El Acuerdo de París es un tratado realizado por los países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece las pautas para buscar la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero. Este fue firmado en Conmemoración del día de la tierra (22 de abril) del año 2016. El objetivo primordial del acuerdo es poder disminuir la temperatura de la tierra por debajo de los 2°C hasta llegar al punto de que sea de 1.5°C. No obstante, la ONU anunció a finales de febrero de este año, que los países no han cumplido con el objetivo, sobre todo las potencias, quienes a pesar del parón industrial que se produjo por el covid-19 no han disminuido la cantidad de gases contaminantes que emiten diariamente.

Según explicó en su informe, el incremento exponencial de Co2 en los últimos años, ha llevado que el termómetro de la tierra avance rápidamente hacía los 2° C e incluso que podría llegar a pasar este umbral. Cabe resaltar que en el caso de que esto ocurra, la humanidad se vería ante la peor catástrofe natural de su historia y una crisis climática que podría afectar a más de 80% de la vida en el planeta. Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de Cambio Climático para la ONU, dice que “la ambición colectiva está muy lejos de poner al mundo en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global, pues es increíble pensar que justo cuando las naciones se enfrentan a una emergencia climática que podría acabar con la vida humana, muchos se aferran a su enfoque de seguir como si nada".

Colombia y el problema climático

Colombia, al hacer parte de la ONU es un firmante del acuerdo y al ser considerado como “país en vía de desarrollo”, tiene la meta de a través de la ayuda de las potencias, poder disminuir su impacto climático, pero además virar el rumbo hacía el uso de energías renovables que permitan contribuir con la meta de bajar la temperatura de la tierra. El impacto del país al medioambiente no es de gran escala, pues al no ser una potencia económica y tampoco un país netamente industrial, representamos el 0.46% de las emisiones globales. Sin embargo, el cambio climático no solo nos afecta por ser habitantes del planeta, pues la evidencia científica muestra que el cambio drástico de las temperaturas sería la mayor dificultad del país, viendo con esto afectado el turismo, el comercio y sobre todo a los campesinos.

No obstante, el país tiene una deuda inmensa con el medio ambiente, pues a pesar de que existen el impuesto de carbono, que es un dinero que cada empresa debe pagar por cada tonelada de Co2 emitida al aire, y los bonos de carbono, que son un intangible que las empresas pueden comprar y así ayudar a que se preserven los bosques, la realidad es que no hay una correlación entre los lugares más afectados por la deforestación y la compra de bonos o el pago del impuesto.

Según el ministerio de ambiente, la deforestación ocurre por varios factores, el más importante es debido a la ganadería extensiva que en la zona suroriental del país arrasa con los bosques. La segunda, es la plantación y producción de hoja de coca y cocaína, respectivamente. Pues se estima que más de 2 hectáreas son taladas de forma ilegal diariamente en el país para sembrar la hoja de coca o levantar laboratorios para el procesamiento de la cocaína.

Según el activista ambiental Sergio Piña el problema radica en la mala gobernación de los diferentes territorios e incluso señala que “se tiende a culpar más de la falta de propiedad y conciencia en el territorio, que por las faltas de capacidad de articulación e institucionalidad en las diferentes regiones”. Piña sostiene que el centralismo y el gran valor que tiene en el mercado internacional cosas como el oro o la cocaína son las que afecta directamente al medioambiente.

Asesinato de líderes ambientales

Según la organización internacional Global Witness, Colombia durante los últimos cinco años ha estado dentro de los países con más líderes ambientales asesinados. En 2018 y 2019 fue el segundo país con más muertes de líderes ambientales, solo superado por Filipinas. En ese momento se registraron 24 homicidios, mientras en el país asiático la cuenta fue de 30 líderes asesinados. Para el 2020 el panorama es aún más grave, pues Colombia ocupó el primer puesto con más de 60 líderes ambientales asesinados.

Piña explica que esto se da por algo que denomina como “empate técnico negativo”, dónde lo que ocurre es que hay varios actores armados tratando de tomar el territorio, pero ninguna lo logra. “Con esto uno se da cuenta de hay muchas armas en estos territorios, que además donde se dan los asesinatos son las zonas con mayor concentración del conflicto en el país y que al haber las bandas criminales, pues hay el dinero que paga por los asesinatos” indicó. Además, es enfático al recalcar que lo que se debe hacer ver quién es la cabeza responsable de que tanto estos asesinatos ocurran como que se haga un mal uso de los recursos naturales. “La legislación colombiana se enfoca en el hecho mismo, pero no en todo lo que hay alrededor, ni lo que lleva a que ocurra esto, entonces se persiguen a los “empleados” que realizan asesinatos o talan árboles, pero no a quién ordenó esto”, señaló.

Bomba de tiempo llamada fracking y glifosato

A pesar de lo dicho por el actual presidente, Iván Duque, en época de campaña de no permitir que se llevara a cabo la práctica del fracking en Colombia, durante sus casi tres años de mandato se han realizado varios pilotos de este método de extracción de petróleo que se basa en romper la roca que posee el compuesto, a través de la fracturación hidráulica. En el país se han presentado varias protestas de parte de expertos para que no se realice esta práctica, pues según ellos, es una actividad riesgosa que pone en peligro cuerpos de agua subterráneos, está relaciona con el aumento de actividades telúricas como temblores y terremotos y se pueden producir grandes fugas de metano que pondría en riesgo el aire que rodea a las poblaciones cercanas a los lugares de extracción.

El fracking está prohibido en varios países del mundo entre los que se encuentran Francia, Bulgaria, España, Brasil y Nueva Zelanda, debido a que estudios realizados en estos lugares mostraban las afectaciones ecológicas que podrían llegar a tener esta forma de extracción tanto a corto, como a mediano y largo plazo. Mientras tanto, en Estados Unidos, varios de sus estados avalan la práctica y afirman que si se toman las medidas adecuadas es muy poco probable que ocurra algo grave.

El principal problema de esta acción en el país es que los diferentes estudios tanto que lo avalan como los que no, están realizados en países con condiciones del suelo distintas a las que tiene Colombia. Un ejemplo de estos es el mismo Estados Unidos, pues en el país norteamericano se habla de que no hay mayor riesgo de contaminación a los cuerpos de agua subterráneos pero lo más profundo que se han llegado a extraer agua son los 400 metros, mientras en Colombia ya extraemos agua por debajo de 1.500 metros.

No obstante, se deben tener un aspecto importante en cuenta y es que Colombia basa buena parte de sus exportaciones en el petróleo y en el caso de que las reservas de extracción convencional acaben, pues solo habrá dos caminos, por un lado aceptar el fracking para poder continuar haciendo parte del mercado de los combustibles fósiles o poder darle un cambio económico al país para así poder cambiar el petróleo por otro tipo de exportaciones que no generen un potencial riesgo para la salud ni el medioambiente. 

Sobre el uso del glisofato en Colombia

En lo que refiere al glifosato, en las últimas semanas se expidió el decreto que busca permitir la aspersión con este herbicida para, según el Ministerio de Defensa, poder erradicar la gran cantidad de hectáreas de hoja de coca que existen en el país. Con esto se dio de nuevo el debate de si las extracciones manuales estaban funcionando para poder combatir el problema del narcotráfico, o si detrás de la baja inversión por parte del Gobierno al posconflicto existe la justificación de que solo con el uso de este (glifosato) se puede combatir el narcotráfico.

Diego Molano, Ministro de Defensa, explica que solo con el uso de este químico es que se puede llegar a erradicar las más de 40.000 hectáreas sembradas que hay en el país y resalta que con el uso de la nueva tecnología como los drones de aspersión se puede focalizar mucho más el uso del glifosato para así no generar afectaciones a ríos, a otro tipo de plantaciones o al mismo ser humano. Cabe recordar las razones por las cuales fue prohibido el uso de este herbicida en 2015. Fue debido a que en este año se comprobó, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el uso del glifosato tenía correlación con el desarrollo de varios tipos de cáncer. Ante esto la Corte Suprema de Justicia dio la orden de que no se podía utilizar y se suspendían todo tipo de fumigaciones en el territorio nacional.

Si bien, aún no es seguro que las aspersiones regresen, varios colectivos ecológicos hablan del desastre natural que se puede generar si se da, pues según ellos, ese químico puede alzar cuerpos de agua importantes para una región como, cañadas, ríos o lagunas y contaminarlas. A pesar de que Colombia es un país reconocido por su gran biodiversidad, no se puede negar la deuda que tiene el Estado con la conservación del medioambiente, para así poder, no solo cumplir con un tratado internacional como el acuerdo de París, sino también en busca de salvaguardar la vida e integridad de cada uno de los habitantes.