Durante la manifestación, en la que exponían una petición al presidente Juan Manuel Santos para que se retire la reforma, los funcionarios manifestaron que sin una justicia independiente, es imposible eliminar la impunidad. De ser aprobada la reforma, además de eliminarse el Consejo superior de la Judicatura, se realizaría una inversión de más de 4 billones de pesos en el sector de justicia, se les daría cargo de jueces adjuntos a otros sectores poblacionales y se permitiría el acceso a dos instancias para los miembros del Congreso.