El 25 de agosto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el 13 de octubre se reanudará el regreso a las clases presenciales tanto en los colegios, como en las universidades públicas y privadas. Esta propuesta no fue de buen recibo por parte del comité de padres de familia, estudiantes y profesores quienes manifestaron su rechazo al regreso a las clases en modalidad alternancia para lo que queda del segundo semestre del año 2020. Debido a esto se anunciaron una serie de manifestaciones para demostrar su malestar por la orden del distrito.

Según Ana Edith Vaca, integrante del sindicato de la asociación distrital de educadores, instituciones educativas no tienen las medidas de bioseguridad. “En algunos colegios no hay ni agua para que los niños se laven las manos”. Esta es una problemática que no les permite a los educadores reanudar sus actividades presenciales con confianza. “Nosotros estamos listos para trabajar, lo que pasa es que el Gobierno se quedó atrás y no ha hecho lo mínimo en bioseguridad en los colegios. Nosotros no hablamos que es para nosotros. Debemos pensar en una sociedad Colombiana, como son los niños, los padres y en general”, explica Vaca.

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Los maestros ponen de presente una iniciativa para regresar siempre y cuando el Gobierno disponga lo necesario para hacer un reintegro seguro para todos. “Los maestros si queremos volver a los colegios porque mentalmente los maestros están mal. Ya no tienen seis horas de trabajo si no prácticamente son ocho o doce horas, donde se trabaja de día y de noche para los estudiantes. Además de esto, nosotros ya perdimos toda nuestra privacidad en nuestras casas. Entonces si queremos volver a trabajar a las aulas, pero con las medidas de bioseguridad, donde nosotros podamos tener un distanciamiento social óptimo, los tapabocas, que tengan gel y alcohol”, expresa.

Esto no solo muestra el conflicto con la reapertura de colegios y universidades, sino también una nueva realidad que han tenido que enfrentar los educadores en la pandemia: el exceso de trabajo por el constante acompañamiento al alumnado, pues si bien la tecnología ha permitido continuar con las clases establece una brecha en la enseñanza que necesita ser disminuida con el acompañamiento constante.

“La Secretaría de Educación del Distrito no ha creado, no ha permitido ni generado procesos de construcción de protocolos de bioseguridad que garanticen la vida y salud de nuestros hijos dentro y fuera del plantel educativo, instituciones educativas de carácter público y privado que para afrontar la alternancia poseen una inadecuada infraestructura y que requieren adecuaciones necesarias para afrontar el regreso a clases de forma progresiva en esta modalidad", señala uno de los apartes de un comunicado firmado por Mesa de Participación Distrital de padres, madres y cuidadores sector educación, el primero de septiembre de 2020.

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De esta manera, las instalaciones físicas de las instituciones educativas deben tener en cuenta el distanciamiento social, las baterías de los baños, el lavado de manos y garantías en el desplazamiento de la casa al colegio, y viceversa, pues hasta el momento no se sabe si habrá algún apoyo de rutas escolares o deberá ser independiente de cada familia.

Los maestros convocaron varias movilizaciones en el mes de septiembre para expresar su descontento, “El comando de paro se reunió el 7 de septiembre para hacer una caravana en defensa de los trabajadores de Colombia”, afirma Ana Edith. Siendo esta la primera movilización de las centrales obreras en diferentes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. El 21 de septiembre se realizaron nuevas movilizaciones, plantones e incluso caravanas por parte de centrales sindicales y los movimientos sociales, en pro de la defensa a la vida y a la protesta pacífica, el respeto a las instituciones, el cumplimiento de derechos como la renta básica, la reactivación con garantías de bioseguridad, entre otras tantas.

Las otras movilizaciones

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), convocaron el inicio de movilizaciones en contra de la reforma laboral y pensional propuesta por el presidente Iván Duque, en especial contra el decreto 1174 de 2020 en el que se reglamenta el trabajo por tiempo parcial. Esto genera, según las centrales obreras, un retraso en el cumplimiento de las semanas estipuladas para alcanzar la pensión debido a que el trabajador desempeña periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. Como lo expresa Ana Edith Vaca, “¿al trabajar por horas quién se pensiona? Las cosas son precarias y mínimas, sin pensión y sin futuro, ya ni siquiera un mínimo”.

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Pese a que el Gobierno Nacional ha expresado que este decreto no propicia a la descalificación del trabajador ni va a impedir la tan esperada pensión.  Para Andrés Felipe Izquierdo Aguiar, gerente general de la firma especializada en pensiones y seguridad social Integral Soluciones Pensionales- en una entrevista con la revista Dinero, “esta nueva reglamentación es totalmente irresponsable y lesiva, ya que precariza aún más el deteriorado mercado laboral del país y beneficia a los empleadores hasta en un 35% del costo por empleado, principalmente a quienes contratan mano de obra no calificada”. Esto sería una regresión en el desarrollo del mercado laboral en Colombia.

Sin contar con la inconformidad de la inyección que Iván Duque abonó a la empresa panameña, Avianca, en un valor de US$ 370 millones. Pues este habría podido ser utilizado para la renta básica de emergencia para nueve millones de hogares colombianos, otra de las razones para las movilizaciones en Bogotá. Aunado a lo anterior, de los ejes de lucha de estas movilizaciones también nacen otras problemáticas por las cuales se unen en solidaridad la Unitaria de trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajo de Colombia (CTC), entre otros, para movilizarse en contra de la violencia sistemática que se ha presentado en varios sectores alrededor del país. Como lo expresa la convocatoria al paro de la CUT: “exigimos al Gobierno el cese de las masacres contra los líderes sociales y jóvenes en todo el territorio nacional”.

Protección y justicia para las víctimas

En defensa de la vida y la paz exigen mejores condiciones sociales para movilizarse en el país, protección oportuna y justicia para las familias de las víctimas en Colombia. Este eje de lucha se ha visto intensificado por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos patrulleros de la Policía Nacional de Colombia, por lo que los convocantes a las marchas hicieron un llamado a rechazar la violencia y tomar acciones de fondo para garantizar la justicia hacía las víctimas de la violencia. 

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La Unión Sindical Obrera de la Industria del petróleo se unió a la marcha para cuestionar la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) para la enajenación de activo la Nación recaudar un fondo de 12 billones de pesos para convertirlo en una fuente de ingresos del presupuesto general. Esto despertó revuelo pues los manifestantes piden proteger el patrimonio nacional y evitar la explotación de recursos naturales.

Además, desde el anuncio de posible venta Ecopetrol suspendió el contrato de más de 5000 trabajadores en el departamento del Meta, lo que llevó a un paro indefinido desde el 11 de agosto de 2020. La Unión Sindical Obrera (USO) se unió a estas movilizaciones junto a Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para, como lo dice Ana Edith, proteger lo poco que queda de patrimonio nacional y no generar más desempleo, que desde la llegada de la pandemia ha aumentado hasta un 20%.