En diciembre pasado la Corte Constitucional de Colombia le dio vía libre al congreso para implementar la denominada figura “Fast Track”. Dicho mecanismo permite que el congreso apruebe las leyes relacionadas con el proceso de paz con mayor celeridad puesto que acorta el número de etapas que la constitución dicta cuando de avalar una ley se trata. Puntualmente, las leyes que se aprobaban con ocho debates, mediante este proceder se instauran en cuatro.
Si bien las mayorías que la constitución exige serán las mismas, se obliga a las bancadas a votar en bloque. El ejecutivo adujo que el “Fast Track” es imprescindible ya que las FARC precisan rapidez para aprobar lo referente a lo pactado en la Habana. Este mecanismo jurídico ha generado diversas reacciones tanto de sus detractores como de sus partidarios.
Jaime Castro Castro, ex alcalde de Bogotá y ex ministro de gobierno opina que el “Fast Track es una herejía política porque cambia las reglas y los procedimientos de trabajo que tenía el congreso”.
El abogado aduce que la figura atenta contra el acuerdo sobre lo fundamental. Y que se limitan a los diferentes actores de la sociedad para intervenir, criticar y dar a conocer su punto de vista. De manera que es reticente a aceptar que los proyectos de ley provengan única y exclusivamente del ejecutivo y que ningún senador pueda presentar proyectos o modificar liados a la vía rápida.
Tampoco está de acuerdo con en el hecho de que en sesiones extraordinarias se puedan aprobar tópicos que antes solo se podían aprobar en sesiones ordinarias. Castro concluye que el ejecutivo “limitó al congreso a ser una notaría.” El jurista deduce que lo más preocupante de este mecanismo es que “rompe la separación de poderes porque el gobierno termina legislando, reformando la constitución y que eso acaba con la autonomía del congreso y con sus mismas atribuciones”.
Por otro lado, Rodrigo Uprimny Yepes, conocedor de derecho constitucional y director del centro de estudios jurídicos y sociales De Justicia esgrime que el principal elemento que le otorga legitimidad al “Fast Track” es la inexorable necesidad de paz.
A causa de lo endeble que parece el proceso de paz y porque el sí perdió por un mínimo margen de votos, es preciso actuar con celeridad para garantizarlo.
Así mismo, sostiene que el “Fast Track” permite legitimar las negociaciones en la Habana, puesto que, al fin y al cabo el congreso representa al pueblo. El constitucionalista también adujo que la vía rápida “reduce la discusión democrática” al dejar una conexidad clara entre la reforma y el acuerdo. Y es enfático en criticar que el “Fast Track” no puede ser usado para temas que no estén vinculados directamente con la paz.
Ambos juristas sostienen que la polarización que vive el país es muy grave. Rodrigo Uprimny recalcó que estar a favor del sí o del no, “en lugar de ser una diferencia de opinión se volvió una diferencia identitaria”. Así mismo indica que persiste una instrumentación política del tema ya que este resulta rentable para las campañas presidenciales.
También que hay divisiones objetivas, el académico señaló que subsisten intereses de clases que van contrarios a la paz. Y por último que la polarización se acrecienta estando el presidente Santos tan débil.
Jaime Castro aduce que “de todo sistema democrático hace parte la polarización ideológica, programática. El problema de Colombia es que la polarización es más personal que ideológica o programática.” Rescata que la polarización “es válida porque dinamiza la democracia” y es la que le permite escoger al ciudadano que solución apoyar. No obstante, que el principal problema es que en Colombia “personalizaron el tema”.
Es indispensable el uso responsable del “Fast Track” y darle fin cuando se cumpla su primer objetivo y única misión que es de legitimar el proceso de paz. Esta es la única forma de acabar con la preocupante polarización en la que Colombia se sumergió.
