Indígenas Zenú siguen a la espera que se les devuelva la EPS Manexka

Martes, 31 Octubre 2017 16:54

Desde finales de junio se encuentran acampando frente a la Superintendencia de Salud pidiendo que se cumpla el fallo que ordena devolver la empresa.

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Una comisión enviada por la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre, conformada por 78 indígenas, se asentaron desde el pasado 25 de junio al frente del edificio World Bussines Center, lugar donde se encuentra una de las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud en Bogotá. Duermen en carpas y se mantienen a la espera de una respuesta por parte de las entidades a las que han acudido como la Procuraduría General, la Alcaldía de Bogotá, la Personería Distrital, la Fiscalía General y las ONG.

Incluso, durante el mes de septiembre acudieron también al Episcopado y al Nuncio Apostólico teniendo en cuenta la visita del papa Francisco a Colombia. Sin embargo, no han logrado recibir soluciones por parte de ninguna de estas entidades. Como afirma José Suarez, uno de los indígenas que se encuentra en el campamento, “parece ser que nosotros como indígenas lo único que encontramos es indiferencia en esta ciudad”.

Las personas que se encuentran en este lugar, formaron este campamento con la intención de protestar y exigir el cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que le ordena al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, la devolución inmediata de los bienes embargados a la EPS Manexka y de sus más de 200.000 usuarios.

“Una de las conquistas más importantes que han logrado los pueblos indígenas es, en cierta medida, su autonomía”, explica Albrey González, abogado y apoderado del cabildo, refiriéndose al manejo que tienen estos pueblos en sectores como salud y educación. “Dentro de ese manejo”, continúa, “ellos construyeron una empresa, fruto del esfuerzo colectivo de la comunidad Zenú, hace aproximadamente 18 años, constituyeron una asociación de cabildos que se convirtió en entidad promotora de salud, llamada Manexka”.

De esta empresa también se desprenden una serie de IPS que son producto de la asociación y del trabajo colectivo de los cabildos de los resguardos indígenas. La importancia de esta EPS para los pueblos indígenas Embera y Zenú radica en el hecho de que, como sigue argumentado su abogado, “tenía 20 años de conocimiento de sus comunidades y llegaban a las comunidades más apartadas”. Manexka lograba llevar atención en salud a los indígenas Embera, una comunidad muy distante, que también se encuentra ubicada en Córdoba.

No obstante, desde el año pasado, esta empresa empezó a ser cuestionada e investigada por la Superintendencia de Salud. Fue puesta bajo una medida de vigilancia especial que duró seis meses y consistió en una serie de disposiciones tendientes al mejoramiento o la recuperación cuando en los informes se encuentran factores críticos en entidades promotoras de salud. 

La orden de liquidación de la empresa fue emitida a través de la resolución 527 de 2017 el pasado 27 de marzo, después de realizarse una serie de auditorías y conocerse el informe elaborado por el contralor enviado desde la Superintendencia para efectuar la medida de vigilancia especial de la EPS Manexka. En la resolución, se aclara que la asociación de cabildos debía presentar un plan de acción que remediara las situaciones críticas halladas en las auditorías; pero este plan de acción, presentado por el cabildo, nunca fue aprobado.

En consecuencia, la liquidación siguió en pie y los usuarios que pertenecían a Manexka fueron trasladados a otras entidades como Mutual Ser, Cajacopi, Nueva EPS, Coosalud y Comfasucre.  Entidades que, como lo afirma el abogado y apoderado del Cabildo, Albrey González, no conocen a estas comunidades y han causado muchos traumatismo entre la población. “No solamente el tema de la atención en salud, sino el tema de acabar una estructura propia del pueblo indígena. De estas empresas dependían cerca de 2700 personas”.

Luego de la orden de liquidación, la asociación de cabildos decidió interponer una tutela ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería, que fue fallada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Departamento de Córdoba a favor del cabildo indigena. Esta tutela fue interpuesta “porque el señor superintendente desconoce la consulta previa que debe realizarse cuando se va a tomar una decisión administrativa que afecte a comunidades indígenas". Este derecho a la consulta previa está ratificado por la Corte Constitucional en la Ley 21 de 1991 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los miembros de las comunidades Embera y Zenú argumentan que este derecho fundamental de los pueblos indígenas fue violado por el superintendente al liquidarse la EPS sin haber concertado o consultado la decisión con los cabildos, quienes son las autoridades de estos pueblos, como explica el gerente de Manexka, Saúl Luca. Además no se les permitió defenderse de las acusaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El superintendente, Norman Julio Muñoz, quién ya fue sancionado por desacatar los fallos de los tribunales de Montería y Córdoba, según denuncian los indígenas del campamento y su abogado, “tendría un interés en que desaparezca esta estructura”. Por el hecho de que Manexka es una “estructura que ha venido creciendo al interior de la comunidad y que se estaba convirtiendo en una amenaza para los políticos del departamento de Córdoba, especialmente, en donde esta empresa tiene su mayor asentamiento”.

Es por esto que para los cabildos, “el superintendente no ha obedecido a criterios técnicos, y no ha actuado de conformidad con criterios y con elementos de orden técnico y legal”, explica Albrey González. En estas decisiones tomadas por el superintendente “no hay un interés de tipo proteccionista de la salud de los afiliados ni de tipo técnico (...) sino que viene de intereses netamente políticos de querer acabar la estructura en salud del pueblo Zenú”.

Por último, expresa la intención que tienen las autoridades indígenas y los trabajadores, usuarios y directivos de Manexka de llevar estas denuncias penales contra el superintendente a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Todo esto por causa de las muertes y las afectaciones en salud de los pueblos indígenas, causadas por la falta de atención médica y el desconocimiento de las comunidades, producto de la liquidación de la EPS Manexka.