En el conjunto residencial Pío XII 260 familias están en riesgo debido a que cinco de los edificios presentan fallas estructurales por culpa del mal terreno donde se encuentran ubicados. Los 16 propietarios del bloque 8 fueron evacuados el año pasado por orden del Idiger (Instituto distrital de gestión de riesgos). La presidenta del consejo, Clara Monastoque dice que “es una calamidad comunitaria que afecta a más de 260 familias y que muchos propietarios son personas de la tercera edad que en su mayoría tienen como único patrimonio su apartamento”.
El consejo del conjunto Pío XII culpa de las averías al temblor del 10 de marzo de 2015. En cambio, la aseguradora del lugar, Seguros del Estado, se niega a dar indemnizaciones debido a que, según las 4 comunicaciones enviadas en 2015 y 2016 en respuesta al conjunto, no hay pruebas de que las averías fueran causa de temblor. Por ende la aseguradora no responderá ni desembolsará dinero para las reparaciones. Una de las propietarias afectadas interpuso una acción de tutela contra la decisión de la aseguradora.
Seguros del Estado se reunió con los propietarios en octubre del año pasado y decidió efectuar estudios en el lugar para comprobar cuál era la causa de las averías. La aseguradora se comunicó con el conjunto el 3 de febrero de este año aclarando que los estudios mostraban problemas del terreno y de los árboles plantados cerca de los edificios, por lo que el daño no se encuentra “ajustado a las condiciones bajo los cuales se otorgó la cobertura a través de la póliza de Seguro”, dice en el comunicado de la aseguradora.
Los afectados desean que el conjunto interponga una demanda contra Seguros del Estado pero Clara Monastoque, dijo que ya habían consultado con un abogado experto en propiedad horizontal y dejó en claro: “Íbamos a perder el caso. Nos dijo que si era por él, tomaba el caso y nos cobraba los 40 millones que iba a costar, más todos los estudios. Pero que ese caso no se iba a ganar”. Además, el concejal Pedro López, de Cambio Radical, visitó el lugar y ratificó que una demanda así no iba a prosperar porque no se ha demostrado que la causa del daño estructural sea el terremoto sino el estado del terreno. Otra solución es demoler los edificios y hacer otros.
El conjunto residencial, ubicado en la calle 6B bis No. 79C-04, recibió ofertas de constructoras el año pasado, pero no llegaron a negociar formalmente debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) modificado en el concejo de Bogotá ya no permite construcciones más altas de cuatro pisos en la zona, lo que evita que las constructoras puedan tener alguna ganancia y no estén interesadas. Se buscan nuevas soluciones, cómo el uso del seguro para reforzar las bases de los edificios.
El conjunto también reportó todas sus complicaciones a la Secretaría de Planeación y a la Alcaldía Local de Kennedy. En octubre y noviembre del año pasado se recibió respuesta de ambas instituciones donde decían que se tendría en cuenta en el POT y se enviaría a un experto para que revisara las condiciones del terreno. La presidente del concejo del conjunto dice que hasta ahora, el experto no ha visitado el lugar.
Los bloques 2, 3, 5, 6 y 8 del lugar son los más afectados por el suceso. La presidenta Clara Monastoque ha hablado con el edil de Kennedy, Jaime Caro, y el concejal, Pedro López para encontrar soluciones. El concejal visitó la semana pasada el conjunto residencial y prometió intervenir en favor de ellos, pero dijo que “no voy a crear falsas expectativas” ya que era muy difícil hacerle modificaciones al POT, aunque prometió organizar una reunión para hallar soluciones.
Otra complicación más es que los edificios tienen más de 40 años y fueron financiados por el Banco Central Hipotecario. Este banco cerró sus puertas en febrero del año 2000 y las personas que aún debían pagar el crédito de su casa pasaron al Banco Granahorrar. Este banco fue fusionado en octubre de 2005 con el Banco español BBVA. La presidente del concejo del conjunto señaló que es inútil intentar apelar ante el banco actual “Ellos se lavarán las manos y dirán que no tienen ninguna injerencia ni responsabilidad en eso”.
Algunos residentes dicen no sentirse afectados por el problema, cómo María Del Rosario, quien dice que su bloque está perfecto. En cambio, Iván Aguilera, del bloque 6 afirma no ser de los más afectados ya que su apartamento no presenta grietas pero su edificio sí las tiene. Según relata “llegó una constructora y ofrecieron darle el apartamento a cada uno pero entonces cómo acá hay mucha persona pensionada no dejaron”.
Para muchos, la culpa también es del concejo: “No, aquí no dan soluciones de nada”. Clara Monastoque se defiende que se ha movido: “Al menos para llegar a acuerdos con la aseguradora pero también hay personas intransigentes que llevan al traste a todos. La verdad yo estoy bastante aburrida, aquí mucha gente cree que no se hace nada. Esto es una responsabilidad muy grande y lo aposté por el problema del conjunto, actuaré hasta el final de mi turno cómo presidenta y después seguiré pero como propietaria”, aseveró la presidente. Por ahora, la situación sigue sin solucionarse mientras el patrimonio y la vida de sus habitantes continuará en riesgo.
