El matoneo es un problema que está desde hace tiempo pero que ha venido adquiriendo dimensiones mucho más graves hoy en día. Según ElEspectador.com se estima que en Colombia, uno de cada cinco niños es o ha sido víctima de intimidaciones y malos tratos por parte de sus compañeros de clase de manera agresiva, deliberada y repetitiva. Y tres de cada cinco manifestaron haber pensado en el suicidio.

Pero aun así es difícil que los colegios que se encuentran con estos casos tengan claridad frente a las acciones que se definen como matoneo. Muchos de estos casos son vistos como simples riñas entre compañeros y no se les pone atención, la víctima no denuncia o el seguimiento del proceso se detiene por la falta de compromiso de la familia.

Iván Rodríguez, trabajador social de la comisaría de Tunjuelito, declara que el trato que se le da al matoneo básicamente consiste en hacer una mediación entre el agresor y la víctima, y en caso de reincidencia del agresor, se llama al acudiente o a la familia. Pero muchas veces los padres no asisten a las terapias o no hacen el seguimiento correspondiente a sus hijos, por esta razón, la única alternativa es cambiar al estudiante de colegio. “Se traslada el problema más no se le hace un tratamiento. La violencia se ha ido incrementando porque no se hace la debida atención”, cuenta Rodríguez.

Los sicólogos u orientadores de cada colegio son los que se encargan de hacer el tratamiento de los problemas de matoneo, pero si no hay acompañamiento de los padres es poco lo que se puede hacer. Rodríguez asegura que mitigar la violencia escolar es un trabajo de todos, empezando por la familia y el Estado, el cual debe crear políticas que aseguren un efectivo procedimiento.

“Se debe generar una cultura en la que la corrección de una mala conducta no se haga a través del castigo sino de la educación y la reflexión”, dice Rodríguez. En eso concierta la orientadora de un colegio distrital de Suba, Dora Cortés, quien también afirma que deben hacerse cambios en los manuales de convivencia para el manejo de cualquier tipo de agresión y que ya se está creando el comité de convivencia escolar en su colegio, según como lo estipula el decreto 1965.

“Hasta ahora se está organizando el comité porque el decreto salió en septiembre no más. Ya se han hecho capacitaciones a los demás orientadores para que conozca la Ley 1620 pero las regulaciones no se han empezado a aplicar”, afirma Cortés.

La Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, busca integrar a todas la entidades que tengan que ver con el ámbito escolar y sanciona no solo las agresiones entre estudiantes sino de docente hacia estudiante y viceversa.

Con el decreto 1965 que reglamenta esta ley, se crearán comités de convivencia escolar a nivel nacional, departamental y dentro de cada colegio. Entrarán los ministerios de Cultura, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y de la Salud; así como entidades como el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Policía de Infancia y Adolescencia, personeros municipales y comisarías de familias.

El propósito es crear rutas de atención a los casos de matoneo en los niveles de preescolar, básica y media. No como los seguimientos que se hacen actualmente sino en el que de verdad se evidencie un proceso de acompañamiento y evaluación de los resultados de esa orientación. Habrá, según el decreto, un reconocimiento anual a las mejores estrategias para la sana convivencia escolar por parte del Ministerio de Educación.

La víctima o docente debe poner el caso en conocimiento del Comité interno de Convivencia Escolar, de ahí se acudirá a los padres de familia o acudientes y se buscarán las alternativas de conciliación. El decreto estipula que se garantizará la atención integral y seguimiento del caso y en casos de grave violencia escolar, y ya agotado este recurso, se resolverá con ayuda de las instancias departamentales o municipales, ya sea ICBF, comisarías de familia o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según su magnitud.

“Esperemos que no sea una política del momento sino que de verdad tenga impacto. La ley está ahí, pero no se ha empezado a aplicar. Es un proceso muy complicado y muy largo en el que se tienen que comprometer todas las partes. Eso es lo más difícil, que las entidades de verdad se comprometan con hacer los oportunos seguimientos”, puntualiza Rodríguez.