El pasado 24 de diciembre, el presidente Iván Duque expidió el decreto 2362 que prohibirá el uso y porte de armas durante otro año. Este documento contiene un nuevo parágrafo que autoriza a los ciudadanos a armarse por razones de “urgencia y seguridad”, punto que ha generado un fuerte debate.  

Según el Ministerio de Defensa, actualmente existen tres tipos de permisos para portar armas: “El de tenencia, que consiste en mantener el arma en un inmueble declarado con una vigencia máxima de diez años; el permiso para porte, que autoriza al titular a llevar consigo un arma y el permiso especial expedido para la protección de misiones diplomáticas o funcionarios extranjeros legalmente acreditados”.

César Augusto Niño, experto en seguridad y defensa, considera que los primeros dos tipos de permisos son preocupantes, puesto que le permite a los ciudadanos comunes puedan portar armas en sus bolsillos o en sus carros. Sin embargo, lo más inquietante no es quiénes usarían las armas sino en qué momento y cómo las utilizarían.

Gerardo Martínez, guarda de seguridad de un conjunto residencial en el norte de Bogotá comparte esta afirmación: “ahora las personas utilizan las armas para delinquir y no para defensa propia, entonces el peligro que pueden generar depende de las formas en cómo las utilizan ”.

Además de lo anterior, el analista plantea que primero hay que entender si efectivamente el porte de armas es directamente proporcional a la violencia y al conflicto en la sociedad, de lo contrario, el decreto estaría apelando a unos principios contraproducentes en término sociales y de resolución de confrontamientos.

"Obtener una ciudadanía armada podría generar unas implicaciones en la seguridad ciudadana, ya que no hay una simbiosis entre armas y ciudadanos, en ese sentido, el porte de armas puede abrir una caja de Pandora en cuanto a que podamos tener más repercusiones de violencia de las que veníamos presentando en el país", explica Niño.

Creación de comités para la expedición de porte de armas

El decreto crea nuevos comités para la expedición de porte de armas, los cuales estarán integrados por cinco personas, entre ellos, el jefe de Estado Mayor de los batallones donde se haya hecho la solicitud, es decir, el comandante de la Brigada. Sin embargo, la inclusión de militares en dichos comités ha generado otra controversia porque su función es la protección y soberanía constitucional del Estado y la defensa de la Nación.

Para Niño, el porte de armas es considerado como un tema de orden público y, en ese orden de ideas, es una materia de la que se debe encargar la policía en sentido estricto de la situación porque son quienes se encargan de controlar y vigilar a los ciudadanos.

Un miembro de la Fuerza Pública, quien pidió no revelar su nombre, dialogó con Plaza Capital sobre el asunto. A su parecer, los agentes de seguridad pública son quienes deberían formar parte de este comité porque las fuerzas militares no saben ni conocen de primera mano cómo es la delincuencia en la vía pública.

Pese a que no está de acuerdo con armar a la ciudadanía, Niño cree que, de crearse estos comités, deben estar conformados por policías, médicos acreditados en temas de salud mental y, por último, jurados de revisión ética.

¿Doble discurso?

Una de las razones por las que se cree que se flexibilizó la restricción al porte de armas fue por un documento firmado por más de 50 representantes del Centro Democrático y del Partido Conservador en el que piden que se modifiquen los permisos de porte armas debido a que “hay ciudadanos respetuosos de la ley y bajo constante amenaza que están pasando por una situación delicada”.

Según el experto, la flexibilización del decreto lo está llevando un doble discurso. “Por un lado, que no es capaz de brindarle seguridad a su ciudadanía y hay que delegar las funciones de seguridad a los propios ciudadanos, o dos, el Estado reconoce que hay un alto vacío en la presencia estatal en muchas zonas del país”.

Adicional a lo anterior, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, firmante de la carta que pedía la flexibilización del uso de las armas aportó un ejemplo para justificar su petición durante una entrevista en la W Radio: “En el Huila los compradores de café tienen que ir a 37 municipios a comprar en efectivo y muchas veces tienen problemas con la delincuencia, con grupos criminales o grupos armados”.

Niño considera que armar a estas poblaciones sería una especie de suicidio inducido por parte del Estado: “Este decreto y esas autorizaciones para mi gusto, y en sintonía con esas reflexiones que han hecho algunos sobre la materia, efectivamente motivaría a la construcción de nuevos ejércitos y operadores de seguridad de manera privada, que acrecentaría nuevos conflictos territoriales, sociales y de orden público”.

Compra de armas ilegales

Según la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), en el 2016, cuando se firmó por primera vez un decreto de prohibición de porte de armas por un año, se registraron 11.532 casos de homicidio, con respecto a los 11.585 del 2015. En el 2017 se reportaron 11.373, la cifra más baja en 40 años y, por último, en el 2018, antes de la inclusión del nuevo parágrafo, se registraron 12.458 homicidios.

De acuerdo a estas cifras, el investigador analiza que el Estado lo que hace con la flexibilización del decreto es justificar tanto autorizar el porte de armas para mantener los índices de homicidios como brindarle seguridad a los ciudadanos mediante la posesión de estas.

Sin embargo, el Estado no estaría teniendo en cuenta que los nuevos protocolos generan una tipificación y más controles sobre individuos que quieran acceder a armas, por lo que se estaría estimulando el crimen organizado y el mercado negro frente a la venta de estas de manera irregular.

A su vez, el docente asegura que el precio de las armas y los nuevos protocolos incentivan la compra en el mercado negro: “podemos ver cuánto vale una pistola de fabricación en Indumil, debe costar alrededor de cinco millones de pesos para un ciudadano que pase estos filtros de seguridad, contra cuánto vale una pistola de estas en un mercado negro, y mi tendencia es pensar que es mucho más barata, además de que no requerirá este tipo de protocolos y permisos para su porte y tenencia. Así que el ciudadano que quiera hacerse de estas armas no va a hacer los trámites con el Estado sino ir directamente al mercado negro”.