Desde el año 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha aumentado de manera exponencial la persecución política contra aquellos que no están de acuerdo con sus políticas, afectando gravemente la libertad de expresión en dicho país centroamericano.
Ortega, antiguo líder guerrillero que dirigió la insurrección sandinista que protagonizó la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle en los años 70, decidió postularse por quinta vez a elecciones presidenciales lo que lo convertiría en el presidente con más tiempo en el poder en el continente.
Desde hace tres años la población civil inició y ha mantenido una serie de protestas a raíz de la intención del mandatario de mantenerse de manera perpetua en el poder al mismo tiempo que cuestionan SU ineficaz respuesta ante la crisis económica y sanitaria producto de la pandemia de la Covid-19.
A raíz de la fuerte oposición de algunos sectores de la sociedad de Nicaragua, políticos opositores y periodistas han sido hostigados, amenazados, atacados, judicializados y en algunos casos, asesinados o exiliados por oponerse al régimen autoritario del presidente.
Emmanuel Vargas, investigador de la ONG 'El Veinte' expone lo que está sucediendo con el régimen de Daniel Ortega: “El proceso de censura en Nicaragua se intensificó a partir del año 2018, año de gran convulsión social, debido a la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega en la presidencia de ese país”.
A raíz de la censura en Nicaragua, Vargas afirma que “las autoridades de Nicaragua han apresado a periodistas, algunos han tenido que salir del país para proteger la vida, otros han sufrido persecución judicial. Pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga reparar y proteger algunos ciudadanos violentados por las autoridades, el estado nicaragüense hasta la fecha no ha cumplido con dichas sentencias”.
El gobierno nicaragüense promulgó leyes que limitan la libertad de expresión, dándole la facultad a los jueces de judicializar a periodistas, la oposición y todo aquello que el estado de Nicaragua considere anti gobierno.
Desde la implementación de la ley de ciberdelitos, hay 257 presos políticos, se han cerrado más de 14 estaciones de radio y televisión, además de la ocupación de la policía al diario La Prensa.
Según la ONG Human Rights Watch, a medida que se acerca el 7 de noviembre para elegir presidente, han detenido siete precandidatos presidenciales, entre los que se encuentra Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
Según Human Rigths Watch, las detenciones se dieron bajo el argumento de desestabilizar al gobierno de Nicaragua, pedir injerencia extranjera en asuntos internos de la Nación y aplaudir las sanciones contra el estado nicaragüense.
En el año 2009, la asamblea nacional liderada por el presidente Ortega se vio envuelta en un escándalo sexual, en la que una diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)ofrecía servicios sexuales a un diputado opositor a cambió de favorecer en ese momento leyes, entre las cuales se encontraba la reelección presidencial.
Ley que censuran contra la libertad de expresión
María Paula Martínez, politóloga y periodista, asesora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) explica la importancia de la ley especial de ciberdelitos y cómo afecta la libertad de prensa en este país.
“La Ley Especial de ciberdelitos, siendo esta la que tipifica el delito de la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación, le da a jueces la facultad de intervenir, interceptar comunicaciones y censurar a periodistas y opositores políticos” explicó Martínez.
Esta normativa ha sido cuestionada por organizaciones internacionales al considerarla que representa una violación de todos los tratados internacionales, vulnerando los estándares acordados es estos acuerdos multilaterales sobre la libertad de expresión.
Para la investigadora de la FLIP el precedente que dejará para la región será muy grave. “Que se esté regulando las noticias falsas y la información a través de leyes, cuestionando lo que los periodistas escriben y las noticias que publican, siendo los jueces y la policía árbitros de la verdad, función que no les corresponde”.
Según Martínez “lo que va a pasar en periodo electoral, entre octubre y noviembre, va a haber más coerción, sentando un precedente muy negativo en la región. Va a mostrar la manera de cómo controlar la libertad de expresión y que algunos países se animen a intentar a realizar leyes que controlen lo que dicen y piensan los periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos a pie”.
