El 3 de septiembre, el presidente Santos radicó ante el Congreso la reforma al Estado que propone un equilibrio de poderes entre las tres ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial.

Uno de los puntos del proyecto de Ley que trajo más controversia fue el de la reelección. No solo se perdería la posibilidad de ser reelegido el Presidente de la República, sino también todos los servidores públicos elegidos por organismos colegiados, como los Magistrados del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional.