La decisión de la Corte Constitucional presentada este jueves sobre la adopción consentida por parte de parejas homoparentales ha provocado reacciones bastante fuertes desde varios frentes de la política y la sociedad civil. Mientras las comunidades LGBTI han apoyado la sentencia que permite a una pareja homoparental adoptar al hijo biológico de uno de sus miembros, otras organizaciones conservadoras han presentado su desacuerdo ante esta decisión.
Mauricio Albarracín, director ejecutivo de la ONG Colombia Diversa, declaró que esta decisión era bienvenida, pues la comunidad LGBTI “está buscando una posición legal igual a la de las parejas heterosexuales”, según declaró a Plaza Capital. Además dijo que es un paso muy valioso para conseguir dicha igualdad plena.
Esta sentencia resolvió una tutela interpuesta por Ana Leiderman y Verónica Botero para permitir que esta pareja adopte en conjunto a los dos hijos biológicos que la primera mujer tuvo por inseminación artificial, y se suma a otras decisiones legales que permiten a una persona adoptar como soltero sin importar su orientación sexual, mientras que cumpla los requisitos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adoptar un menor de edad.
Así mismo, Albarracín se declaró sorprendido por la propuesta de la senadora Vivianne Morales de plantear la legalidad de la adopción por parte de parejas homoparentales mediante un referendo. “Creo que no se puede, mediante un mecanismo de discusión legítimo de la Constitución, querer desplazar a una minoría. Hay otros asuntos prioritarios para someter a referendo, y no quitarle derechos a los demás”, dijo.
Javier Suárez, director de la Fundación Marido y Mujer, que aboga por la concepción tradicional de la familia, opinó que esta decisión sólo compete al Congreso, y no a la Corte Constitucional. “La tutela no puede convertirse en un mecanismo para legislar. Es un mecanismo diseñado exclusivamente para hacer valer los derechos de los ciudadanos en ejercicio, y hasta el momento la adopción de niños no es un derecho que la Constitución y la ley hayan conferido a las parejas del mismo sexo”, afirmó.
Así mismo, anunció que por este hecho iba a denunciar ante la Cámara de Representantes a los magistrados que votaron a favor esta sentencia, acusándolos de ignorar una recusación que el propio Suárez les hiciera para que se declararan impedidos, luego de haber aprobado el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Suárez aseguró que esta decisión convertiría a Colombia “en una sociedad gai, donde los niños tendrán que aprender las costumbres, hábitos y culturas de las parejas del mismo sexo”. Además aseguró que las parejas LGBTI han recibido “lo máximo que se les ha podido dar: el derecho a la afiliación en pensión, en salud y a heredar el patrimonio de su pareja, pero tampoco pueden pretender que [...] tenemos que darles el derecho a la adopción”, en entrevista a Plaza Capital.
Para Suárez, la reciente declaración de las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez como pareja influyó en la decisión de la Corte Constitucional fue "inoportuna". "Las ministras pretenden mover a la opinión pública y ambientar su caso para allanar el camino a esta decisión”, aseguró.
Por su parte, Albarracín descartó esta influencia, aclarando que esta decisión llevaba cinco años en trámite y considerando que fue una “bonita coincidencia”. Además opinó que la “salida del closet” de las ministras fue “un acto de mucha dignidad y mucha valentía”.
Esta decisión de la Corte Constitucional sale de forma simultánea con otra muy similar en Italia, donde el Tribunal de Familia de Roma aprobó la adopción conjunta por parte de una pareja de mujeres de la hija biológica de una de ellas.
