Desde hace doce años, Jacqueline Castillo, representante legal del colectivo MAFAPO (Madres Víctimas de los Falsos Positivos) está en búsqueda de los responsables de la desaparición y asesinato de su hermano Jaime Castillo. Él fue visto por última vez el 10 de agosto de 2008 en Bogotá, y que apareció asesinado dos días después en Ocaña (Norte de Santander). Jaime fue presentado como guerrillero dado de baja en combate, junto varios otros jóvenes de Soacha.
Ver: Falsos positivos: el asesinato de civiles que reside en la memoria de los colombianos (Parte I)
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, hay alrededor de 5700 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales la Fiscalía investiga 3430.
Según un informe sobre 'falsos positivos' que le entregó en 2019 Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) van 3826 soldados, 922 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles procesados por estos crímenes. Sin embargo, muchos de los casos permanecen en la impunidad y tanto las víctimas como sus familiares exigen la verdad sobre los hechos, así como justicia para los responsables.
Pese a la insistencia de las víctimas por obtener justicia por el asesinato de sus familiares, de acuerdo con Sebastián Escobar, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la prohibición del mural "¿Quién dio la orden?" es una violación a la libre expresión de las víctimas, así como una obstrucción a su derecho de conocer la verdad sobre esta serie se crímenes que aún residen en la memoria de los colombianos.
