“El 13 de octubre del año pasado fui a la Fiscalía de Medellín a preguntar qué había pasado con el caso de mi hija. Ellos me dijeron: ¿ella es colombiana o americana?, y cuando yo les dije que ella era colombiana, su respuesta fue: si hubiera sido americana le hubieran ayudado, pero como es colombiana no lo harán”, declaró Olga Castillo, quien interpuso la denuncia de abuso sexual hacia su hija en el 2007.

“Es muy duro como tratan a una víctima de militares estadounidenses aquí en Colombia. Yo he vivido de ciudad en ciudad, tengo siete desplazamientos y cuatro atentados, por culpa de eso no he podido hacer una vida normal”, añadió.

De acuerdo con la madre de la víctima, los presuntos responsables de lo ocurrido: el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, estaban inscritos al Plan Colombia y hacían parte de la Base Militar de Tolemaida. Actualmente no han sido juzgados por ninguno de los dos países o una institución de justicia internacional. 

 La inmunidad de Estados Unidos ante la ley

“Distintos acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos permiten que los soldados estadounidenses que cometan delitos en el exterior solo serán juzgados por tribunales de ese país, lo cual, conlleva a que muchos casos como estos no sean resueltos.” Afirmó Fabio Hernández, abogado especialista en derecho internacional de la Universidad de Antioquía.

Según Hernández, con el fin de obtener ayuda financiera de Estados Unidos, Colombia, al igual que otros países, se suscribió en el Convenio General para la Ayuda Técnica, Económica y Afín, que formó parte de la llamada Alianza para el Progreso.

Tal convenio fue suscrito el 23 de julio de 1962, y en él se establecieron privilegios e inmunidades para los ciudadanos norteamericanos enviados en misión oficial a estos países, incluidos militares y contratistas civiles.

“Más tarde, en el año 2002, el congreso de Estados Unidos aprobó una ley que suspendía la ayuda militar a aquellos países que se negaran a garantizar la inmunidad de funcionarios estadounidenses en el extranjero”, expresó Fabio Hernández.

En agosto de ese mismo año, el gobierno estadounidense, en ese entonces a cargo de George W. Bush, le solicitó al gobierno colombiano la firma de un acuerdo para evitar que los militares de Estados Unidos que estuvieran en Colombia fueran investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI).

Ante la petición, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez respondió que el Convenio General para la Ayuda Técnica, Económica y Afín de 1962, era, a su juicio, suficiente para garantizar la inmunidad solicitada a los funcionarios estadounidenses.

La respuesta de Estados Unidos ante la negativa inicial de Colombia de firmar el acuerdo fue suspender al menos cinco millones de dólares de asistencia militar que el gobierno de tal país le iba a desembolsar al Estado colombiano en 2003.

Ante esa medida, la Cancillería de Colombia acordó un punto intermedio en el cual las autoridades colombianas sí podrían enviar a estadounidenses a la Corte Penal Internacional, siempre y cuando existiera el consentimiento previo del gobierno de ese país.

De acuerdo con el documento del caso publicado por la Presidencia de la República en 2003, el acuerdo especifica que Colombia se abstendrá de establecer una nueva inmunidad. Aunque le otorgará a las autoridades norteamericanas la atribución de decidir si un ciudadano de ese país acusado de cometer delitos de lesa humanidad en el territorio colombiano, puede ser o no juzgado por la Corte Penal Internacional.

Las heridas de las víctimas

“Mi hija tiene 28 años, pero no vivo con ella, no puedo estar viviendo con ninguna de mis dos hijas por seguridad. Por eso mismo me perdí el crecimiento de mi nieta y tampoco puedo vivir con mi mamá. Hace poco echaron candela a la casa de ella y le bajaron los tacos de la luz para asustarla por la denuncia.” Comentó Olga.

Olga Castillo afirma que, cuando se encontraba en Necoclí, después de haber sido desplazada previamente también por temas de seguridad, las Águilas Negras le mandaron panfletos amenazándola. “A mi mamá la enloquecieron de tanto llamarla para amenazarla de que quitara la denuncia y mi hija Jessica sufre de problemas psicológicos por todo lo que le pasó.”

De acuerdo con la Comisión Histórica del proceso de paz realizado en 2016, al menos 53 mujeres colombianas entre los 12 y los 23 años fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares estadounidenses desde el año 2003 hasta 2007. De esos casos, más de la mitad ocurrieron en los municipios de Melgar y Girardot, ubicados en los departamentos de Tolima y Cundinamarca respectivamente.

Así mismo, según la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), si bien existen cientos de denuncias de violencia sexual por parte de miembros de las Fuerzas Militares, algunas han sido desacreditadas por falta de precisión, mientras que otras demuestran que, efectivamente, se cometieron delitos por parte de funcionarios estadounidenses.

Según una investigación realizada por la Universidad de Antioquia en 2017 acerca del tema, tales hechos son una violación al principio fundamental de la justicia. Es decir, que muchos de los delitos cometidos por militares extranjeros hayan quedado en la impunidad es algo inconstitucional, pues no se permite que se cometan delitos en Colombia y sus responsables no sean sancionados.

En el caso de la hija de Olga Castillo, tanto el sargento Michael Cohen como César Ruiz han podido salir de Colombia libremente debido a la inmunidad diplomática de la que gozan. Además de no haber sido juzgados por la justicia estadounidense debido a la potestad que tiene este país en elegir quién, donde y cuando será juzgado por delitos cometidos en otros territorios extranjeros como Colombia.

Denuncias invisibles

“Mi hermana fue violada en 2004 por militares estadounidenses en Girardot, yo no he retirado la denuncia a pesar de las amenazas que hemos recibido, pero por eso mismo ella tuvo que salir del país; para protegerse”, sentenció Catalina Soto, familiar de una víctima quien interpuso la denuncia de lo sucedido en 2005.

“A mi hermana no solo le afectó el abuso que sufrió de adolescente, sino también el hecho de que fue grabada y esos videos fueron compartidos entre otros militares y ahí también había gente que ella conocía.” Añadió Catalina.

En el informe presentado por la Comisión Histórica del proceso de paz se afirma que muchas de las víctimas, en su mayoría menores de edad, fueron filmadas por los militares estadounidenses para posteriormente vender las cintas del abuso y compartirlas entre el personal de las bases militares.

Por su parte, tanto Catalina como Olga han denunciado las amenazas de las que afirman haber sido víctimas desde que interpusieron las denuncias. “Yo estoy hace 6 meses frente a la carpa de la embajada. Hasta diciembre estaba en Medellín porque allá tengo mi servicio médico para atender mi cáncer de mama, pero la policía me empezó a perseguir y me tocó vender todo, entregarlo y venirme para acá.”

“A pesar de los 7 desplazamientos, yo siento que estoy reivindicando el nombre de mi hija y mi familia. No tenían por qué dañarle la vida a mi hija, porque era una niña. Pero yo voy a seguir aquí mismo dando la pelea por ella”, expresó Olga, quien continua a la espera de una respuesta de la justicia ante el caso de Jessica.