Desde el comienzo de la crisis económica en Venezuela en el 2015 bajo el gobierno de Nicolás Maduro, miles de venezolanos abandonaron el país para migrar hacia diferentes países de Suramérica, entre ellos Colombia. La migración no cesa y la llegada de venezolanos al país aumenta con el paso del tiempo. Actualmente, según un informe de Migración Colombia, en el país hay 935.593 venezolanos siendo Bogotá la ciudad con mayor concentración, al acoger el 25% de esta población.
Para mayor información, consulte el informe de Migración Colombia
Hoy es común encontrarse con un ciudadano del vecino país en cualquier lugar de Colombia. Sin embargo, hay una cara oculta durante este éxodo, el de las familias en condición de irregularidad que debieron migrar para asegurar el bienestar de sus hijos en un país donde se sienten extranjeros y ajenos a su sociedad. Tan solo en Bogotá, según un informe realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS); para en mayo de 2018, se identificó que, de 5.509 hogares en condición de vulnerabilidad, el 91,2% eran de origen venezolano.
Asimismo, Humberto Velázquez subdirector de control migratorio de Migración Colombia, asegura que Bogotá es el destino preferido por muchos venezolanos para establecerse en el país. En su mayoría, llegan sin un trabajo estable y por ello se ven obligado a trabajar como vendedores ambulantes en el transporte masivo o en las calles en compañía de sus hijos, mientras tratan de regularizar su estatus migratorio o su condición económica.
Las jornadas de regularización permiten que los venezolanos, que se encuentran en el país de forma irregular, ya sea por vencimiento del tiempo de permanencia o porque ingresaron sin autorización, formalicen su situación. Para ello, el Gobierno y Migración Colombia implementaron el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que busca regularizar el estado migratorio de estos venezolanos ante el Estado. Esto con el fin de facilitar el acceso de los migrantes a los beneficios brindados por el Distrito y mejorar sus condiciones de vida durante su permanecía en Colombia.
Con un total de 74.393 migrantes que han accedido al PEP, Bogotá también ocupa el puesto de la ciudad con mayor número de migrantes regularizados por este mecanismo. Ese es el caso de Rixon y Kriseni, una joven pareja que lleva viviendo en Colombia hace más de un año sin encontrar estabilidad laboral. Ambos tienen un hijo de año y medio, a quien llevaron a pie durante su recorrido por Cúcuta y Pamplona, en el Norte de Santander, hasta llegar a la capital del país para mejorar su calidad de vida. Actualmente, los tres hacen parte de los 92 mil venezolanos censados y registrados dentro del programa del PEP por Migración Colombia.
La irregularidad aún hace parte de la crisis
La urgencia y la esperanza de encontrar nuevos comienzos en los países vecinos llevan a que muchas familias se sometan a la travesía para salir de Venezuela, por medio del imponente río Táchira y finalmente llegar al otro lado de la frontera. Muchos de ellos, sin la documentación requerida, que muchas veces es difícil de obtener, debido a los procesos legales en Venezuela. Una realidad que se refleja en historias como la de Daniel y su familia, compuesta por su esposa y su hijo, quienes se vieron obligados a migrar hasta llegar a Bogotá. Una familia venezolana que, entre muchas, llegó al país a través de “la trocha” o el paso no autorizado por el que miles de venezolanos ingresan a Colombia.
“La trocha”, es el termino usado por los migrantes para referirse a todos los caminos rurales que son cruzados a pie hasta el otro lado, debido a la falta de recursos para costearse un transporte; o por la dificultad de tramitar sus papeles y pasar por la frontera entre Cúcuta y San Antonio. Como su nombre lo dice, son recorridos de largas caminatas entre polvo y el agua del río Táchira para evadir los controles oficiales y poder cruzar la frontera, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.
Entonces, a pesar de los esfuerzos estatales, la irregularidad también forma parte del panorama migratorio al interior del país, tan solo en Bogotá se identificaron 43.483 migrantes venezolanos con un estatus migratorio irregular. Además, se han encontrado más de 50 mil ciudadanos venezolanos en esta condición en todo el país, según informes de Migración, desde enero hasta el mes de junio de 2018.
Los niños: la inocencia en medio del éxodo
La situación económica también afecta a los menores de edad que se ven obligados a buscar nuevas oportunidades para el futuro. En la frontera, según Humberto Velázquez, existe un grupo de niños migrantes que, desde los quince hasta los diecisiete años, ingresan al país con un destino fijo. Es decir, tienen algún familiar que les espera al otro lado y aunque, algunos viajan solos, lo hacen con la certeza de que en Colombia encontraran en su familia una mano amiga.
Sin embargo, para todos los niños no es así, especialmente para los menores de quince años cuyos padres ingresan sin ningún tipo de documentación para “aventurar” o para buscar empleo en Colombia. Así, los menores también en entran bajo un estatus de irregularidad al país. A partir de las cifras obtenidas por Migración Colombia, del total de migrantes venezolanos ubicados en Bogotá, un 25% corresponde a menores de edad. Entre los cuales, 4.156 niños y niñas desde los cero hasta los cinco años se encuentran con un estatus migratorio irregular dentro del país.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 100 de la Constitución Política, los colombianos y los extranjeros deberían gozar de los mismos derechos. Según María Teresa Palacios, directora del grupo de investigación de DD.HH. de la Universidad del Rosario, en Colombia como país de destino de los migrantes, debe de existir un trato especial para la protección de los derechos de los niños y niñas.
Por ello, el Estado estaría obligado a proteger los derechos fundamentales de los menores. Estos derechos básicos incluyen la educación, la salud, la familia y no ser víctima de tortura o maltrato en el país. “No importa si la persona es regular o irregular, hay derechos que se derivan por la propia dignidad humana y no pueden depender de un permiso de permanencia”, aseguró Palacios.
La educación: un derecho básico
Sandra Tenjo, funcionaria de la Secretaría de Integración Social (SDIS), aseguró que los niños y niñas pueden acceder a estos servicios sin necesidad de que ellos, o sus padres, cuenten con un estatus regular migratorio. De acuerdo con el Sistema de Información Misional SIRBE, en el año 2017 y lo corrido del 2018, hasta el 30 de julio se han atendido 1.214 niños y niñas en los jardines de integración social que reciben menores desde los cero hasta los tres años. Siendo Suba, Kennedy y Bosa las localidades en donde se presenta mayor demanda de los servicios que presta la SDIS.
Además, en el 2018, según la Secretaría de Educación Distrital, más de tres mil niños venezolanos fueron matriculados, sin importar su estatus migratorio. Acorde a la circular 16 del 10 de abril del 2018, emitida por el Ministerio de Educación que estipula que se debe asegurar este derecho a los menores de edad venezolanos independientemente de su estatus migratorio.
Actualmente, la Secretaría de Educación, está facilitando los procesos de matricula de niños de origen venezolano entre los cinco a los diecisiete años, a través de documentos como el pasaporte o la partida de nacimiento. Y, “aunque no tengan validez en Colombia, estos documentos permiten registrarlos con un número provisional”, comentó Diana Becerra, funcionaria de la Secretaría de Educación.
Pero, cuando el estudiante va a matricularse muchas veces no es posible determinar a qué curso debe ingresar, pues el certificado escolar no puede ser homologado en Colombia. Debido a las dificultades institucionales para legalizar el documento en Venezuela, en el 90% de los casos los niños llegan sin un título legar para homologar sus estudios, informó Becerra.
Esta es una de las dificultades para que los niños accedan a la educación, según un informe de la SDIS para mayo de 2018, un 47, 1% de los niños migrantes no ha podido acceder a educación formal en Colombia. Y un 25 % no ha podido estudiar por la falta de documentación requerida. En respuesta a esta situación la Secretaría de Educación está recibiendo los certificados de estudio de los niños para poder ubicar al estudiante en el grado correspondiente a través de una prueba de conocimiento.
Otro problema con el que se encuentra el menor de edad es a la hora de formalizar o validar los estudios cursados. “Nosotros como entidad no podemos expedir un título de bachiller porque eso significaría un documento oficial de Colombia y eso de una u otra manera representaría la regularización del estudiante en el país”, afirmó Diana Becerra.
Y, aunque el Gobierno garantiza que el acceso del menor de edad a la educación dentro de territorio colombiano, al no contar con la documentación en regla, no es posible otorgar títulos que comprueben esos estudios.
Sin embargo, para Teresa Palacios esta condición puede mejorarse a través de fomentar los procesos de regularización. “Eso que quiere decir, que la persona que está estudiando en el país de destino, podría emitir documentos para tener títulos al interior del Estado y así pueda acceder de manera plena al ejercicio del derecho y obtener su grado del colegio o de la institución educativa en la que se encuentre cursando”, aseguró la jurista.
También, dentro de los retos de la administración para garantizar la educación a los niños se encuentra la transitoriedad de los migrantes venezolanos por la capital del país. En ese sentido, Bogotá se convierte en una ciudad de paso para las familias venezolanas y los niños estudian durante un corto periodo de tiempo.
Por lo general, algunas familias se desplazan hacia otros países en el sur de la región lo que hace que haya mucha movilidad en los establecimientos educativos. Por lo tanto, los niños acceden a la educación momentáneamente, lo que dificulta los procesos de aprendizaje, pues cuando lleguen a sus destinos deberán repetir el proceso de matrícula y validación de grados, dijo una fuente de la Secretaria de Educación cuya identidad se mantendrá en reserva.
