El 20 de septiembre iniciará la fase oral en el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este proceso, que empezó en el 2013, busca definir si Colombia ha violado la soberanía de Nicaragua en una sección del mar Caribe que le había sido entregada en un fallo del 2012 emitido por la CIJ.  

Este litigio no comprende únicamente la demanda de Nicaragua, sino también las contrademandas que presentó Colombia, en las cuales argumenta que la delimitación que estableció el fallo del 2012 es lesiva para las comunidades pesqueras colombianas y que Nicaragua ha extendido sus aguas sin un acuerdo entre los dos Estados. 

El proceso consta de dos partes: una escrita, que ya terminó en el 2019, y una oral, que empezará la próxima semana y acabará el 1 de octubre. En la fase oral se espera que los delegados de los dos países traten los puntos en los que todavía hay divergencias sin tener que volver a los argumentos ya presentados en la primera parte del proceso.  

Después del 1 de octubre, la Corte tendrá que deliberar acerca de los puntos que propusieron los dos países y emitirá un fallo. 

La decisión que tomó la Corte en el 2012 fue producto de una demanda de Nicaragua que se presentó en el 2001 y que pretendía reclamar la soberanía frente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Asimismo, Managua le pidió la Corte que estableciera el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua.  

Esta demanda del 2001 resultó de un proceso anterior, el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 y que otorgaba a Colombia la soberanía sobre el archipiélago y las islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana, Serranilla y los cayos del Este-Sudeste. De acuerdo con Nicaragua, el tratado no era válido porque fue acordado mientras el país estaba bajo dominio estadounidense.  

Sin embargo, la CIJ determinó en el 2012 los nuevos límites marítimos y estableció que el archipiélago, así como las islas adjuntas, estaban bajo la soberanía del Gobierno colombiano.  

Mauricio Jaramillo Jassir, profesor asociado de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario con máster en Geopolítica y doctorado en Ciencia Política, habló con Plaza Capital y explicó los antecedentes de este conflicto marítimo, así como lo que se desarrollará a partir del 20 de septiembre.  

¿Cómo empezó el litigio marítimo? 

Nicaragua decidió demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia porque considera que Colombia le quitó una parte de su territorio, una parte de su mar y una parte de unas islas, comprometiendo su unidad territorial. Como producto de ese proceso, la Corte Internacional tomó una decisión en el 2012, que impuso una nueva delimitación entre Colombia y Nicaragua. Después del fallo, Nicaragua consideró que Colombia violó derechos soberanos de su mar territorial. Lo que dice Nicaragua es que la CIJ le dio un título de propiedad con un territorio que Colombia sistemáticamente ha violado, demanda que la Corte aceptó.  

Pero Colombia también ha presentado demandas en contra de Nicaragua 

Colombia presentó demandas reconvencionales, donde el acusador pasa a ser acusado, diciendo que Nicaragua ha violado los derechos de los pescadores colombianos.  

¿Cómo va el proceso legal hasta ahora? 

El proceso tiene dos fases. Primero, una etapa escrita, en la que presentan fotos, documentos, que ya se surtió. Ahora viene una parte oral en la que la Corte pide que los agentes y coagentes de los dos países, Carlos José Argüello por el lado nicaragüense y Carlos Gustavo Arrieta por el lado colombiano, presenten estos descargos de manera oral. Y eso va a ocurrir entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre.  

Si bien este litigio nace con el fallo del 2012 de la Corte, hay una parte que empieza en 1928 con el Tratado Esguerra-Bárcenas. ¿Por qué se remonta hasta ese punto? 

Para los colombianos, empieza y termina en el Esguerra-Bárcenas porque esa fue la fecha en la que se firmó el tratado que, para Colombia, delimita y crea una frontera entre los dos países. El problema es que Nicaragua no lo ha entendido así porque no entiende el Esguerra-Bárcenas como un tratado de delimitación efectivo ya que considera que fue obligado a firmar por estar bajo ocupación de Estados Unidos.  

Nicaragua tomó esa posición muchos años después de la firma del Esguerra-Bárcenas 

Hay gente que piensa, no sin razón, que el conflicto empieza cuando triunfa la Revolución Sandinista para 1979. Lo que busca el sandinismo es recuperar lo que “les quitó” la intervención de Estados Unidos. Es hasta comienzos de siglo, en el 2001, cuando presenta la demanda ante la CIJ.  

¿Cómo se desarrolló este proceso? 

Colombia no reconoce la demanda y se retira de los pactos que la obliga frente a la CIJ, pero eso no es suficiente porque tuvieron que retirarse con un año de antelación a la denuncia. Colombia lo hizo un día antes. La CIJ no reconoció esa incompetencia y se declaró competente. La Corte ha reconocido que el Esguerra-Bárcenas es un título de propiedad válido. Lo que dice es que el tratado no resuelve todas las disputas y eso es lo que entra a delimitar en el fallo del 2012.  

Este fallo se relaciona además con una decisión de la Corte en el 2007 

Son unas excepciones preliminares de 2007 que fueron muy bien recibidas en Colombia, pero en ese momento la gente no entendió muy bien de qué se trataba. Lo que se dijo fue que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son colombianos y el tratado Esguerra-Bárcenas es válido. La gente pensó que habíamos ganado porque el temor era que se declarara San Andrés como territorio nicaragüense y eso sí hubiera sido una catástrofe. Pero en lo que no se reparó es que la Corte entraba a una nueva delimitación.  

¿Qué fue lo que se estableció en el fallo del 2012? 

Lo que hizo la CIJ fue delimitar todo aquello que no había delimitado el Esguerra-Bárcenas y le terminó entregando una porción de mar a Nicaragua en la que Colombia había ejercido históricamente soberanía. Eso fue bastante lesivo. Colombia habla de 76 mil kilómetros cuadrados. Algo también muy sensible es que dos cayos, que son Quitasueño y Serrana, quedaron enclavados en territorio nicaragüense, entonces para pasar a estos hay que pedir permiso a las autoridades nicaragüenses. Además, está la reacción un poco caótica del gobierno Santos, con un cruce de versiones entre Pastrana, Uribe, Santos, echándose la culpa. Santos diciendo que el fallo era respetable pero inaplicable, sacando este famoso decreto de la Zona Contigua, que generó toda una tormenta política. Grosso modo, es una nueva delimitación que Colombia sintió como lesiva para sus intereses.  

Nicaragua vuelve a estas instancias en el 2013 por dos razones: la primera sobre la presunta violación de la soberanía nicaragüense y la segunda sobre el establecimiento de los derechos y deberes de estos dos Estados sobre la plataforma continental. ¿Cuál de estos será el que se trate desde el 20 de septiembre? 

Sí, estos alegatos orales son por la demanda de septiembre de 2013, en el que Nicaragua denuncia la violación. El otro proceso es en el que Nicaragua pide a la Comisión de Límites Marítimos de las Naciones Unidas que se delimite la plataforma continental. Este surte unas instancias distintas. Pero lo que va a pasar este 20 y 1 no tiene nada que ver con eso. 

La primera razón se basa en la decisión del presidente Santos de establecer una Zona Contigua Integral en estas islas. ¿Cómo argumentó Nicaragua este alegato? 

Un país no puede determinar sus fronteras a través de un decreto interno. Normalmente, la forma en cómo se establecen fronteras es a través de un tratado bilateral o multilateral en el que hay ratificaciones de los Congresos. Era un poco insólito que Colombia, de manera unilateral, lo hiciera a través de un decreto, que tuvo un gran apoyo porque se entendía como una protección a los derechos de la población y la unidad territorial colombiana. Colombia considera que la tierra genera derechos y como ha ejercido control sobre ese mar territorial, pues va a seguir ejerciéndolo.  

¿En qué se basó Colombia para sacar este decreto de una Zona Contigua Integral? 

Colombia acudió a una tesis que había rechazado históricamente, que se desechó en argumentación ante la Corte en el 2001, que era la tesis de Enrique Gaviria Liévano, en la que se establece que había una continuidad territorial en el archipiélago de todos esos cayos. Colombia se estableció como una suerte de Estado archipelágico, un Estado que, aunque está separado, pues hay varias islas, tiene una continuidad cultural, política, económica y militar. Entonces Santos hizo una mezcla de todo y lo metió cuando el fallo ya estaba emitido. Entonces, eso provocó el rechazo internacional porque un país no puede comenzar a delimitar a partir de decretos. 

Nicaragua argumenta que hay una violación de derechos por parte de Colombia. ¿Cuál sería la distinción entre la Corte decidiendo que Colombia incumplió el fallo o que Colombia está violando la soberanía de Nicaragua? 

En realidad, la Corte no puede tener la competencia de decir que Colombia incumplió, lo que puede decir es si Colombia está violando derechos soberanos y marítimos de Nicaragua. Eso es, en un sentido, lo que está pasando, y la Corte deberá determinar si en ese famoso decreto colombiano, se violó la soberanía nicaragüense. Sí o no. Es otra forma de decir si Colombia está incumpliendo o no. 

En una de las demandas reconvencionales Colombia argumentó que Nicaragua violaba el derecho a la pesca artesanal de la comunidad raizal. ¿Por qué? 

Lo que hizo Colombia fue corregir un error histórico. Por ejemplo, Gaviria Liévano fue muy crítico de que Colombia no hubiera evocado la idea de las “circunstancias excepcionales”, que es que hay una circunstancia excepcional porque hay una vulnerabilidad de la población raizal, más allá de lo que diga el derecho. De hecho, Colombia ahora se está apoyando en ellos para argumentar. En buena medida lo que está diciendo es que ese grupo es especialmente vulnerable porque Nicaragua tiene planes de pesca y de explotación petrolera que atentan contra la biodiversidad y ponen en riesgo los derechos de los raizales. De hecho, ese es otro de los comienzos de la disputa: cuando Nicaragua abre una licitación para extracción petrolera en las aguas en disputa.  

¿Qué ha dicho la comunidad raizal sobre este alegato de Colombia? 

De hecho, los raizales están muy molestos porque no fueron tomados en cuenta para ir a La Haya, ni fueron consultados por el equipo jurídico, pero ahora sí se habla de los derechos de la comunidad, del espacio de Luna Verde, que es uno de los espacios sensibles de pesca de la población raizal. Ahora sí, cuando la cosa está perdida. 

La segunda parte se refiere a que Nicaragua extiende sus aguas internas por medio de un decreto interno. ¿Cómo se desarrolló esto? 

Ortega tiene adquirida toda la Asamblea de una manera evidente desde 2011. En el 2014 se aprobó la elección indefinida. Entonces, obviamente si se quejan de que Santos, en un país en el que considero que funcionan las Cortes, en el caso de Nicaragua es evidente que las tiene en el bolsillo. Entonces, lo que está diciendo Colombia es que Nicaragua ha apelado al derecho interno y a una serie de decretos para extender sus aguas en detrimento de los derechos de Colombia. Colombia lo que hace es acudir exactamente al mismo argumento de Nicaragua, afirmando que se están violando sus derechos soberanos, con la gravedad, insisto, de la población raizal.   

Se ha hablado mucho de la invitación que hizo el presidente colombiano, Iván Duque, a los expresidentes. ¿Por qué se hace este llamado a la cooperación? 

Una de las tradiciones colombianas es que las grandes decisiones que comprometan la defensa nacional y los límites marítimos, normalmente son asuntos de Estado y no de gobierno, es decir, es de todo el conjunto: las Cortes, el Congreso, la sociedad. El presidente tiene un órgano consultivo, que él verá cuando lo convoca. Pero, evidentemente, si estamos hablando de una delimitación con Nicaragua o un fallo adverso pues es obvio que lo tiene que consultar. Está en la Constitución que ese es el órgano consultivo para esas cosas sensibles.  

¿Qué se puede esperar de ese llamado a la cooperación? 

Es muy importante que, en un acto de grandeza, los expresidentes pongan de lado sus diferencias. Aquí lo ideal sería que todos dijeran que como está en juego la razón de Estado, no es una cosa de egos. Además, cada presidente les ha pedido a asesores, a un grupo de expertos que hagan informes sobre qué hacer. Entonces cada presidente tiene un conocimiento de lo que ese grupo de expertos le dijo, un conocimiento de haber negociado directamente con todo, porque hemos tenido relaciones ininterrumpidas diplomáticas con Nicaragua. Es decir, ahí hay un saber que Duque no puede darse el lujo de pasar por alto.