El Acuerdo de Escazú, que incluye a más de once países de Sudamérica y el Caribe, intenta facilitar el acceso a la información, fortalecer la participación ciudadana en proyectos con impacto ambiental y fortalecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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El 11 de diciembre de 2019 Colombia firmó el Acuerdo. Sin embargo, para su aplicación en el territorio nacional se necesita la aprobación del Congreso de la República. Pese a que en septiembre de 2020, el Presidente Iván Duque aseguró en su discurso ante la Asamblea en Naciones Unidas que se “estaba a la espera de la aprobación”, el pasado 20 de julio, cuando se terminó el tercer período legislativo, no se llevó a cabo la votación del Acuerdo de Escazú por lo cual quedó automáticamente archivado.
El Gobierno presentó un mensaje de urgencia ante el Congreso para que aprobaran el Acuerdo en el año 2020. Además, después de dos años de firmar, el pasado 2 de septiembre se dio un debate de control político en la Comisión Quinta y Nicolás Galarza, viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, espera radicar el proyecto de ley de ratificación de Escazú antes del 30 de octubre del 2021.
¿Por qué es importante la aplicación de Escazú en Colombia?
En entrevista con Plaza Capital, Lina Muñoz Ávila, profesora de carrera académica, directora especialización y maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, aseguró que la aplicación de dicho Acuerdo es clave para el país teniendo en cuenta la grave situación que viven los líderes ambientales en varias regiones.
“Colombia ya demostró que es incapaz de abordar sola el tema de la protección a los líderes ambientales y por eso es importante buscar plataformas de apoyo, de cooperación, y de fortalecimiento de capacidades para poder enfrentar esta tragedia nacional y esa es una plataforma que Escazú le va a proveer a los países”. Esto únicamente sería posible si se visibiliza el trabajo de los defensores ambientales y por lo tanto ayuda a identificarlos, protegerlos y hacer estudios apropiados.
¿Por qué Escazú no ha sido ratificado en el Congreso?
El Acuerdo de Escazú lo conforman 26 artículos, pero el artículo 7 ha sido especialmente problemático para el Congreso de la República. El mismo hace referencia a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
“Los miedos respecto al artículo 7 pueden estar basados en la falta de interés de tener estándares más robustos para la implementación de participación antes, durante y después de los procesos de toma de decisiones ambientales […] Esto genera incomodidades para los actores que no están realmente dispuestos ni comprometidos con la protección del medio ambiente sano y con el desarrollo sostenible”, explicó Muñoz Ávila.
En el marco del debate, la expresidenta del Consejo Gremial Nacional, Sandra Forero, dijo en una de las sesiones del diálogo de la Comisión Quinta del Senado que “en Colombia ya hay un marco normativo suficiente que garantiza muchas de las cosas que plantea el acuerdo: el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Eso está en el Acuerdo, pero Colombia ya lo tiene”.
Entre dichas regulaciones están:
- Artículo 79 de la Constitución: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.” Sumado a otros 40 artículos que regulan el medioambiente y su protección.
- Ley 99 de 1993: Habla especialmente de la participación ciudadana pues establece que, al ser de todos, todos tienen el mismo derecho de hacer parte de su cuidado.
Por su parte, Muñoz Ávila comenta que “no solamente la academia sino también la Corte Constitucional desmienten esa afirmación. Ésta ha dicho que Colombia tiene un déficit de protección constitucional de la participación ciudadana pues en muchos casos los proyectos llegan ante los jueces porque no existen estándares suficientes en el marco jurídico colombiano y porque hay muchos vacíos normativos”.
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En los últimos meses se han llevado a cabo varias audiencias públicas en las regiones. En una de ellas el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que en el sector productivo hay preocupaciones respecto a las trabas que el Acuerdo de Escazú puede traer en el desarrollo del país.
Bedoya agregó que “el espíritu del Acuerdo es loable, pero Colombia debe aplicar las leyes que ya existen y desde el sector privado y agricultor este Acuerdo genera muchas dudas”. Continúa pidiendo archivar el proyecto y establece que de igual manera “acompañamos la protección de los defensores del medio ambiente”.
En el debate se han destacado las voces de los representantes a la Cámara, José Daniel López y César Pachón, así como organizaciones sociales y ambientales, quienes insisten en ratificar Escazú. Entre dichas organizaciones se encuentran WWF, Ambiente y Sociedad y DeJusticia, las cuales afirman que, si no se radicaba el proyecto para el pasado 31 de agosto, los tiempos legislativos no permitirían que la ratificación se de este año.
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Así las cosas, en el Congreso y en audiencias públicas son muchas las voces que afirman que ya está la legislación necesaria respecto a los temas que trata Escazú mientras que algunos representantes de Cámara, ONGs, sumado a, según Muñoz Ávila, la Corte Constitucional, aseguran que las leyes existentes no son suficientes.
¿Cuáles son los beneficios de ratificar Escazú?
De acuerdo con las anteriores organizaciones sociales y medioambientales, Escazú garantiza tres derechos fundamentales:
- Acceso a información oportuna: De manera clara y en igualdad de condiciones para los grupos vulnerables.
- Participación pública: Ciudadanía está involucrada en todas las etapas de tomar decisiones que afectan al medioambiente.
- Acceso a la justicia frente a hechos que afecten al medio ambiente y derechos humanos: Fortalece las capacidades de los jueces y los magistrados para que la toma de las decisiones sea más acertada y con este punto también se pretende implementar medidas de protección de defensores del medioambiente.
Esta relación con la protección y defensa de los líderes sociales es una de las razones por las cuales sus partidarios exigen aprobar Escazú en Colombia. Ello teniendo en cuenta que este es un país que fue catalogado como ‘el más peligroso para defensores del medio ambiente’ por Global Witness (ONG). Este triste calificativo se ve reflejado en los resultados del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en el cual se reportan 116 homicidios de líderes sociales en lo transcurrido del 2021.
Finalmente, la profesora de la Universidad del Rosario destaca que “Escazú lo hacemos cumplir todos los colombianos. No se va a crear un tribunal para obligar a los países a cumplir. Somos todos los actores sociales, la ciudadanía, el Estado, academia, los que hacemos que cumplan y hacen demostrar a los gobiernos su compromiso con proteger los derechos humanos y el medioambiente”.
