El pasado 15 de febrero, Stiven Claros, un joven universitario, fue abordado por dos agentes de policía por comprar una empanada en el espacio público. Los uniformados le impusieron una multa de 800 mil pesos argumentando que estaba violando el nuevo Código de Policía al propiciar un uso indebido del espacio público. El caso resultó tan absurdo que cobró gran notoriedad, hasta el punto que el mismo gobierno anunció medidas para aclarar la situación. De aquí, se le hace referencia a la Ley 1988 de 2019 como la “Ley de la Empanada”.
La discusión parecía zanjada cuando el presidente Iván Duque, el 2 de agosto de 2019, firmó la Ley con el fin de reducir las tasas de informalidad para el trabajo de los vendedores ambulantes y evitar así cualquier tipo de confusión con lo que reza el código de policía.
Duque, al sancionar la Ley, buscaba dotar de licencias a aquellos que desearon comenzar un proceso de formalización. Pese a esto, debido a las medidas tomadas con relación al uso del espacio público, la implementación de la fuerza y las sanciones desproporcionadas a los vendedores que, con esfuerzo, logran ganar menos de un salario mínimo, los mismos comerciantes y sus compradores se han manifestado en contra de la situación, exhibiendo el descontento masivo que surgió con la propuesta.
Al caminar por el emblemático Parque de los Periodistas, situado entre la cra. 3 y 4 y las calles 13 y 17, se pueden encontrar múltiples puestos de venta de todo tipo. Robert Figueroa se localiza en la esquina del Hotel Continental y se transporta cada día desde Kennedy hasta Santa Fe con su carrito cargado de frutas picadas y jugos naturales para poder mantener a su familia con las ganancias que pueda adquirir durante un día de ventas en esta esquina.
Para él, el Código de Policía muchas veces se traduce en un abuso de la autoridad, lo dice así después de haber recibido diez multas en distintas ocasiones. Robert menciona que “lo que pasa es que hay una problemática, no sé si judicial, abuso de autoridad o algo por el estilo, una vez caminando, guardando mi carreta, me llamó para hacerme un comparendo, ni siquiera estando en el espacio público y sólo me dijo que lo hacía porque le daba la gana”.
Además, menciona que hay una persecución directa a los ciudadanos venezolanos y unas irregularidades en el Código que hacen que los policías lo implementen de forma incorrecta o lo modifiquen a la hora de ser ellos quienes adquieren sus productos.
Por otro lado, Marina, vendedora de dulces, paquetes y cigarrillos en la Plazoleta del Rosario, coincide con Robert al decir que los precios que tienen que pagar para la formalización resultan más nocivos que beneficios para sus ingresos. Dice que para poder adquirir un carro de la Alcaldía tienen que pagar alrededor de 100 mil pesos mensuales de arriendo y, adicional a esto, pagar lo que cueste el parqueo del carro.
“A la Alcaldía le pagamos 90 mil pesos mensuales por esto, pero a nosotros, fuera de la alcaldía, nos toca pagar la mensualidad del carro y son cinco mil pesos diarios y si uno no viene a trabajar son 10 mil día y noche, si no trabajamos, casi por 300 nos sale”.
Ambos vendedores están de acuerdo en que los precios que tienen que pagar son insostenibles si se tiene en cuenta la ganancia que pueden obtener en un día de trabajo, por esta razón, muchos vendedores prefieren seguir trabajando informalmente y arriesgar ser multados antes de perder una mayor parte de la ganancia en costos de arriendo y parqueaderos.
Frente a esto, al hablar con los compradores se encuentran opiniones encontradas. Simón Vargas, estudiante, dice que “es una política que no tiene en cuenta al ciudadano. El comercio no es algo peligroso o incómodo para uno, a diferencia de otras conductas que suceden en el mismo espacio”. Este punto, además, ocasiona gran debate cuando se habla sobre el consumo de drogas en las mismas zonas en las que se está multando a los vendedores. Dice que no le causa miedo recibir una multa por comprar en el espacio público, por el contrario, prefiere ayudarlos siempre que tenga la oportunidad de hacerlo.
Por otro lado, el mayor de la Policía, José Fernán Cantor, exdirector de CAI, declaró que las medidas que se han tomado con los vendedores ambulantes se responsabilizan por el orden del espacio público, por encontrar una forma de darles un orden en las calles mientras que pagan por el puesto que se les ofrece. Además, más que desestabilizarlos económicamente, lo que hacen las medidas es darles una fuente fija de ingresos.
No obstante, el debate sigue abierto, mientras que muchos buscan esta oficialización, otros prefieren seguir en la informalidad a pesar de los riesgos que corren, todo por evadir los altos costos a los que los someten para trabajar con la Alcaldía.
