El desarrollo de la tecnología se da rápidamente y, hoy en día, las redes sociales configuran parte de la vida cotidiana de quienes las usan, incluso de su identidad. Es por ello que sus dinámicas han sido sujetos de estudio, pues temas como el sexo y la sexualidad, se despliegan ampliamente en Internet, con todos sus beneficios y problemáticas. 

La cercanía, la inmediatez y la facilidad multimedia que proporciona el Internet y todas sus plataformas, se han utilizado en ámbitos de sexo y sexualidad. Páginas pornográficas virtuales, gratuitas, disponibles 24 horas al día y siete días a la semana. Transacciones y monedas virtuales. Sitios de citas, chats grupales con extraños. Las parejas y desconocidos han querido explorar esta parte del mundo cibernético, a través de fotos, videos y mensajes que despiertan el deseo sexual y abren una nueva experiencia que se ha denominado como sexting.

Sin embargo, estas actividades no siempre terminan bien. Con el paso del tiempo, de la expansión y aceptación de estas prácticas, los riegos y consecuencias negativas se fueron haciendo evidentes. La principal ha sido el revenge porn o porno por venganza, situación en la que los contenidos compartidos se hacen públicos sin el consentimiento de quien es su autor y/o participante. La divulgación de estos productos no se hace al azar, sino que tiene una intención de dañar a la otra persona.

La Fundación Karisma, que trabaja en la promoción de derechos humanos en el mundo digital, lanzó una página web para orientar a las víctimas de crímenes sexuales cibernéticos. “Como cualquier actividad humana, el sexo cibernético también conlleva riesgo. Uno de los más claros es perder control sobre los contenidos que generamos para despertar el deseo de una personas o por atracción sexual” dice Amalia Toledo, coordinadora de proyectos de la Fundación.

Su página fundamenta el apoyo legal en el Derecho Internacional  Humanitario, que cubre a todas las personas en todos los ámbitos, lo cual incluye ahora el Internet. Aún así, hay delitos que se consagran en la ley nacional actual y en los que se ha ido trabajando para su adaptación al mundo digital. Un ejemplo de ello es la ley 1273 de 2009, en la cual se contempla la violación de datos personales, con agravantes como el abuso de confianza y la divulgación de información para el perjuicio de otro, beneficio personal o para un tercero.

Las leyes, e incluso las cifras de los estudios, están enfocados en pornografía de menores y crímenes económicos, como el skimming o el phishing, en dónde el objetivo es estafar, robar datos bancarios, particulares o empresariales. Esto se evidencia en el boletín emitido por la Policía Nacional en 2017.

Sin embargo, ahora los delitos cibernéticos y la extorsión pueden ser denunciados por Internet, teniendo en cuenta que, en ocasiones, ambas situaciones pueden ir de la mano como confirma el abogado Juan Carlos Palacios: “la extorsión es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal colombiano, y las situaciones de hecho que se presentan por medio de las redes sociales y de diferentes mecanismos cibernéticos, configuran muchas veces esta situación”.

Respecto al estado de la lesgislación actual sobre este tema, Palacios menciona que la mayor difultad “es la falta de conocimiento de los legisladores sobre los temas y sobre las plataformas que manejan los contenidos online”.

A pesar de los esfuerzos por ampliar el espectro de los delitos cibernéticos, incluír dentro de las leyes estos casos de sexting y de hacer los procesos más accesibles a través del CAI virtual, existen casos como el de Camila*.

Las historias de quienes lo vivieron

En el 2017, cuando iba rumbo a su universidad, extravió su celular. Allí guardaba fotos y videos que había compartido con el que había sido su novio hasta hace dos días atrás. La persona que se lo encontró logró tener acceso a estos archivos y pesa a que ella le pidió por todos los medios no difundirlos, esta persona le envió algunas de estas imagenes y videos a sus amigos y a su jefa.

Tiempo después, empezó a recibir mensajes desde un perfil falso, que le decía que la quería a ella, que “se te veía muy bonito ese pantalón hoy”, que las fotos estaban muy buenas y que le habían dado referencias muy positivas de ella.

Por más que intentó denunciar este caso, no obtuvo una respuesta satisfactoria o efectiva de las autoridades. “Busqué por Internet el número de la Policía y llamé, pero no obtuve respuesta. Me decían que ahí no atendían esos casos y que debía ir a la Fiscalía con todas las evidencias… era de noche y no podía dormir de pensar en eso”, asegura la joven estudiante.

Al día siguiente se dirigió a la Fiscalía para interponer la demanda y al quedar registrada, le dijeron que la citarían para mostrar la evidencia. A pesar de esa promesa, a ella nunca la citaron y el caso fue empeorando. Tuvo que recurrir a una de sus primas y a una amiga de ella que trabajaba en la Dijin, para que el caso pasara a un investigador.

“Le exprese mi caso y de inmediato me recibió la demanda, me explico varios parámetros y posibles consecuencias del tema. Tuve que darle mis claves de todo, decirle quiénes son mis amigos, mi familia, contarle toda mi vida. Él me dio un instructivo que debía seguir, no podía estar sola en ningún momento, debía cambiar todos los días el camino a casa, a la Universidad. No contarle nada a nadie, pasarle un reporte diario a él sobre mis actividades. Y además de eso, mi celular iba a estar ‘chuzado’ por él”, narró Camila sobre su agotador proceso.  

El caso se iba a tratar a través del delito de extorsión, por lo que intentaron ponerle citas y ofrecerle dinero, pero esta persona nunca cedió y el operativo no se pudo llevar a cabo. “Ahí quedó el caso, el man dejó de escribir, y el investigador no podía hacer más nada. Me explicó que se cuenta como extorsión si hay de por medio dinero. Aunque el man me extorsionaba con ‘sexo’ no es válido judicialmente”.

El caso de Camila se asemeja al de Daniel*, en el que una mujer con quien había salido e intercambiado algunas fotos y videos anteriormente, le envió este contenido a la persona con la que actualmente empezaba una relación. “Mi hermano al trabajar en la Fiscalia habló con un abogado y le pusimos un citatorio”. Al presentarse allí, esta mujer debió borrar en frente de Daniel los videos y fotos.

Felipe* también fue víctima de los delitos cibernéticos sobre sexting. Su novia le pedía insistentemente fotos de contenido sexual, con lo que él no se sentía muy cómodo. Ella le decía que habían muchos más hombres que le darían las fotos sin tener que pedirlas de esa manera. Por esta razón se sintió presionado y decidió hacerlo. Alrededor de un año de relación, él descubrió que su novia le era infiel, por lo que acabó con la relación.

“Ella me buscó y en una ocasión me agredió tan fuerte que tuve que ir al médico después”. Al ver que él tomó una postura firme ante sus amenazas, esta mujer decidió enviar las fotos íntimas que tenía de Felipe a sus amigos y familiares a través de perfiles falsos en Facebook. Además, las publicaba en su biografía de esta plataforma, las enviaba en correos electrónicos a personas de su universidad e incluso llegó a imprimir las fotos y mensajes para colocarlas en el conjunto residencial de Felipe. 

“Puse una denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía, pero aún anda en curso desde hace casi dos años. Otra acción legal que tomé fue una tutela para obligarla a reconocer mi propiedad sobre las fotos así ella las tuviera en su poder, y darles así como una propiedad intelectual y obligarla a pagar una pena por cada vez que ha usado las fotos o en caso de que las vuelva a usar”. Así, se añadieron también agravantes sobre la honra, apropiación inadecuada de propiedad privada y perjuicio.

¿Qué dicen los expertos?

Frente a estos casos, Amalia Toledo -coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma- subraya que estas situaciones tienen una distinción de género, pero en ambas partes, se basa el sexismo y el machismo como problema fundamental. “Sufren más las mujeres, por los obstáculos estructurales y basado en prejuicios de género que dictan que las mujeres no debemos disfrutar de nuestra sexualidad. No obstante, los hombres también pueden ver consecuencias negativas de estas prácticas, si el contenido del que perdieron control se usa para atacar lo que se entiende como una masculinidad tradicional”.

En el caso de Camila se evidencia el impacto de la opinión. Dice que a pesar de tener un grupo de amigos y familia muy consciente y solidaria, personas como Martha, su jefa, “estaba super indignada, me recriminó, me trató como la peor mujer e intente explicarle que había sido víctima de robo pero ella lo pasaba por alto. Solo le parecía terrible que yo me hubiera grabado”.

Por su parte Felipe cuenta que su familia “al principio estaba muy reacia” porque “muchos de ellos pensaron que yo era un morboso o un degenerado y mis papás tomaron bastantes represalias en contra mía. Mis amigos me apoyaron bastante y otros, al ver que yo era la burla, me dejaron de hablar o simplemente se fueron de mi lado y quedé tan solo con un par de ellos”.

Toledo explica que el sexismo y el concebir al sexo y la sexualidad como un tabú son las principales dificultades en este tema porque se sobrevalora el tema del consentimiento dentro de esta conversación.

Acerca del factor de tiempo de acceso a los procesos judiciales, así como también los de respuesta por parte de las entidades encargadas, el coronel Marco Aurelio Bolívar, presidente de la Corte Penal Militar, dice que sí se requiere cierto tiempo en estos procesos para “identificar responsables porque los delitos los pueden cometer desde cualquier lugar del mundo, tan solo desaparecen o mutan la identidad, y las autoridades quedan en cero”.

Sobre este punto el abogado Juan Carlos Palacios concuerda y admite que hay una dificultad respecto a este factor pero que los procedimientos de seguimiento y peritaje son necesarios para conseguir resultados satisfactorios.

¿Hacia dónde se dirige el tema?

En el debate que se llevó a cabo en la Corte Constitucional sobre libertad de expresión en las redes sociales, los representantes de Google y Facebook, Lorenzo Villegas Carrasquilla y Luis Alfredo Barragán, respectivamente, hicieron hincapié en que estas empresas solo proveen las plataformas.

Es decir, sus administradores no tienen una responsabilidad directa sobre los actos delictivos. Sin embargo, el representante Facebook aclara que tiene en cuenta que su plataforma corre con estos riesgos, por lo que es muy clara en su politica sobre el manejo del contenido.

El coronel Bolívar concuerda en este aspecto, pues “tan solo son servidores, prestan un servicio al público que mal utilizan algunos usuarios. Sin embargo son empresas que están atentas para bloquear cuentas cuando se detectan anomalías”

Por su parte, el abogado Palacios resalta una cosa adicional y es que las plataformas virtuales “no realizan controles eficaces a los usuarios de dichas plataformas”, lo cual dificulta la labor de las autoridades y propicia los actos delictivos, como sucede con los perfiles con identidades falsas en Facebook.  

En otros países, como Estados Unidos, el sexting es tema de debate en las altas cortes, llegando a realizar una normatividad que tenga en cuenta las especificidades del tema. En países latinoamericanos, como es el caso de Chile, la discusión sigue abierta y, por el momento, se reportan casos masivos como el de Nido.org, página en la que se compartían fotos íntimas, documentos personales y de indentidad, con el fin de hostigar a dichas mujeres.

En Colombia el debate sigue abierto. La Corte Constitucional ha construido espacios para intentar comprender mejor el tema y así hacer una mejor adecuación de las leyes. Otras organizaciones y personas empiezan a darle importancia a estos temas, a hablar al respecto y traer la atención sobre un tema que ha sido muy poco tratado y que es más bien reciente, pero fundamental. Mientras tanto, las víctimas seguirán esperando que se les dé una respuesta oportuna y lo más pronto posible, así como también que hayan mejoras en el sistema judicial, para que el acceso y las respuestas sean más rápidas y eficaces.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las víctimas