Muchas personas aún no comprenden realmente cómo surgió, para qué sirve y cuál es la finalidad de la Consulta Anticorrupción. Varios afirman que es la oportunidad para que el país luche en contra de los corruptos, tema que causa indignación en los colombianos. Sin embargo, al preguntar en qué consiste la Consulta, solo se conocen dos o tres puntos de los siete que contiene.
La Consulta Anticorrupción se realizará el domingo 26 de agosto en todo el país. Este proyecto surgió como una convocatoria el 24 de enero del 2017 por la exsenadora de la Alianza Verde y excandidata a vicepresidenta, Claudia López Hernández, junto con los miembros del comité promotor de la iniciativa: Antonio Navarro Wolf, Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Rodrigo Romero, Jaime Navarro y Ángela María Robledo.
Cerca de 45 mil voluntarios a nivel nacional e internacional recogieron 4 millones 236 mil firmas, de las cuales la Registraduría Nacional avaló cerca de 3 millones. Esto abrió paso a la votación en el Senado el pasado 5 de junio, donde con 86 votos a favor y ninguno en contra se avaló la convocatoria a la Consulta.
La votación se aplazó para el 5 de junio después de que el Centro Democrático argumentara que un llamado a la urnas antes de elegir Presidente podía significar un aumento en la popularidad de Claudia López y Sergio Fajardo. Paloma Valencia prometió que su bancada no se opondría a la votación, con tal de que la aplazara.
En datos registrados en la página oficial de la campaña por la Consulta “Vence al corrupto”, 5.8 millones de colombianos enviaron cartas a los senadores con el fin de aprobarla. El 18 de junio, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el decreto No. 1028 de 2018, que ratificó el proyecto.
(Vea también: El temor de los corruptos)
La Registraduría Nacional indicó que 36 millones 227 mil colombianos están habilitados para votar. Esta cifra es clave puesto que marca el umbral de esta votación. Se necesita la tercera parte del censo electoral para que la consulta sea aprobada definitivamente, es decir que 12 millones 75 mil personas vayan a las urnas.
Cada pregunta es independiente, lo que quiere decir que se requiere el voto de la mitad más uno del total de sufragios válidos para que cada punto reciba una aprobación, en otras palabras, se requieren 6 millones 37 mil votos por pregunta.
Puntos de la Consulta
- Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.
Este punto pretende que los congresistas pasen de ganar 40 salarios mínimos, que equivalen a $31 millones, a $19 millones, correspondientes a 25 salarios mínimos, también tope para el salario de otros altos funcionarios. Esta iniciativa implica un ahorro de poco más de $11.8 millones de pesos en el salario mensual de cada congresista. Este valor multiplicado por 280 congresistas equivale a un ahorro de cerca de más de 3 mil millones de pesos mensuales.
- Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.
Este punto propone eliminar privilegios como la casa por cárcel o la reclusión en lugares especiales, que aún se siguen viendo bajo el “Estatuto Anticorrupción” presentado en la Ley 1474 del 2011. Además, se pretende que si una persona es condenada por delitos de corrupción se constituya como una inhabilidad conocida como "sobreviniente", es decir, la destitución permanente del cargo, con el fin de que no se pueda volver a renovar el contrato.
- Contratación transparente obligatoria en todo el país.
Este punto busca “facilitar el control fiscal, la optimización de los procesos de selección, garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y eliminar el direccionamiento de los procesos de selección, en especial en las regiones”, como lo indica el proyecto de Ley 84 de 2016.
- Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.
Este punto pretende crear una política nacional de audiencias públicas que permitan priorizar los proyectos de inversión a nivel nacional, regional y municipal. Además, se quiere solicitar formal y públicamente a los representantes de cada sector presupuestal correspondiente.
- Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
Este punto proyecta que los integrantes del Congreso, las Asambleas, los Concejos y las Juntas de Acción Local (JAL) presenten cada año una rendición de cuentas seria que cumpla con unos contenidos mínimos.
- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
Este punto pretende hacer pública la declaración de renta de los integrantes de corporaciones populares, como el Congreso y los consejos, eliminando el acceso limitado que tienen actualmente.
- No más atornillados en el poder: máximo tres períodos en corporaciones públicas.
Este punto busca que los senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales y ediles solo puedan ocupar el cargo por máximo tres períodos presidenciales, es decir, 12 años.
Mitos de la Consulta
(Vea también: Mitos que le han contado sobre la Consulta Anticorrupción)
Existen varios mitos que han girado alrededor de la Consulta Anticorrupción, entre ellos se encuentra que dos de las propuestas expuestas en la consulta son de rango constitucional, las cuales no se pueden modificar a través de una Consulta Popular. No obstante, las propuestas incluidas en la Consulta requieren políticas públicas, no cambios constitucionales.
Muchos afirman que varias de las propuestas presentadas en la Consulta ya existen en la ley, como lo son: el Estatuto Anticorrupción, que prohíbe los subrogados penales, es decir, medidas sustitutivas de la prisión para quienes cometan actos de corrupción; la terminación unilateral de los contratos sin indemnización, que está incluida como castigo en el Estatuto General de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993), y la prohibición de contratar con el Estado, que ya es una pena complementaria que se aplica a quienes son condenados por delitos asociados con actos de corrupción. Sin embargo, los promotores de la Consulta Anticorrupción afirman que las leyes ya propuestas desvían temas específicos que la Consulta pretende ahondar. Además, algunos puntos de la Consulta pretenden exigir la obligatoriedad de estas medidas y no dejarlas únicamente como opciones para los jueces que fallen contra los corruptos.
Hay varias personas que consideran la Consulta como un gasto ocioso e innecesario. Sin embargo, según datos registrados en la página oficial de la campaña “Vence al corrupto”, las propuestas de la Consulta implican un importante ahorro. Por ejemplo, la disminución del salario de los congresistas y altos cargos, significaría un ahorro que puede alcanzar los 213 mil millones de pesos, y la aprobación de las demás preguntas le podría llegar a ahorrar al país entre 40 y 50 billones de pesos anuales.
Se dice que después de aprobada la Consulta, no pasará nada porque los congresistas nunca implementarán esos puntos. Pero, según el artículo 42 de la Ley 1757 de 2015, el Congreso deberá adoptar las medidas para hacer efectiva la decisión del pueblo a más tardar en un año después de las votaciones. Si se vence el plazo estipulado, el Presidente de la República, dentro de los quince días siguientes, deberá adoptar los puntos mediante Decreto con fuerza de ley, con el fin de hacer efectiva la decisión popular en un plazo de dos meses.
