Uno de los desafíos centrales de Colombia es la superación de la impunidad que se proyecta respecto de todos los actores armados ilegales y de los agentes estatales, así lo reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su cuarto informe “Verdad, justicia y reparación” publicado los primeros días de septiembre.
La Comisión encontró la impunidad, la falta de esclarecimiento de los procesos y estructuras de los grupos armados ilegales al margen de la ley como un obstáculos para garantizar los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la garantía de no repetición; lo cual son pilares fundamentales para la construcción de paz y la protección de los derechos humanos.
En el estudio, el comité destacó las múltiples iniciativas que ha tenido el Estado colombiano en términos de las desapariciones forzadas, verdad, justicia, reparación, aplicación del modelo de Justicia Transicional, desplazamiento forzado interno, diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC y ELN y grupos que han sido vulnerados como los afrodescendientes, raizales, LGBTI, indígenas, mujeres y periodistas.
De igual manera, el informe muestra vacíos que tiene el Estado y que han hecho que no todos los procesos se desarrollen con total éxito.
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La desarticulación entre las diferentes instituciones “han constituido una carga desproporcionada para las víctimas, quienes han debido repetir las mismas diligencias ante diferentes organismos, sin lograr obtener una respuesta rápida y oportuna, desincentivando su participación”, reveló el informe.
Además, se evidenció que según CIDH el Estado debe realizar esfuerzos para garantizar mecanismos de divulgación e información masiva sobre las medidas de reparación previstas en la Ley de víctimas (Ley 1448 DE 2011).
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO
En el estudio, la Comisión mostró preocupación por la forma inadecuada en la que son registradas las víctimas de desaparición forzada por parte de grupos ilegales. De igual manera, se enfatizó en que estas personas afectadas no tienen acceso a “servicios sociales básicos, tales como vivienda y la generación de ingresos continúan siendo insuficientes”.
La continuidad del conflicto armado y la presencia de bandas criminales en el territorio nacional son condiciones que obstaculizan el retorno de la población desplazada, “los reclamantes de tierras y los líderes de los procesos de restitución se encuentran en una especial situación de riesgo, por lo que el Estado debe evaluar adecuadamente cada situación específica, proveer las medidas de seguridad más apropiadas y generar mecanismos de monitoreo y acompañamiento luego de la restitución”.
En el informe, el Comité de Derechos Humanos resaltó como el conflicto armado se desplazó hacia la zona urbana del país, lo cual “facilita el tráfico de armas, la extorsión, el narcotráfico y el micro tráfico de drogas, que a pesar de tratarse de un fenómeno extendido, se encuentra subregistrado en virtud de que ni las víctimas ni los funcionarios los reconocen como desplazados".
APLICACIÓN LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Según las declaraciones del Comité, la Ley 975 de 2005 ha mostrado resultados insuficientes de acuerdo con el tiempo que ya lleva en vigencia; “sólo se han proferido diez sentencias de primera instancia, siete sentencias de segunda instancia y han sido condenados catorce postulados”.
Para la CIDH, los principales obstáculos que ha tenido esta ley son: la demora excesiva de los procedimientos, la extradición de los máximos líderes paramilitares sin una debida priorización de la obtención de verdad, justicia y reparación, limitaciones a la participación de las víctimas y dificultades en materia de reparación.
GRUPOS ESPECIALES
A pesar de representar un alto número de la sociedad los afrodescendientes, indígenas, LGBTI y las mujeres se encuentran invisibilizados; así se evidencia en el informe de derechos humanos.
En efecto, “se verificaban situaciones de especial preocupación tales como la pobreza y exclusión de la población afrocolombiana; la falta de esclarecimiento de los crímenes perpetrados contra los afrocolombianos y los obstáculos al goce efectivo de su derecho a la propiedad colectiva de la tierra, entre otros”.
En relación con los pueblos indígenas, “existen hechos que evidencian que se encuentran afectados en forma aguda y desproporcionada por el conflicto armado interno. En ese sentido, a pesar de que el marco jurídico e institucional colombiano es favorable, la información recibida indica que ello no se ha traducido en una protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”.
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