La ampliación de la estación de Transmilenio de Alcalá, que fue entregada el 14 de julio del 2012, se realizó con estudios y diseños que el Instituto de Desarrollo Urbano nunca aprobó. Los documentos, que debieron ser entregados para su aprobación el 30 de julio de 2011, llegaron a manos del IDU el día 29 mayo de 2012, un mes y medio antes de la culminación de las obras.
Las fallas en la dirección del proyecto no fueron únicamente por parte del IDU, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), entregaron información que no correspondía con lo encontrado en los procesos de construcción. En el caso de la EAAB, la red matriz de agua del sector no se encontraba ubicada en el lugar que los planos especificaban. Un caso similar ocurrió con la ETB, ya que, por ejemplo, una cámara de conexiones telefónicas que fue encontrada durante la excavación, no estaba representada en documentos.
Otra irregularidad se presentó con la implementación del nuevo puente peatonal, ubicado al lado sur de la estación. Durante el primer montaje, diferentes factores técnicos fallaron y el puente tuvo que ser desmontado. Tras la rectificación de los aspectos técnicos, el puente fue montado nuevamente y entró en operación el día 14 de julio. Pero solo hasta el día 18 de julio fueron entregados los primeros resultados de la “prueba de carga” a la cuarta sección del puente, “una prueba necesaria para determinar si el puente puede o no ser articulado”, afirma Luis Miguel León, ingeniero de Concrelab LTDA. La segunda parte de los resultados fueron entregados el día 25 de julio, es decir, nueve días después de que el puente comenzara su funcionamiento.
Frente a estas falencias expuestas, el IDU plantea en el Informe Visita Fiscal del Contrato de Obra Nº 004 de 2011 que “…es usual que se presenten situaciones y exigencias que sólo se detectan y presentan al momento de realizar los estudios y diseños de detalle y durante la ejecución de la obra”. Si bien la Contraloría reconoce que situaciones como la expuesta se dan dentro del desarrollo de una obra, en el mismo documento se indica que el ente de control considera que el argumento no justifica el hecho de que los planos definitivos hayan sido entregados un mes y medio antes de culminar el proyecto.
Un hecho que ratifica la mala gestión del IDU y del interventor, es que nueve meses antes de que la obra finalizara, la Contraloría de Bogotá redacto un documento bajo el nombre de “Informe Final de Auditoría Especial Abreviada” en el mes de noviembre del año 2011. El documento en el punto 3.1.6 destaca que “por una deficiente planeación y cuidado en la ejecución del contrato ha ocasionado dilaciones, omisiones e inconsistencias que han afectado de manera grave la ejecución del proyecto”. Por otra parte, dichas falencias no sólo generaron un retraso de 9 meses en la obra, en la revisión fiscal adelantada por el ente de control se muestra que hubo un incremento del 49.23% en los costos del proyecto, producto de la gran cantidad de obras adicionales que surgieron conforme se desarrollaban los estudios y la construcción.
Además, el mismo documento demuestra que el problema relacionado con los diseños y estudios ya había sido advertido al IDU: “la tramitación de las licencias, permisos y productos de diseños debieron estar terminados, antes de dar inicio a las obras, como procedimiento natural para la ejecución de las obras contratadas”, argumenta la Contraloría.
