Desde cada Comando de Atención Inmediata (CAI), un grupo de policías tiene el deber de brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes de la jurisdicción que le está asignada. Esto incluye atender llamadas y denuncias, procesarlas debidamente en el marco administrativo y realizar patrullajes constantes dentro de un territorio específico o “cuadrante”, la división territorial sobre la cual se basa el sistema de seguridad de las ciudades colombianas. Se esperaría entonces que la distribución de estos espacios, tanto los CAI como los cuadrantes que deben entrar en custodia, fuera proporcional a la población que deben atender y a las características del territorio que protegen. Además, los CAI deben responder a los puntos calientes que hay en la ciudad, para reconocer los principales delitos o bandos delincuenciales y entren a operar.
Sin embargo, parece que ese no es el caso de los CAI bogotanos. Esto es especialmente evidente en parte del corredor occidental de la ciudad, en las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy. De acuerdo con un informe presentado en 2019 por la Universidad Nacional, los barrios con mayores índices de denuncia de delitos de alto impacto como hurto, agresiones personales y/o homicidios en la ciudad son Chapinero Central en Chapinero, Patio Bonito en Kennedy y Ciudad Salitre en Fontibón. Por ejemplo, en la UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, residen 195.612 personas y solamente hay dos CAI; el de Bellavista, que cubre 16 cuadrantes, y otro el de Patio Bonito, que cubre otros seis. Estos dos CAI, además de atender a todas estas personas, deben hacerlo con menos de 15 policías, pues casi ningún CAI en la ciudad cuenta con más de 6 agentes por turno.
El Pie de Fuerza
De acuerdo con Hugo Acero, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá, existe un déficit en el número de policías que hay en la ciudad. La capital solo tiene, en promedio, 184 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que lo recomendable es que sean al menos 300. En este orden de ideas, no solo existe un claro desequilibrio entre la cantidad de agentes y los ciudadanos, además de los problemas de distribución territorial y cómo los turnos de los policías están distribuidos, sino también en el número de cuadrantes que debe cubrir cada CAI. Si bien los policías trabajan en turnos de 8 horas, la misma jornada laboral que la mayoría de colombianos, las labores que deben cumplir son muy diversas, pues a pesar de que están establecidas por el decreto 1191 del año 2000, realmente corresponden a tareas circunstanciales como realizar patrullajes, atender y recepcionar llamadas y denuncias, entre otras actividades.
Edwin León Montero, analista político para el portal web ‘Bogotá Avanza’, explica que para estar al nivel de otras ciudades que tienen una mejor seguridad, Bogotá debe aumentar su pie de fuerza en unos 3 mil o 4 mil efectivos que le costarían cerca de 500 mil millones de pesos a la ciudad. Además, León Montero enfatiza en que este dinero debe salir de las arcas de la ciudad, pues es ella y sus ciudadanos quienes se benefician directamente; al igual que ese dinero debe ser destinado no solamente al pago de sus salarios y dotaciones, sino también a la instrucción académica y profesional de los agentes. Sin embargo, desde el cambio de administración Bogotá no ha hecho ningún aumento en el pie de fuerza, aunque la alcaldesa prometió en campaña un incremento de 2000 efectivos policiales para su mandato, hasta ahora no se ha hecho.
Retomando el caso anterior, Patio Bonito es quizás uno de los puntos con mayor déficit de Policías por habitante, pues ni siquiera se acerca al promedio de la ciudad. Esta UPZ tiene una tasa de 6 policías por cada 100 mil habitantes, lo que es comparable con un partido en El Campín completamente lleno que solo tenga a 3 policías custodiando la seguridad. Muy cerca de allí, en la UPZ Las Américas, también de la localidad de Kennedy, se registraron 1.432 hurtos en 2019. Este es un territorio habitado por 102.981 personas y cuenta con cuatro CAI, uno de ellos es el CAI Plaza que cubre 12 de los 17 cuadrantes, es decir, el 70% del territorio. En contraste, la UPZ Kennedy Central en donde viven 132.131 personas, sólo registró 970 hurtos. ¿Por qué si hay más personas en Kennedy Central, se reportan menos delitos de hurto que en las Américas?
De acuerdo con Néstor Rosanía, experto en seguridad ciudadana y director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, este fenómeno podría darse por las cifras distantes entre los delitos denunciados y los ocurridos, lo que contribuye al crecimiento del crimen oculto en la ciudad. Asimismo, es posible que la presencia de grandes zonas residenciales y comerciales en la UPZ Kennedy Central beneficie a la seguridad del sector a través de empresas de seguridad privada.
En este mapa se muestran las localidades de la ciudad Bogotá y la distribución de los CAI en las localidades de: Engativá, Fontibón, Kennedy, Santafé, Chapinero, San Cristóbal y Teusaquillo.
Mecanismos de denuncia
Precisamente este ha sido uno de los debates centrales en la ciudad durante los últimos años, pues en materia de seguridad, Bogotá parece no avanzar mucho. Por ejemplo y según datos de EL TIEMPO, en el 2019 el hurto a personas aumentó un 23%, pasando de 23.116 denuncias en el 2018 a 28.518 en el 2019, y eso sin contar con los miles de casos que no se denuncian.
Para denunciar hechos delictivos hay dos formas de hacerlo. La primera es a través del portal virtual ‘¡A Denunciar!’, que es operado en conjunto por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional; esta es la forma más rápida de denunciar cualquier delito, sin embargo, no toda la población logra acceder a ella por los problemas de conectividad y acceso a internet ajenos a la plataforma. La segunda opción de denuncia es más completa y demorada; en palabras de la patrullera Rincón, del CAI de Hayuelos, en Fontibón, “cualquier denuncia, por mínima que sea, se demora entre 3 y 4 horas si no hay otro trámite adjunto como una valoración de Medicina Legal porque, en ese caso, el tiempo aumenta en, al menos, cuatro horas más.”
Este tipo de denuncia es poco frecuente, pues los ciudadanos normalmente no cuentan con esa cantidad de tiempo y, además, algunas veces el problema o el delito es solucionado por el mismo ciudadano o un policía en servicio, y ya no se considera necesaria la denuncia. Por ejemplo, una persona que desea hacer denuncias por el hurto de su bicicleta y una agresión calificada como lesión personal debe destinar al menos 4 horas de su día para hacerlo, es decir, media jornada laboral; pero si además un policía o él mismo logra recuperar su bicicleta, esta persona pierde inmediatamente el interés en denunciar, pues no tiene el tiempo ni el argumento necesario para hacerlo, a pesar de que fue víctima de un hurto.
Esto, además de explicar una parte del bajo porcentaje de denuncias en Bogotá -de acuerdo con un informe del diario Portafolio solo el 35% de las víctimas de delitos denuncian-, también pone en evidencia otro problema: El acceso a la justicia es mínimo y los policías también son víctimas de esto, pues deben realizar el acompañamiento al denunciante, por lo que no están disponibles para atender nuevos casos mientras lo hacen. Esta situación podría incluso desincentivar la denuncia en los ciudadanos. La distribución de los CAI y los cuadrantes como los mecanismos de denuncia hacen que contener el crimen en la ciudad sea prácticamente imposible. “Con el nuevo orden que pusieron realmente no es posible atender casi ningún caso porque no hay personal suficiente, y con la modificación de los cuadrantes lo único que hicieron fue reducirnos más”
Rincón se refiere a una situación puntual. El pasado mes de junio, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) anunciaron cambios en la definición de los límites de algunos cuadrantes con el fin de brindarles mayor capacidad de reacción. Sin embargo, como Yessica indica, lo que realmente ha sucedido, en puntos como Hayuelos, es que agruparon algunos cuadrantes para reducir el número que atiende cada CAI, pero no replantearon la cantidad de agentes en servicio.
“Aquí atendíamos ocho cuadrantes con cinco o seis agentes en turno, pero ahora nos dejaron con seis cuadrantes y, aunque en el papel seguimos siendo los mismos agentes, realmente somos entre tres y cuatro. Nos quitaron una patrulla completa y tenemos exactamente la misma área por cubrir, solo que fusionaron un par de cuadrantes. Así es imposible que las cosas mejoren”, afirma Rincón. Néstor Rosanía, analista y experto en seguridad desde hace 10 años, menciona que el problema de las denuncias es uno de los más graves. Sin embargo, el procedimiento para denunciar un robo no es el único inconveniente, aunque las denuncias deben ser fáciles y rápidas de hacer; también debe existir una cultura de denuncia.
Reportar un delito - la mayoría de las veces- no va a llevar a recuperar los bienes perdidos, pero el trasfondo de la denuncia va más allá. Explica Rosanía que cada vez que un ciudadano hace una denuncia se registra en la base de la Policía Metropolitana y son estos registros de denuncias con los que se puedan hacer mapas de calor e identificar los puntos más sensibles y calientes en la ciudad. Además, se pueden ubicar las bandas y finalmente poderlas capturar. “La gente no denuncia porque cree que no sirve para nada, pero, la verdad, es porque no tienen una pedagogía frente para que pueda llegar a servir”, afirma Rosanía.
Las denuncias generan estadísticas y mapas de calor, si no hay denuncias los policías en sus estadísticas asumen que no hay delitos ni inseguridad en donde efectivamente si lo hay. Por ejemplo, si hay un hecho delictivo, pero no una denuncia, es criminalidad oculta y claramente, no se registra en la base de datos. La ciudadanía no tiene una cultura de denuncia no porque sea burocrática, sino porque la gente no conoce los elementos y el fin de la denuncia. Los índices de denuncia y crimen registrado en Bogotá no coinciden por los bajos números de los reportes, como lo indica Rosanía. En el siguiente link encontrará una visualización sencilla con los números registrados de delitos de alto impacto cometidos en las localidades de Kennedy, Fontibón, Engativá, Teusaquillo y Chapinero.
Un problema en crecimiento
Si usted reside en la UPZ Granjas De Techo de la localidad de Fontibón, donde se encuentra el CAI Hayuelos, usted hace parte de las casi 30.000 personas que habitan allí y que, por falta de funcionarios, no se beneficia de un buen sistema de seguridad ni de presencia policial, porque solamente hay 3 policías en su CAI más cercano. Como dice la patrullera Rincón, “los policías no dan abasto”, además, el hurto y otras formas de delincuencia común son dos factores que en manos de unos pocos funcionarios son imposibles de controlar. En el caso de las UPZ de Corabastos y Gran Britalia de la localidad de Kennedy, el problema tampoco mejora. En Corabastos existe un solo CAI que debe cubrir 12 cuadrantes y brindar seguridad a 75.601 personas, y en Gran Britalia un CAI para otros 12 cuadrantes con una población de 88.873 personas.
Se puede decir que, como contenedores de la inseguridad y el delito, los policías no están siendo efectivos; pero no lo son necesariamente por falta de voluntad o capacidades, sino también porque la disposición propia de la institución en la ciudad los limita a puntos tan extremos como el de la UPZ de Patio Bonito. “Si hay una riña fuerte entre 5 o más personas ningún policía se va a meter en ese caso solo, y en mi caso, no podría hacer una cosa distinta a llamar a la patrulla que probablemente esté atendiendo otro caso en algún punto de la jurisdicción”, dice la patrullera Rincón. Además, porque dentro de sus funciones y capacidades hay muy pocas excepciones que les permiten el uso de la fuerza y de sus armas de dotación para resolver o atenuar casos de hurtos, riñas y violencia intrafamiliar; “Es muy fácil que nosotros perdamos el control de algunas situaciones porque hay casos en los que los delitos incluso nos ponen en riesgo a nosotros”
Según la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá (DISEC-MEBOG), los agentes solo pueden hacer uso de la fuerza física en casos en los que su propia integridad se vea comprometida, al igual que deben hacerlo de manera proporcional a los ataques que reciben. De manera que resulta sumamente improbable que un policía en servicio se vea obligado a accionar su arma de dotación, pues tendría que hacerlo únicamente en caso de ser amenazado con un arma de fuego. Otro de los problemas a resaltar es la profesionalización de la Policía Metropolitana que a larga afecta la calidad de servicio. Por ejemplo, la educación de los patrulleros no tiene una constancia, ellos no son expertos en un área, sino que los están moviendo permanentemente y se les asigna continuamente diferentes tareas.
La doctrina policial
Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, ha trabajado con policías y militares y esto le ha permitido identificar que uno de los mayores problemas es que las instituciones de la fuerza pública están ideologizadas. Es decir, la policía se siente representada por la derecha y ve como el enemigo a la izquierda y de alguna forma, también al centro. Estos hallazgos se suman a los casi innumerables hechos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano en los que la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, ha actuado de acuerdo con lineamientos de pensamiento de derecha, como es el caso de la alianza entre Paramilitares y algunas brigadas del Ejército Nacional en Boyacá que actualmente estudia la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Hubo un encuentro entre el paramilitar Luis Afrodis Sandoval, conocido como el coordinador de la ley pues cumplía el papel de puente entre las ACC y miembros del Ejército y la Policía. A ese encuentro acudieron integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos el agente Luis Eberto Díaz, quien además de pertenecer a la inteligencia de la primera brigada era paralelamente integrante de las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) donde lo conocían como El Compadre y donde entre otras se encargaba de suministrar información. (El Espectador)
La doctrina policial se refiere al ser y qué hacer del policía y en alguna medida operan bajo una ideología que representa la institución y que efectivamente devienen en una práctica, que en lo ideal debe ser específica. En una investigación hecha por el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia se encontró que en el periodo 2002-2010 la percepción de policías y militares, tanto de la reserva como activos, podría llegar a ser muy diferente en relación a los diferentes periodos de gobierno; “algunos se mostraron triunfalistas, alabando a los falsos positivos como parte de su trabajo anticomunista y anti “castro-chavismo”, mientras que otros mostraron su desprecio” (Siabato, 2018).
Para entender mejor lo anterior, León Montero, abordó un punto que en la actualidad encierra el problema de manera general del déficit de policías en la ciudad y que se resume en la mala relación entre dos actores fundamentales, La Alcaldía y la Policía. Este problema se deriva de la constitución en donde, por un lado, le da plena potestad al presidente como comandante y jefe de la fuerza pública y por el otro dice que los alcaldes son los jefes directos del orden público y que, de alguna manera, la policía está bajo su servicio.
Rosanía menciona que lo anterior es un problema a rango institucional y que esto le genera un conflicto interno a la policía. Por un lado, está el gobierno de derecha de Iván Duque y, por el otro, el gobierno de la alcaldesa de centro izquierda; es decir dos ideologías que entran en choque y en donde la Policía Metropolitana entra a obedecer a quien reafirma su ideología. Independientemente de las corrientes políticas, la seguridad es un servicio que se debe prestar a todos los ciudadanos. Sin embargo, la fuerza pública sigue pensando como en la guerra fría y “siguen creyendo que el comunismo es el enemigo [...] y actúan como actores políticos de la derecha”, afirma Rosanía. Bajo este contexto queda claro que las instituciones ideologizadas son muy graves para la democracia y eso es lo que tenemos en Colombia, una policía y unas fuerzas militares ideologizadas.
El problema también es de tendencia jurídica y legislativa y existe la necesidad de reformar la doctrina policial desde las escuelas de educación y pedagogía, para así enmendar el problema de que la Policía colombiana es una policía militarizada y no civil. Lo anterior, demuestra que la policía en Colombia está mentalizada para la guerra, esta es una de las razones por las que es complicada la relación con la sociedad civil. Rosanía menciona que “muchos de los policías están en plena guerra y luego los pasan a un CAI de ciudad y siguen pensando que están en una zona de conflicto”. Desde la experiencia Néstor menciona que “la policía obedece al gobierno de derecha, pero si es de centro o de izquierda lo sabotean”. Un problema en donde los más afectados son los ciudadanos.
Política pública
Para Néstor Rosanía no hay una solución cercana al conflicto del déficit de policías ya que no existe una política clara sobre cómo manejar el problema de la inseguridad en Bogotá; ni con la Alcaldía ni con el gobierno que lo debería hacer el consejero presidencial y el ministro de defensa Carlos Holmes. Sin embargo, también nos comentó que la Alcaldía hizo un previo diagnóstico y le solicitó al gobierno Nacional y al ministerio de defensa ampliar el pie de fuerza, a lo que respondieron que no había presupuesto. De lo anterior, resulta otro problema y es que cada vez que hay un aumento de corporación - pie de fuerza- aumenta la carga pensional y prestacional por cada uno de ellos, y esto no solo dificulta el proceso, sino que también es costoso; lo que es curioso porque después de la educación, el presupuesto nacional más grande es el de la seguridad.
Edwin León Montero, el analista político y experto en estudios políticos, mencionó algunas soluciones que pueden llegar a mitigar el problema del déficit de policías en la ciudad y con ello brindar una mejor seguridad a las personas. Sin embargo, abordó un punto que en la actualidad encierra el problema de manera general y que se resume en la mala relación entre dos actores fundamentales, La Alcaldía y la Policía.
“La Alcaldía, en manos de Claudia López, y la MEBOG rompieron relaciones tras los recientes casos de abuso policial en los que la alcaldesa deslegitimó, desconoció y criticó públicamente el trabajo fuerte y arduo de la Policía Metropolitana”, afirma León Montero, quien además menciona que este tipo de declaraciones desborda la inseguridad, ya que existe una ruptura entre dos autoridades a las que les es imposible trabajar juntas. Otra de las relaciones que está fracturada, es la agenda política entre el secretario de seguridad y la administración distrital, lo que perjudica de manera directa e indirecta la seguridad en la ciudad en donde la importancia de mantener diálogos y una comunicación efectiva pasa a un segundo plano y dificulta el proceso de solucionar los problemas anteriormente expuestos.
Tanto para los analistas Montero y Rosanía, implementar la ciencia y la tecnología en temas de seguridad es crucial para facilitar los procesos de crimen y nutrir la información de las autoridades. Además, coinciden en otro punto: Armar grupos de inteligencia y contrainteligencia en la policía permitirían ser mucho más fuertes en los índices, capturar a bandas criminales organizadas y reducir los delitos. Es necesario incorporar el reconocimiento facial, drones, cámaras y equipos de inteligencia que ahorren tiempo y sean más asertivos. La falta de inversión y el no tener una política clara y de actualización en los cuerpos armados es lo que está afectando la seguridad no solo en Bogotá, sino - posiblemente- en el resto del país. Evaluar una reforma policial sería lo más prudente para que este pase de un ente militar al civil y cumpla con lo que de por sí ya está establecido en la constitución.
Plaza Capital intentó establecer contacto con la DISEC - MEBOG a través de un derecho de petición del que no obtuvo respuesta oficial. A través de una llamada telefónica en la que se pudo acceder a información contenida en este reportaje, esta entidad respondió a algunos de los requerimientos solicitados.
Referencias
Siabato,J. (2018). Doctrina policial, recuperado de http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/sociologia/application/files/9415/3615/5584/Julian_Felipe_Siabato_Ortiz.pdf
Forero, S. (2020). La alianza entre miembros del Ejército y paramilitares en Boyacá llega a la JEP. El Espectador, recuperado de https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/la-alianza-entre-miembros-del-ejercito-y-paramilitares-en-boyaca-llega-a-la-jep/
