonces no ha recibido noticia alguna sobre la investigación de la policía; aún no se sabe quiénes fueron los sicarios involucrados. “¿Qué ha pasado con eso? Nada. Todo es impunidad”, concluye.

López afirma que la razón de fondo de que no se resuelva en absoluto toda la violencia contra los trabajadores penitenciarios en Colombia y tantos problemas en cuanto a sus condiciones de trabajo tiene que ver con la razón por la que tampoco hay buenas condiciones de vida para los presos en el país, y es la falta de interés de las autoridades y los gobernantes en hacer transformaciones de fondo en el sistema carcelario: “[la cárcel] no le interesa en absoluto al Estado colombiano. Es algo que simplemente hay que tener por tenerlas, pero entre menos haya que invertirle, entre menos haya que ponerle cuidado, mejor”.

“La solución para el fracaso es aumentarlo”: ¿cómo resolver el problema?

Según López, un ejemplo idóneo de cómo al Estado no le interesa resolver integralmente los problemas del sistema carcelario es el mando mismo del INPEC: la institución opera bajo el manejo y autoridad de la Policía Nacional de Colombia, lo cual considera muy dañino para el cumplimiento eficiente de sus funciones, argumentando que desde la policía no saben ejercer la vigilancia, así como un guardia no sabe hacer operativos para la protección de la ciudad. También considera que esto afecta particularmente a los presos: “El policía no ve privados de la libertad, ve criminales, nosotros sí. Son dos tratos muy distintos, ellos no ven la necesidad de resocialización y rehabilitación del privado de la libertad”, afirma.

En su experiencia laboral, el Dr. Bravo también ha observado las condiciones de vida de los presos como causa de la criminalidad y la violencia dentro de las cárceles, y agrega que es un malestar sin individuos culpables: “muchas veces se piensa el maltrato en la cárcel solo como el guardia que agrede, y el principal maltrato de la institución no tiene que ver con actitudes esporádicas de las personas, es estructural”, dice. Según él, ese maltrato es visible en el diario vivir de los presos, como en el hecho de que su última comida del día se sirve a las 2 p.m. o al no tener cómo disponer de su tiempo libre.

Por eso, para él, la solución de fondo que el Estado ignora está en fortalecer el proceso de rehabilitación que menciona López y en tomar medidas preventivas respecto al hacinamiento carcelario en vez de correctivas para cortar la fuente de la criminalidad tras las rejas desde la raíz.  El asunto, según Bravo, es que “en Latinoamérica todas las cárceles funcionan mal. La paradoja es que es el sistema más fracasado y el que más crece, porque la solución para el fracaso es aumentarlo”. A lo largo de su experiencia en varios países de la región, las medidas correctivas que considera fracasadas son todas aquellas que tratan de aliviar la concentración de los presos sin hacer cambios en la cantidad.

Cárceles divididas según el tipo de delito cometido, cárceles más grandes, más pequeñas pero exclusivas, programas de rehabilitación con fuertes componentes religiosos son soluciones correctivas que Bravo dice ha visto fracasar en reducir el hacinamiento y la criminalidad dentro de la cárcel.

El cambio de fondo que él considera que debe hacerse es reducir la cantidad de personas que entran al sistema penitenciario y el tiempo que pasan en él. Puntualmente Bravo menciona que delitos como la estafa menor o el hurto no-violento deberían ser reevaluados para que no se paguen con cárcel, sino de otra forma. Incluso considera que hay delitos que solo empeoran al ser tratados con la cárcel: “¿Qué ganas con meter preso a un hombre que no pagó una cuota de alimentos? Agravas el problema, porque si no pagaba antes de estar preso, mucho menos después”, plantea.

Bravo afirma que un ejemplo exitoso que ha visto de proyectos de penas alternativas es la penalización que se aplica a delitos de discriminación en Brasil. Él cuenta que allá se persigue con mucha seriedad el delito de discriminación racial o de género y han dice{ado un sistema para que la pena por estos delitos se pague prestando servicio social en ONG que trabajen enfoques relacionados con el tipo de discriminación cometida. Con ese sistema, se han presentado casos de personas que tras cumplir sus penas deciden quedarse como voluntarios en el lugar de trabajo que se les había asignado.

A nivel más macro, Bravo considera que no solo se deben descongestionar los centros penitenciarios con penas alternativas, sino apostar por políticas de transformación social que hagan propender de ellas menos, resaltando que “las cárceles son el resultado de otras violencias; sus problemas no se resuelven pensando solo en la institución carcelaria”.

(Siga leyendo: Hacinamiento carcelario en Bogotá: se presentan insuficiencias en el sistema de salud)