La educación inclusiva ha sido un objetivo en desarrollo durante más de 25 años. El primer gran avance se dio con la Ley 361, que en su momento representó un paso significativo en este ámbito. Dicha ley obligaba al gobierno a garantizar que las personas con discapacidad pudieran acceder a aulas regulares. Además, establecía la responsabilidad de proporcionarles todo el apoyo y las herramientas pedagógicas necesarias para asegurar su plena integración tanto social como académica.

Aunque la Ley garantiza la educación inclusiva, en la práctica aún es difícil ver un sistema completamente adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad. En junio, la Contraloría publicó un estudio titulado "Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad en Colombia: Radiografía Regional - Una mirada desde la gestión fiscal". El informe reveló que 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad no están caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), lo cual es alarmante, ya que sin un registro adecuado de sus discapacidades es casi imposible proporcionar las herramientas y apoyos necesarios.

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Un desafío importante lo enfrentan las personas con discapacidad visual, quienes a menudo no cuentan con los materiales o recursos adecuados para su educación. A esto se suma la escasez de tiflólogos, profesionales especializados en la adaptación de materiales al sistema braille, lo que agrava la situación. Los pocos expertos disponibles tienen una carga de trabajo excesiva, lo que dificulta aún más la atención adecuada para este grupo de estudiantes.