Desde que se dio inicio al proceso de vacunación, el Ministerio de Salud emitió la resolución 777, en la que estableció los protocolos de bioseguridad en los colegios, para que los estudiantes retornen de manera presencial.

“Cuando uno es educador, ve la importancia de que los niños y adolescentes puedan socializar, en el que aprenden cosas nuevas a partir de experiencias de la vida, por ello, es indispensable regresar a la presencialidad. Ayudó mucho la resolución, en la que, de alguna manera, se obliga al regreso a clases presenciales”,  le dijo a Plaza Capital Manuel Samper, rector del Colegio Emilio Valenzuela, ubicado en el norte de Bogotá.  

El rector también explicó cómo han implementado los protocolos de bioseguridad en el centro educativo: “La práctica más importante que se realiza en el colegio, a través de campañas educativas, es el uso constante del tapabocas entre los estudiantes, el lavado de manos, reforzado con el uso de gel en las entradas de los salones, no tocarse la cara sin lavarse las manos y el distanciamiento social tanto en las aulas como en los espacios abiertos”.

Oposición al retorno

Y aunque varios profesores y expertos resaltan las ventajas de la educación presencial, con la orden del Gobierno también se despertó una fuerte resistencia por parte de sindicatos educadores y padres de familia, pese a que la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode) inició desde el 15 de junio pasado el plan de retorno a los colegios de manera presencial, acordado el día 8 de ese mes con el Ministerio de Educación.

Duvan Árevalo, profesor de una institución educativa oficial en el municipio de La Macarena, Meta, asegura que los elementos de bioseguridad fueron dados hasta el día 30 de agosto por parte de la gobernación.

“Aquí en la vereda Villa del Rio 2 iniciamos clases presenciales el 12 de julio. Desde esa fecha hasta el 30 de agosto, no teníamos elementos de bioseguridad con los cuales los profesores y estudiantes pudiéramos prevenir el contagio del Covid-19. Por eso los reclamos y los intentos de frenar el regreso a clases presenciales de los sindicatos educativos de colegios oficiales”, afirmó el docente.

De hecho, desde que se realizó el acuerdo, algunos ciudadanos han interpuesto tutelas para frenar el regreso. El 20 de julio de 2021, 13 colegios de la ciudad de Cúcuta ganaron uno de estos recursos, en el que el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías detuvo el regreso a clases (en primera instancia) con los argumentos de que se estaban vulnerando los derechos fundamentales como el de la salud, la vida y la integridad física de los educadores y los niños.

Como este caso, en diferentes zonas del país han buscado detener el regreso a clases, ya que consideran que las condiciones de bioseguridad no están dadas en los centros educativos ni el Gobierno tiene la capacidad de proteger a los estudiantes del coronavirus y salvaguardar su vida y salud.

Liliana Ramos, madre de dos adolescentes que se encuentran estudiando virtualmente en la ciudad de Bogotá, explicó por qué no los ha mandado al centro educativo de manera presencial: “Yo no he enviado a mis hijos al colegio porque en la casa vivo con dos adultos mayores y por eso me rehuso. También porque el colegio es pequeño, por lo que están utilizando el modelo de alternancia”.

En medio de la discusión de si volver a clases presenciales o seguir virtual, la Corte Constitucional podría ordenar en los próximos días, a través de una sentencia, el regreso a las clases presenciales.

La decisión se daría a raíz de una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que estudió una tutela en la que se exponía el caso de tres menores de edad, que, en medio de la pandemia, no han podido acceder a una educación de calidad, debido que no tienen los recursos de conectividad necesarios para tomar clases virtuales.

En esa situación están miles de estudiantes del país, y en algunos recursos han señalado que se les vulnera el derecho acceder a una educación de calidad, por no tener acceso a internet, lo que les genera una desventaja académica y social frente a estudiantes que sí tienen posibilidades de conectarse a la red.

Pero incluso en los tribunales las posiciones han estado encontradas,  como sucedió en Risaralda a mediados de agosto. Allá, un juzgado ordenó suspender las clases presenciales, en atención a una tutela interpuesta por el Sindicato de Educadores de Risaralda. Pocos días después, tras la presentación de varios recursos de las secretarías de Educación en contra de la decisión, el juzgado declaró improcedente la tutela del sindicato y ordenó volver a las aulas. Por ahora, habrá que esperar si la decisión en poder de la Corte Constitucional define, ahora sí, el futuro de la presencialidad en las instituciones educativas.