Se piensa que el INPEC es la entidad encargada de “cuidar” a las personas privadas de su libertad, y quienes les provee lo suficiente para suplir sus necesidades; pero la realidad es distinta, el INPEC solo proporciona 4 kits de aseo personal al año; distribuidos entre los centros penitenciarios para mujeres, es decir, 40 toallas higiénicas anuales, por lo que se ven obligadas a manejar un tráfico de reventa de insumos personales. Así mismo los planes de estudio, trabajo y enseñanza resultan deficientes.
¿Por qué? Porque las condiciones que propone la entidad encargada son las mismas de antes de llegar a la cárcel, en las que no hay oportunidades, afirma para Plaza Capital, Claudia Cardona, directora de la Corporación Mujeres Libres, al referirse sobre el olvido del gobierno en los planes de resocialización carcelaria. El panorama es desalentador y en gran medida, se debe, a las condiciones deplorables que se viven con respecto al hacinamiento carcelario, la falta de atención en salud especializada (ginecología, obstetricia), la mala alimentación, y la falta de acceso a agua potable; entre otros factores, que atentan con el subsistir de las mujeres recluidas.
El trabajo
En la actualidad, las mujeres privadas de su libertad, que se encuentran en programas de resocialización, trabajan 6 días a la semana, 8 horas diarias y con derecho a un día de descanso, según nos menciona Marisol, integrante de la Corporación Mujeres Libres. En algunas actividades ocupacionales, reciben una bonificación de $2.000 pesos diarios aproximadamente, lo que no alcanza para sostenerse dentro de la prisión ,además en otras actividades como tejidos, telares y maderas, los materiales deben de ser adquiridos por los familiares para realizar dichas actividades, quienes al llevarlos al establecimiento penitenciario deben pagar el 10% del valor de la factura de compra, como contribución para el mantenimiento de la cárcel.
Ver: Los retos a los que se enfrentan las madres universitarias y adolescentes en Colombia
Claudia agrega que la mayoría de veces, no se pueden escoger las actividades ocupacionales, en el papel se dice que es a voluntad de las mujeres, el libre acceso a estas actividades. Sin embargo, dentro del centro penitenciario, son inscritas en cualquier programa donde haya cupo. Dentro de prisión la corrupción es tanta, que se llega a pagar por la vinculación a una actividad ocupacional, para poder tener el beneficio de reducción de pena, donde es mayor la demanda de mujeres que los cupos que se otorgan.
Ver: Colectivos de mujeres colombianas, en luto nacional por el aumento de feminicidios en pandemia
En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una modificación al manejo de los programas de resocialización, con lo cual, se vieron perjudicadas las mujeres, que en materia de empleo obtenían un ingreso dentro del centro penitenciario para ayudar en el sostenimiento de ellas y sus familias. “Quitan una forma de sustento que no dependía del INPEC, ni del gobierno, ahora solo queda el rebusque” puntualiza Marisol
¿Qué pasa con la educación de las mujeres reclusas?
“Entré a los 20 años a esa cárcel, pude haber salido con dos carreras, tuve tiempo, 10 años para formarme, pero me tenían encerrada...”, cuenta Marisol, al referirse sobre los programas educativos deficientes, carentes de pedagogía en quienes dictan las clases, pues son las mismas mujeres privadas de su libertad quienes ocupan este papel de instructoras o monitoras dentro del centro penitenciario, y no personal capacitado para desempeñar esta labor. Además, los libros con los que cuentan las instructoras para dictar sus clases, son donados por la red de apoyo y en su mayoría están desactualizados y viejos, y a los que las mujeres estudiantes no pueden acceder fácilmente debido a que el uso de la biblioteca es restringido. Por otro lado, los programas que ofrecen las universidades son limitados y es a disposición de la institución educativa y no a preferencia de las mujeres privadas de la libertad, por lo que solo pueden escoger pregrados en psicología, derecho, administración y contaduría. El INPEC manifiesta que existen convenios con universidades y que se financia el 50% de la matrícula, sin embargo, las mujeres o sus familias no cuentan con el recurso económico para pagar el otro 50%, por lo que es difícil que accedan a educación superior y mucho menos al beneficio, manifiesta Cardona.
Ver: Diana Carreño, un caso de violencia machista respaldado por medios de comunicación en Colombia
Finalmente, para Claudia, “los programas de resocialización no cumplen con su objetivo, ya que no son los indicados y necesarios para cuando se recupera la libertad”, entonces reincidir, no se vuelve un panorama muy distante y más si las deficiencias son cada vez mayores.
