Harold Wilson Muñoz era un campesino que trabajaba en una finca en la vereda de Papamene cerca a la Uribe, Meta. El 9 de agosto de 2010 era un día de trabajo como cualquier otro. El ganado se le salió al monte y Harold tuvo que bajarse del caballo en el que iba para recuperarlo, a los 20 pasos pisó una mina. “Gente civil me ayudó y no sentí un pie. Duré 24 horas en la finca antes de que me sacaran. Mis amigos me rescataron y recuerdo que en un helicóptero del Ejército me llevaron hasta Villavicencio”, cuenta el campesino quien recuerda perfectamente lo ocurrido. 

Harold llegó al hospital departamental de Villavicencio y luego de perder el conocimiento, despertó y lo primero que vio fue a un sacerdote que le cogió la mano al darse cuenta de que tenía la pierna izquierda amputada hasta la rodilla. Desde entonces afirma que su vida cambió totalmente y se vio obligado a recurrir a medidas con el fin de poco a poco recuperarse del accidente.  

El sistema de salud en muchas zonas del país es insuficiente, muchas veces si la persona no ha perdido una extremidad en la explosión de una mina no es considerada como víctima. De hecho, entre 1990 y marzo de 2016 la mayoría de las víctimas de minas antipersonal (80%) no han fallecido, sino que han sobrevivido, resultando heridas y teniendo así que continuar con las secuelas y huellas producidas por el atentado, como señala el informe del Centro de Memoria Histórica. Esta es una muestra de que la mayoría de las víctimas de las minas antipersonales quedan en condiciones de salud precarias y de que los mismos afectados afirman que el apoyo del Estado es casi nulo.  

El suplicio de la EPS

Harold ha tenido que sacar de su propio bolsillo para ser atendido por una EPS, ha debido costear su transporte y demás necesidades sin tener posibilidades de trabajo debido a su condición. Añade que ha pedido citas y se le han demorado de tres a cuatro meses para darle una simple respuesta o para agendarle espacio en el calendario. ¨Me ha tocado acudir a otras entidades como la pastoral social, mi iglesia que ha estado mucho más pendiente que las mismas instituciones de salud”, cuenta el campesino del Meta. 

Luz Dary Pineda, a diferencia de Harold no perdió ninguna extremidad de su cuerpo, pero el 63% de su oído quedó afectado y sufre de un constante dolor de estómago. El 22 de abril de 2010, Luz Dary estaba en una casa abandonada cerca a la vereda de Guadualito, Meta. Como miembro de la Junta Comunal del municipio de Vista Hermosa, la lideresa acompañó a una familia de desplazados a recibir mercados que los ayudaría a iniciar su proyecto productivo. Ese día explotaron dos minas antipersonales en el mismo lugar; la primera, en la que fue víctima Luz Dary junto con otras personas de la comunidad y la segunda en la que un soldado quedó ciego y otro falleció.  

Cuando llegaron al hospital de Vista Hermosa, el centro médico sólo atendió a las víctimas con heridas graves en el cuerpo, a las demás víctimas, como a Luz Dary, las acusaron de solo buscar plata y no las atendieron, cuenta la lideresa. Fueron en total 79 afectados ese día, pero no todos recibieron apoyo estatal para su recuperación. “Hay personas que todavía no las han aceptado en el registro único de víctimas. Primero incluyeron a 8, luego a 25, luego subieron a 45 y nos hacen falta 25 personas por incluir”, cuenta Luz Dary que le tocó poner una tutela para que la reconocieran. “Estas personas no han tenido el apoyo de la Alcaldía ni de la Unidad de Víctimas”. 

Para Luz Dary, la ayuda del gobierno ha sido precaria y los centros de salud y de recuperación a víctimas de minas no son idóneas. “El audífono me costó un millón y medio y eso hay que cambiarlo cada seis meses. A los siete meses de haber comprado el audífono el Estado apenas apareció a darme la cita con el otorrino”, comenta al respecto. Luz Dary tiene que movilizarse hasta Villavicencio, aproximadamente a tres horas de Vista Hermosa, para los chequeos médicos que le cuestan 270 mil pesos.  

En el caso de Harold, la prótesis llegó a los dos años de haber perdido la pierna. Normalmente, una prótesis hay que cambiarla cada dos o tres meses, pero las EPS las cambian cada tres años. Además, muchas veces no son hechas a la medida lo que genera dolor y raspaduras. Durante la espera del cambio de prótesis, Harold ha tenido que remendar la vieja con cinta mientras llega la nueva. 

El cuidado de las prótesis 

Incluso las mismas EPS desconocen las situaciones a fondo de sus pacientes, no se tienen conocimientos específicos sobre los distintos aparatos ortopédicos. ¨Yo debo usar una prótesis de la rodilla para arriba y me han dado de rodilla para abajo¨, dice Harold al referirse que ha sido un proceso muy complejo ya que ha sido más la ayuda de su comunidad que la brindada por las instituciones de salud del país.  

Cada caso es distinto y se deben realizar varios ensayos de prótesis para la adaptación de los pacientes. Una prótesis puede requerir cambio meses después como también dentro de varios años, afirma la especialista en ortopedia Johana Cuervo. Todo esto seguido de valoraciones necesarias y acompañamientos de fisiatría para ver el desarrollo de las víctimas.  

Son muchas valoraciones médicas las que al final hacen que los pacientes se rehabiliten de manera adecuada y tengan una prótesis óptima. Según la ortopedista, “si solo se les garantiza controles semestrales será para el paciente cómo empezar su proceso desde cero”. Esto como muestra de la deficiencia y demora del control de citas con cada paciente por parte de las entidades de salud que limita la posibilidad del progreso de cada uno de los casos.  

Minas antipersonas un mecanismo que genera control y miedo 

Lo que le pasó a Harold y a Luz Dary les ha pasado a 11.841 colombianos más, víctimas de las minas antipersonales (MAP) y de las municiones usadas sin explotar (MUSE) desde 1990.  Las víctimas, muchas de ellos campesinos, luego del suceso no vuelven a sus labores, como lo señala Harold: “Me gustaba trabajar en el campo con ganado. Era mi pasión”. En Colombia, las MAP fueron parte de la modalidad del accionar de las guerrillas con el objetivo de contrarrestar a la fuerza pública desde finales de los noventa hasta la actualidad. Estas han sido empleadas con el fin de causar daños tanto físicos como psicológicos, para ejercer control territorial y social sobre las poblaciones en territorios específicos.

El promedio de víctimas atribuibles a minas instaladas por la insurgencia fue de 87 por año durante la década de 1990-2000, el promedio que alcanzó en la década siguiente 2000-2010 fue de 726 por cada año, según señala el Centro de Memoria Histórica en su informe La guerra escondida.  

Una organización nacional

La Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales es una organización que fue creada en el 2013 y está presente en siete departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Santander y su sede administrativa en Bogotá. La idea surgió de la necesidad de organizarse por un objetivo común por el cual luchar. “Coordinar acciones para que en los diferentes departamentos donde haya organizaciones de sobrevivientes podamos tener el mismo lenguaje”, afirma Reinel Barbosa coordinador de esta organización.  

Reinel en el 2007 fue desplazado por razones del conflicto armado. Un año después regresó a su tierra en La Uribe, Meta y cayó en una mina. Por motivo de esto, Reinel empezó a trabajar en la Campaña Colombiana Contra Minas. En 2011 que se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se abrió un espacio de participación para las víctimas con la condición de que estas estuvieran organizadas y por eso crearon la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales.  

La organización le brinda ayuda y asesorías a los sobrevivientes para que cumplan los requisitos necesarios para reclamar sus derechos, además de brindar un apoyo “entre pares”.  

Uno de los temas que más trabajan es el de las pensiones a las víctimas. Esta entidad trata de que se modifiquen algunos artículos del decreto 600 en los que estipulan los criterios que debe cumplir la víctima y los requisitos de su afectación física para la pensión. “Si usted no tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral, no tiene derecho a pensión. Pero la persona que tiene el 40% de pérdida de capacidad laboral está igual de incapacitada que la que perdió el 50%. Entonces buscamos que le den el 40% de la prestación humanitaria permanente”, explica Reinel.  

Todas las víctimas que sean reconocidas, según la Ley 1448, tienen una indemnización en función del porcentaje de pérdida. Sin embargo, la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales insiste en que las víctimas tengan derecho a una ayuda humanitaria hasta que se termine su periodo de incapacidad. Como la persona está incapacitada no puede producir y eso en muchos casos significa que el hogar se queda sin la generación de ingresos. 

La precarización del sistema de salud

“No tengo ningún subsidio, ni pensión. El gobierno lo tiene a uno desamparado", comenta Harold. Luz Dary tampoco recibió ningún subsidio, le tocó pagar médicos particulares para su recuperación. Hoy en día Luz Dary es una lideresa del municipio de Vista Hermosa y una experta en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) luego de su accidente. Dentro de las ayudas de las fundaciones, se dan apoyos psicológicos a víctimas llamados “entre pares” y a familiares de las víctimas, así como también ofrecen talleres sobre ERM en varias veredas del Meta.  

En el sistema de salud colombiano, todas las prótesis y las valoraciones deben hacer parte de los planes obligatorios de salud. Sin embargo, son muchas las series de dificultades que no permiten que este tipo de pacientes sean atendidos en el tiempo pertinente. “Con valoraciones médicas tan demoradas y no simultáneas se retratan los procesos, además de que con las prótesis el proceso de reintegración de las víctimas cambia y se ve perjudicada”, añade la especialista en ortopedia, refiriéndose a los efectos del limitado sistema de las EPS.  

Actores internacionales

Muchas organizaciones internacionales como Humanity&Inclusion, anteriormente llamada Handicap International, hacen la tarea de la entrega de prótesis de buena calidad, pero no alcanzan a suplir toda la demanda. También ayudan a organizaciones municipales como Brisas de la Albania y Organización de Víctimas de Minas Nueva Alianza en Vista Hermosa. 

Sin embargo, por falta de apoyo estatal estas organizaciones de Vista Hermosa no han estado funcionando últimamente. Luz Dary, cuenta que hay una falta de compromiso de parte del Estado para suplir las necesidades de las víctimas.  

Territorios más afectados

Vista Hermosa en el Meta cuenta con 372 víctimas de minas lo que lo convierte en el municipio con mayor número en el país. El departamento del Meta es el segundo departamento con mayor número de víctimas de minas antipersonales (1.138), lo supera Antioquia (2.579) y Nariño ocupa el tercer puesto (973). Las víctimas civiles de estos artefactos explosivos representan el 39% mientras que las principales víctimas son los miembros de la fuerza pública. 

Programas gubernamentales para las víctimas  

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas creada en el 2012 es la entidad encargada de hacer efectiva la reparación a las víctimas del conflicto armado. Desde su creación, junto con el Ministerio de Vivienda, han llevado a cabo un programa de vivienda gratis en el que 37 sobrevivientes de minas se han beneficiado. 

Contactamos a esta entidad para que nos diera información sobre el número de sobrevivientes de minas que han atendido desde su creación, así como información acerca de los requisitos que debe tener la víctima para obtener sus servicios, pero no respondieron al derecho de petición. Recurrimos a una acción de tutela a la que tampoco contestaron apropiadamente con la información demandada. 

Aumento del número de víctimas

Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, las víctimas de minas antipersonales se han reducido. Colombia pasó de estar en el segundo puesto de países con mayor número de personas afectadas por estos artefactos en 2010 a ocupar la décima posición de este ranking mundial en el 2017, según el informe de La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL).   

A finales del año 2019, 391 municipios fueron declarados libres de minas en el país. Sin embargo, ese mismo año se registraron 352 casos y en lo que va del año 2020 se han registrado 54 víctimas de minas, de acuerdo al comunicado del Alto Comisionado por la Paz.