Ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se presentó, el pasado 25 de febrero, un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el 2020. En este se evaluó la seguridad, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad en el país. Además, se pasó revista sobre la implementación y el cumplimiento de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016. “Colombia continúa enfrentando violencia endémica (…) hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no-estatales y grupos criminales”, afirmó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), encargada de la realización y presentación del informe.

Dicho documento también reveló la ausencia del Estado en las regiones del país que registran altos niveles de pobreza y gran presencia de economías ilícitas dirigidas por grupos armados y bandas criminales. Cauca (53,71%), Chocó (54,31%), Putumayo (42,8%) y Valle de Cauca (45,17%) son los departamentos más afectados, según la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que registró la Policía Nacional. Respecto a esto, el ACNUDH denunció que el gobierno está incumplimiento con su deber de proteger a la población de estos sectores, teniendo en cuenta que allí se llevaron a cabo el mayor número de masacres y violaciones a los derechos humanos, particularmente contra líderes y defensores.

Para El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una masacre es “el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (tres o más personas) en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”. Del mismo modo, explica que el objetivo de este acto en Colombia es el de controlar poblaciones, territorios, riqueza y poder. Su herramienta principal es el terror criminal.

¿Por qué aumentaron las masacres?

Para el Gobierno de Iván Duque, las causas de estos “homicidios colectivos” son la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Por ende, sus esfuerzos para combatir la problemática están dirigidos a la erradicación y sustitución de cultivos. “Esos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos”, resaltó el jefe de Estado el pasado 22 de agosto en su visita al municipio de Samaniego, Nariño. Por otro lado, expertos en el conflicto armado contradicen los argumentos del mandatario al explicar que la problemática principal no es el narcotráfico. Por su parte, Arguyen que debe darse importancia a las disputas entre grupos ilegales por el dominio de territorios en los que la presencia del Estado es precaria. “Luego de la firma del acuerdo el conflicto mermó y hubo una tranquilidad en el Chocó, pero el estado no hizo presencia ni implementó lo que tenía que implementar y eso generó que el ELN y otros grupos llegaran y se disputaran por el control de la zona”, afirma Juan Carlos Palacios, líder social de la región, en entrevista con Plaza Capital.

Alexa Rochi, excombatiente del frente Yari de las FARC-EP, concuerda con esta noción de la falta de una presencia integral del Estado al explicar el auge de las disidencias tras la firma del Acuerdo de Paz. Según ella, esto comenzó como un grupo pequeño, pero creció por la falta de seriedad del gobierno para implementar lo acordado en la negociación. “Hasta que no haya un gobierno que le interese la paz de este país, no habrá cambios. Todo el mundo sabe que la guerra es un negocio”, critica.

SOS para los líderes sociales

En 2017, las situación que se vivía en el barrio Mirador de Suba de Quibdó era muy precaria. Las calles no estaban pavimentadas, ni contaban con energía eléctrica. Por si fuera poco, una señora se hacía pasar por la dueña del terreno para cobrarles sumas de dinero a los habitantes, que en su mayoría eran desplazados. Pero el arcoíris siempre sale después de la tormenta.

Un hombre, en su papel de líder social, empezó a apostarle a la comunidad; al punto de ser nombrado presidente del barrio. Emprendió labores para lograr la pavimentación de calles, la construcción del alambrado público y la adquisición de transformadores en los hogares. Pero lo que para el barrio eran señales de luz, para el protagonista de la historia eran indicios de oscuridad: por sus obras empezó a recibir llamadas que decían que si seguía gestionando obras en el barrio y ayudando a la gente, se iba a meter en grandes problemas. A pesar de esto, no detuvo su labor social y siguió sacando la cara por su gente. Entonces gente armada empezó a buscarlo en la casa. “Gracias a Dios yo no estaba, siempre estaba mi señora (…) Nos tocó salir del barrio por una larga temporada, a eso de las 9 de la noche, escoltado por la policía”, reveló su testimonio anónimo, en diálogo con Plaza Capital.

Después de seis meses, regresó al barrio y las obras sociales volvieron a nacer. Construyó una cancha de futbol y regaló balones y uniformes deportivos. También fundó un club de ajedrez. Y así, desarrolló múltiples actividades lúdicas para entretener a la población y alejarla de las bandas delincuenciales. Ya era 2018 y resurgían brotes de esperanza. Sin embargo, los bandidos seguían entrando y saliendo del barrio en busca de niños para reclutar. Entonces, los esfuerzos del líder se concentraron en no permitir que entraran a su comunidad. Pero una vez más, crecieron las amenazas por sus actos. Recientemente desocuparon su casa, robándole desde el equipo de sonido, hasta los papeles de la junta de acción comunal.

Este es el reflejo de los miles de casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados y asesinados por cumplir la labor social de ayudar a sus comunidades, que se considera como actividad de alto riesgo. Llama la atención que el informe de la ACNUDH vuelve a advertir que las zonas más azotadas por la violencia son donde la presencia del Estado es insuficiente, y que los asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos también son evidencia de eso: “72% de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca; 91% en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94% en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica y 96% en municipios con economías ilícitas”, documenta el informe.

Juan Carlos Palacios, líder social y defensor de derechos humanos, explica que los grupos al margen de la ley buscan manipular a los líderes por su influencia en las comunidades. Los obligan a coaccionar a la población que representan, para que acaten las reglas que imponen estos actores armados, sin oponerse. Y extrapola esta problemática a un caso reciente ocurrido en una comunidad de Riosucio, donde sus líderes se vieron entre la espada y la pared, cuando llegó la noticia de que el Ejército iba erradicar los cultivos de coca del sector. Los grupos al margen de la ley optaron por colocar a la comunidad como escudo para que los militares no pasaran o atacaran. Entonces el líder se encontraba en el dilema de confrontarlos y convertirse en objetivo militar, o ser parte de la cadena de narcotráfico.

“Somos objeto de amenaza y asesinato por decir la verdad o por defender nuestro territorio y a su comunidad. Los grupos armados a menudo oprimen a defensores de derechos humanos e intentan utilizarlos, bajo coacción, para imponer sus propias ‘reglas’ en las comunidades”, resalta Juan Carlos.

#NosEstanMatando es el epitafio de los excombatientes

La persistencia de asesinatos de excombatientes de las FARC-EP llamó la atención del Sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Por lo que, en agosto de 2020, emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación por los hechos delincuenciales. Aun así, siguen si avistarse cambios, ya que en lo corrido del 2021 se registran 10 asesinatos a excombatientes, para un total de 258 desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

La Revista Semana investigó las diversas causas por las que se están asesinado a los excombatientes de las FARC-EP y concluyó que esto no solo se debe a su calidad de ex miembros de la guerrilla. Factores como su participación en política con el partido Comunes y los ajustes de cuentas por flujo de estupefacientes y nexos con estructuras criminales, también deben incluirse en la lista de motivos. No obstante, Alexa Rochi resalta que “la razón es la negación del gobierno a cumplirle al acuerdo de paz. El gobierno no da medidas de seguridad para hacer política”, y recuerda que la campaña de Iván Duque le declaró la guerra al acuerdo de paz.

La excombatiente de las FARC narra como recibe constantes amenazas por redes sociales. “Hace poco un tipo me escribía por Twitter ‘démonos cita y nos damos bala’”, nos confiesa esta excombatiente. Además, explica que tiene que estar en constante alerta y no tiene mucho contacto con sus ex compañeros de las FARC-EP, porque cuanto más gente sepa donde vive, su vida correrá más riesgo. En una ocasión, le panfletearon una casa donde residía.

Recomendaciones internacionales

El ACNUDH formuló un total de 17 sugerencias para que el Estado pueda hacerle frente a la problemática. Entre las que se destacan la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, una presencia integral del Estado en el territorio nacional y el deber de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte una política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales. Desde que el ACNUDH comenzó a registrar datos en 2014, se ha mostrado un aumento en las masacres, los asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, los feminicidios y las demás formas de violencia.

El 2020 el año es uno de los más violentos dentro de este lapso. Y el 2021 parece seguir esta tendencia creciente a través de los años. A menos que el gobierno tenga en cuenta las sugerencias presentadas, redireccione su labor y fortalezca los esfuerzos para hacerle frente a los grupos al margen de la ley y a las bandas criminales