Las bandas criminales (BACRIM), herederas de las organizaciones paramilitares, son grandes redes de crimen organizado. Estas, según el concejal, prefieren mantener un control indirecto sobre los territorios a través de la sub contratación de bandas delincuenciales de menor envergadura integradas en su mayoría por jóvenes entre los 12 y los 22 años de edad.
Según datos de la Policía de Bogotá durante el año 2014 se han realizado más de 6.000 capturas de menores de edad por hurtos calificados, tráfico de estupefacientes, daño en bien ajeno, fabricación y porte de armas de fuego, secuestro, extorsión y falsedad en documento.
Según las cifras de la secretaria de Gobierno en Bogotá, hay más de 1320 bandas delincuenciales de las cuales 65 hacen presencia en la localidad de Usaquén. En el 2013, por cada 100.000 habitantes 28.5 habrían muerto en actos violentos. Según el comandante de las estación de Usaquén, Teniente Coronel Carlos Andrés Hernández los principales motivos de estas muertes son disputas territoriales entre bandas, control del micro tráfico, extorsión y atraco común.
La banda más temida por la comunidad es sin duda la de los Pascuales, esta banda llegó en los años noventa al barrio Santa Cecilia y desde entonces aterroriza a la ciudadanía. Este año han sobresalido por su guerra contra el Clan Úsuga, vinculados a la BACRIM de Los Urabeños, por el control del territorio y del mercado de estupefacientes y armas. A estas dos agrupaciones se suman muchas otras pequeñas estructuras como el clan Cinco pesos, Los Luisitos, Los Hojarasca o Los Guascas.
Además de los altos índices de inseguridad, la comunidad denunció la falta de apoyo del Distrito. El edificio de la estación de policía de Usaquén, el cual fue objeto de señalamientos el año pasado por las terribles condiciones estructurales, fue remodelado pero aun hoy no entra en funcionamiento totalmente. Han cambiado 6 veces de comandante en los últimos dos años, el programa de patrullaje en las zonas altas de los cerros orientales nunca más funcionó y la alcaldía menor es un ente invisible a los ojos de los diferentes líderes de acción comunal de los barrios. Esas fueron algunas de las denuncias que expusieron los ciudadanos al concejo.
Mario Mayorga, presidente de la junta de acción popular del barrio San Antonio Norte tomó la palabra del recinto para elevar una grave denuncia. “En 16 años de carrera como líder comunal de mi barrio, nunca he conocido de frente a los alcaldes de la localidad. A la actual, jamás la he visto ni siquiera caminar alguna de mis calles.”
Otro de los puntos más cruciales del debate fue señalado por el concejal Serpa quien llamó la atención a la Administración Distrital por la disminución de los recursos destinados a los programas de seguridad y convivencia ciudadana para la vigencia 2015.
“Tres programas de la Secretaria de Gobierno, enfocados a la disminución de los índices de criminalidad presentan una reducción del 30% frente al presupuesto del año anterior” recalcó el Concejal Serpa Moncada.
- Programa: Territorios de vida y paz con prevención en el delito.
2014 ($19.323.445.806)
2015 ($13.541.996.000)
DIFERENCIA - 29.9%
-Programa: Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
2014 ($2.450.000.000)
2015 ($1.716.923.000)
DIFERENCIA - 29.9%
-Programa: Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional.
2014 ($9.334.966.905)
2015 ($6.489.268.000)
DIFERENCIA - 30.5%
La alcaldesa, Julieta Naranjo, contradijo a los líderes barriales. “No sé dónde habrán estado durante todas las reuniones que concertamos, nosotros hemos abierto los espacios y allí no han llegado estás denuncias.” El público respondió con silbidos.
“Aquí solo vienen cuando necesitan los votos, de resto nos toca nosotros solos” gritó desde su silla de ruedas Esperanza Salas, habitante del barrio El Codito, quizá uno de los barrios más afectados por la inseguridad que hoy azota a la localidad y mantiene en vilo al cuerpo de Policía, mientras éste pide al Distrito mejores condiciones de trabajo para poder garatizar la seguridad a los capitalinos.
